La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) conoció el informe de El Salvador sobre libertad de expresión y prensa, que expone importantes avances, pero también intentos desde el poder por ocultar información pública y callar a medios independientes.
“En los últimos meses, la prensa celebró los avances de la justicia para sancionar graves atentados contra la libertad de expresión. Sin embargo, siguen existiendo desde el poder político control y ocultamiento de la información pública, lo que impide saber sobre irregularidades en el manejo de fondos públicos y esclarecer casos criminales de tráfico de influencias”, dice el informe, expuesto por el vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP para El Salvador, Fabricio Altamirano.
Al intervenir en el seno de la 72ª. Asamblea General de la SIP, en la ciudad de México, el también Director Ejecutivo de El Diario de Hoy detalló que por sus esfuerzos en favor de la transparencia, la Sala de lo Constitucional y los medios informativos independientes se han convertido en blanco de ataques del oficialismo.
Reseñó que nada menos el pasado 8 de octubre, el secretario general del partido de gobierno FMLN, Medardo González, arremetió contra los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en un acto público del oficialismo, en el cual llamó a sus militantes a no creer en estos medios, a los que acusó de difundir “mentiras”.
Los dos periódicos han sido blanco de campañas y llamados a boicots comerciales por parte del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, después de que ambos medios fueron víctimas de una serie de ciberataques perpetrados por individuos que ahora son procesados y que laboran para empresas directamente ligadas a la figura del alcalde. Estas personas tienen vínculos directos con el manejo de las campañas y estrategias digitales de la alcaldía, según se plasma en el proceso judicial que se ha abierto.
Por petición de la Fiscalía General, su contraparte en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, entregó a las autoridades judiciales un informe completo que deja al descubierto la estructura de fraudes cibernéticos que se había montado para atacar a ambos medios.
El documento destaca que el informe de la Fiscalía General de Estados Unidos confirma las acusaciones y peritajes realizados sobre varios técnicos informáticos contratados por la Alcaldía de San Salvador, quienes están formalmente procesados, al igual que la jefa de Comunicaciones de la comuna, Sofía Medina. Expone cómo dos de ellos compraron dominios en el exterior para producir páginas apócrifas de los sitios formales digitales de www.laprensagrafica.com y www.elsalvador.com. Incluye detalles hasta de con qué tarjetas de crédito pagaron los sitios apócrifos y otros datos incriminadores.
El informe de El Salvador también señala cómo la Corte Suprema y en especial la Sala de lo Constitucional son blanco de una campaña de desprestigio de parte del Ejecutivo, después de ordenar a Casa Presidencial que entregue documentación solicitada por diferentes medios y organizaciones civiles.
Otros casos
El informe de El Salvador también señala que se ha promovido un proceso penal en contra del periodista Héctor Silva Ávalos, co-director de la revista Factum, por supuesta calumnia y difamación en contra del empresario Enrique Rais.
Silva ha sido demandado en un tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Tecla por Rais, quien le exige una indemnización de medio millón de dólares.
El periodista enfrenta el proceso por una publicación en dicha revista digital, en la cual cita a Rais.
Además, el informe denuncia que los intentos de funcionarios de enviar mensajes intimidatorios no han faltado en los últimos meses, como ocurrió en agosto, cuando el Ministerio de la Defensa Nacional de El Salvador ejerció un claro acto de intimidación y acoso contra el periódico La Prensa Gráfica.
En lugar de seguir el procedimiento que prescribe la ley por una información que se publicó sobre faltantes de armas, el ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, se hizo acompañar de 86 jefes militares más en una conferencia de prensa para exigir una aclaración y que fuera el titular principal o madera del periódico, lo cual está vedado por la legislación.
El ministro repitió los señalamientos contra el periódico en entrevistas en otros medios, lo que convirtió el caso en una demostración de fuerza militar contra el diario.
Otro hecho que marca precedentes por la justicia y el respeto a la libertad de expresión es el esclarecimiento del asesinato del periodista radial Nicolás Silvestre García, perpetrado el 10 de marzo en el caserío El Jícaro, en Tacuba, departamento de Ahuachapán. Cuatro sospechosos del crimen fueron capturados y esperan ir a juicio.