En una capital acostumbrada a que ocurra un baño de sangre a diario, el hombre encargado de que la ley se cumpla es tan temido como los propios delincuentes. Pocos se atreven a hablar de él en voz alta.
El General de cinco estrellas Juan Carlos Bonilla, acusado hace una década de dirigir grupos de exterminio, ahora está a cargo del departamento de policía del que se sospecha es responsable de golpear, asesinar y desaparecer a quienes detiene.
Es también la máxima autoridad policial de un país por el que pasa la mayor parte de la cocaína que llega a Estados Unidos.
Por eso, Bonilla, de 49 años, es el hombre al que el gobierno de ese país debe dirigirse para continuar su lucha contra el narcotráfico en Honduras.
Aunque el Departamento de Estado mantiene oficialmente al jefe policial a una prudencial distancia debido a su dudoso pasado, Bonilla se refiere al gobierno de Estados Unidos como su “mejor aliado y amigo” en lo que la policía respecta. Si el gobierno de ese país quiere enfrentarse al narcotráfico en Honduras deben trabajar con él.
“Yo soy el Director General y no delego esa responsabilidad en nadie”, dijo Bonilla en su primera entrevista en profundidad desde 2011.
Durante una larga conversación con The Associated Press, que comenzó con un almuerzo en su restaurante favorito de Tegucigalpa y terminó en una cena en su casa, Bonilla negó haber participado en una supuesta política de limpieza social, o que la policía que dirige sea tan criminal como aquellos a quienes arresta y afirmó que él, de ninguna manera, es responsable de una serie de pandilleros muertos, que desaparecieron tras ser arrestados. Los cuerpos de dos de ellos aparecieron en las afueras de la ciudad.
“Yo no puedo estar encima de todo, alguna vez se me va a escapar algo”, dijo. “Soy humano. No puede tratar de culparme a mí de todo lo que sucede dentro de la policía”.
Honduras es un país en estado de sitio, con la mayor tasa de homicidios del mundo, donde la corrupción florece y el estado de derecho es débil. Los habitantes de la capital corren a casa antes de que anochezca. En las noches pululan los disparos y ráfagas automáticas y las ciudades se despiertan con escenas de cuerpos asesinados y descuartizados que llevan el sello de las pandillas, los narcos y, presuntamente, de la policía.
Según la ley, Bonilla tiene que manejar todo lo relativo a la policía en Honduras, desde la planificación hasta la dirección de las investigaciones, hasta la aprobación de cualquier viaje al extranjero de sus agentes para participar en cursos de formación o la reparación de vehículos. Dirige una fuerza policial para la que ni siquiera existe una cifra fiable respecto al número de oficiales que perciben un salario o se presentan al trabajo. Oscila entre 8.000 y 15.000 policías.
Las acusaciones por violaciones de los derechos humanos son rutinarias. Entre marzo y mayo de 2013, la AP reportó al menos cinco casos de pandilleros muertos o desaparecidos después de ser detenidos por la policía en una política, que activistas de derechos humanos y críticos, denominan de “limpieza social” de delincuentes ejecutada por “escuadrones de la muerte”. En julio, un hombre murió por fractura de hígado después de ser arrestado por desórdenes públicos según un expediente de la fiscalía. Y un pandillero fue linchado hasta morir en agosto después de ser arrestado por asesinar a un policía, un crimen que fue grabado por una cámara de vigilancia y que se volvió muy popular en internet.
Bonilla dice que es consciente de las acusaciones de que la policía desaparece o asesina sospechosos pero insiste en que todos los casos son investigados y defiende a la institución y a sus miembros. Los excesos “existen, sí. Los investigamos y actuamos”, dijo. “No puede usar un concepto como ‘escuadrones de la muerte’ porque no hay cadena de mando ni una orden que yo haya dado, nunca, bajo ninguna circunstancia, de actuar ilegalmente”.
“Se trata de la institución en la que he pasado toda mi vida y le soy leal”, dijo.
Su figura es imponente, atlética, de más de 1,80 metros, con la cabeza rapada y una gran nariz que encaja en su cara angulosa. Su voz es como la tormenta que nace desde la profundidad de una caverna, primero con lentitud y atropellándose a medida que se acelera.
