La migración es “un fenómeno complejo que permite la movilidad de las personas por todo el mundo, tanto de manera ordenada como ilegal” por lo que “es una prioridad de los Estados regular esta dinámica mundial con políticas que garanticen los derechos de los migrantes, pero, además, que generen estrategias y compromisos compartidos entre los países” dijo el canciller dominicano, Miguel Vargas en la Conferencia regional sobre trata de personas en América Latina y el Caribe que se está realizando en Santo Domingo.
Combatir la trata de personas en Latinoamérica, delito que afecta a más de 25 millones de personas en el mundo, requiere de políticas públicas más eficientes y de la cooperación entre países, coincidieron funcionarios y especialistas en el evento que se esta desarrollando entre hoy y mañana en la capital de República Dominicana.
La trata de personas consiste en trasladar y retener a una persona por la fuerza o la coerción, con el fin de explotarla, no sólo con fines laborales o sexuales, sino también para mendigar o, incluso, para el tráfico de órganos o los matrimonios forzados.
Al conmemorarse este martes el Día Internacional contra la Trata de Personas, la Cancillería dominicana acoge a representantes de República Dominicana, Haití, Jamaica, Guyana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Belice, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y los Estados Unidos.
El Día Internacional contra la Trata de Personas es “una invitación para que los Estados se unan en un esfuerzo global frente a este delito de lesa humanidad”, añadió Vargas.
Asimismo, afirmó, que combatir la trata de personas es de “alta prioridad” para Gobierno de su país, cuyas autoridades, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, ha rescatado a 381 víctimas de trata y tráfico de personas entre 2017 y el primer trimestre de este año. En este periodo, además, la Justicia emitió 33 condenas por estos delitos, de acuerdo con la información.
No obstante, a pesar de estos avances, el procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, señaló hoy en la conferencia que “todavía nos quedan muchos retos por completar” en esta materia, y que “solamente con trabajo arduo, unido entre todos, lo lograremos”.
La trata de personas “genera un grado de agresividad tal que es considerada una de las principales violaciones de los derechos humanos, que atenta contra la libertad y la dignidad de las personas por la gravedad de la violación y la instrumentalización o mercantilización del ser humano como si fuera una mercancía objeto de transacción”, apuntó el presidente del Tribunal Constitucional dominicano, Milton Ray Guevara.
A su turno, la presidente de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por su siglas en inglés), la puertorriqueña Vanessa Ruiz, señaló que la trata de personas “es una forma de esclavitud del siglo XXI” que todas las sociedades del mundo “deben combatir unidas”.
La “Conferencia regional sobre trata de personas en América Latina y el Caribe” es organizada por la IAWJ, que cuenta con más de 6.000 miembros en 100 países, y la Asociación de Juezas de la República Dominicana (AJURD), con la finalidad de compartir experiencias y trazar un plan de acción contra esta práctica criminal, enfocado en las víctimas.
En la inauguración de la cita también intervino la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Robin S. Bernstein, quien consideró “una triste realidad” que 25 millones de personas en el mundo, muchas de ellas menores de edad, sean víctimas de este delito.
Para Bernstein, es necesario que los Gobiernos empoderen a las comunidades para identificar e informar sobre los traficantes, “ya sea una familia que obliga a su hija menor de edad a casarse con un vecino, o un turista que visita un país con la intención de explotar a niños pequeños, o un empleador que retiene los documentos de un empleado hasta que pague una deuda imaginaria”.
En El salvador, la mayoría de casos sobre trata de personas tienen que ver con la modalidad de explotación sexual.
Hasta finales de septiembre de 2018, la cifra se había incrementado en tres casos con respecto a 2017, en que hubo 35.
La explotación sexual, matrimonio y trabajo forzado son las principales modalidades de trata de personas que más se registran en el país, en las primeras dos afecta a víctimas del sexo femenino.