En respaldo a una iniciativa de la organización de apoyo a la democracia en el mundo IDEA Internacional, los exministros instan al foro interamericano a desconocer y condenar el “proceso electoral fraudulento” diseñado por “el régimen autocrático de Daniel Ortega que considera que las instituciones nicaragüenses están subordinadas a él”.
“La OEA no puede reconocer este resultado electoral ni a las autoridades que surgen de esa votación amañada”, dicen los excancilleres en una carta al organismo internacional.
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“Contrariamente a los procesos electorales en democracia, que se caracterizan por la certeza en las reglas de juego y la incertidumbre de los resultados, el gobierno nicaragüense impuso una parodia de elección cuyos resultados se conocían de antemano y en el que 39 opositores al gobierno, incluyendo siete candidatos a la presidencia, fueron arbitrariamente arrestados. También fueron detenidos opositores, periodistas y empresarios”, dice la misiva.
Además, los excancilleres llaman a exigir al régimen de Ortega la liberación inmediata de los 150 presos políticos, asegurando el respeto a su libertad, integridad personal, libre expresión y su derecho a la participación política, así como reclamar la plena vigencia de los derechos humanos, el cese de la represión y las detenciones arbitrarias, el respeto al Estado de derecho y una salida pacífica a la crisis a través de la negociación con todos los actores políticos de Nicaragua.
Si el régimen de Ortega no acepta realizar nuevas elecciones libres, transparentes, justas y la liberación de todos los presos políticos, “llamamos a la Asamblea General de la OEA a convocar a un período extraordinario de sesiones para aprobar la suspensión del Estado de Nicaragua de su derecho de participación en la OEA, conforme al artículo 21 de la Carta Democrática”, dicen los excancilleres en su misiva.
“Contrariamente a los procesos electorales en democracia, que se caracterizan por la certeza en las reglas de juego y la incertidumbre de los resultados, el gobierno nicaragüense impuso una parodia de elección cuyos resultados se conocían de antemano y en el que 39 opositores al gobierno, incluyendo siete candidatos a la presidencia, fueron arbitrariamente arrestados. También fueron detenidos opositores, periodistas y empresarios”, subraya la misiva.
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Los excancilleres solicitan que estos pasos se den en el marco de la 51 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realiza entre el 10 y el 12 de noviembre.
Los peticionarios instan además los organismos financieros internacionales ajustar su política a la suspensión de Nicaragua en el sistema interamericano por atropellar obligaciones internacionales fundamentales.
Daniel Zovatto, Director Regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, quien tuvo a su cargo la coordinación de esta iniciativa, señala que los 40 exministros de Relaciones Exteriores que suscriben esta carta aciertan cuando expresan que “la farsa electoral del 7 de noviembre marca el afianzamiento de un régimen totalitario en Nicaragua”.
“Ante estos graves hechos sólo cabe firmeza en la reacción de los gobiernos democráticos de las Américas. Si los países miembros de la OEA no condenan y actúan en concordancia con los principios previstos en la Carta Democrática Interamericana, corremos el peligro de desvalorizar el significado pleno de la democracia y de los derechos humanos como valores imprescindibles de nuestros pueblos y del Sistema Interamericano ante la emergencia de gobiernos totalitarios”, sentenció.
La Carta Democrática de la OEA establece que “cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato”.
Indica también que “el Estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos” y que una vez “adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado miembro afectado”.