A lo largo de toda una tarde y hasta entrada la noche, Bonilla se refirió en numerosas ocasiones al apoyo que recibe de la Embajada de Estados Unidos para las operaciones policiales. Llegó a ordenarle a un subordinado que localizase a un policía probablemente vinculado a narcotraficantes. “Quiero saber dónde está”, dijo. “Hay que localizar sus números e intervenirlos. Le pediré ayuda a la Embajada”.
Esa proximidad contradice un informe del Departamento de Estado enviado al Congreso poco después de que fuera nombrado Director de la Policía hondureña en el que dice que era “consciente de las acusaciones de violación a los derechos humanos vinculados al servicio del jefe policial Juan Carlos Bonilla hace una década”.
Un informe del Departamento de Asuntos Internos de la policía de Honduras acusó a Bonilla en 2002 de tres asesinatos o desapariciones forzadas entre 1998 y 2002, cuando era inspector general de prisiones. También le vinculaba con al menos otros 11 casos en lo que se llamó una política de “limpieza social” dirigida a combatir el crimen. Fue juzgado por uno de ellos y absuelto. El resto de los casos no han sido investigados.
El Departamento de Estado decidió abrir su propia investigación y dijo, en un informe, que “limitaba cuidadosamente la ayuda a unidades especiales de las fuerzas hondureñas encargadas de hacer cumplir la ley… que no se encuentran bajo supervisión de Bonilla”. En marzo, el Secretario de Estado Adjunto, William Brownfield, reiteró que “no tenemos relaciones con él, no le damos un dólar, ni un céntimo de dólar”.
Bonilla afirma que no existen unidades policiales que no estén bajo su supervisión. Catorce meses después, la investigación de los Estados Unidos no ha finalizado. Funcionarios de ese gobierno dicen que ninguna ley impide hablar con Bonilla y que es necesario hacerlo en un país en el que aterrizan el 87% de los vuelos de transporte de cocaína que salen de América del Sur. Dos tercios de la ayuda de 30 millones de dólares que fue retenida por el Senado dadas las preocupaciones de derechos humanos, impunidad del sistema de justicia y sobre el General Bonilla, han sido liberados.
“Nuestros diplomáticos hablan con mucha gente porque están en posiciones de autoridad, no porque les gusten”, dijo un colaborador del senador Patrick Leahy, congresista que redactó las normas a seguir en el cumplimiento y vigencia de los derechos humanos para que Estados Unidos apruebe cualquier ayuda. La identidad de este colaborador permanece en el anonimato porque no está autorizado a hablar en público del tema. “Lo que importa no es que hablen con él, sino lo que la policía hace. ¿Protegen a la gente o a los narcotraficantes? Él puede decir que Estados Unidos es su principal aliado contra el narcotráfico, nuestro aliado es Honduras, no el jefe de su policía”.
Pero aún no hay un veredicto final con respecto al éxito de Bonilla en la lucha contra el narcotráfico. En septiembre, una operación conjunta entre Honduras y Estados Unidos atacó a “Los Cachiros”, el cartel que controla aproximadamente el 90% de las pistas de aterrizaje clandestinas del país. Funcionarios de Honduras y Estados Unidos dijeron que se habían decomisado 500 millones de dólares en propiedades y bienes incluyendo fincas, una mina y un zoológico. Pero el Director de la Oficina Administradora de Bienes Incautado, Humberto Palacios, dijo que 71 cuentas bancarias decomisadas no tenían dinero y que funcionarios corruptos habían alertado a los narcotraficantes con antelación. Palacios no implicó a nadie de manera directa o específica.
Bonilla que se considera a sí mismo de origen “indio”, dice que fue forzosamente reclutado en el ejército a los 12 años y allí fue apodado “El Tigre”. Fue transferido a la Policía Nacional junto a muchos otros en 1998 cuando ésta se fundó. Pese a la consternación de las organizaciones de derechos humanos, fue nombrado jefe de la policía después de que su predecesor fuera destituido presuntamente por dos crímenes de alto perfil en los que estaba vinculada la policía. En uno, un importante periodista muy cercano al presidente Porfirio Lobo fue asesinado. En otro, cuatro civiles murieron en una operación anti-drogas conjunta entre Estados Unidos y la policía de Honduras en la región de la Mosquitia, donde aterrizan la mayoría de las narco-avionetas que llegan de Suramérica.
Bonilla “era el único oficial de alto rango sin vínculos conocidos con el crimen organizado”, dijo Arabeska Sánchez, investigadora del Instituto Universitario de Paz y Seguridad que, como profesora de la Academia de Policía, le ha dado clases a Bonilla. “Se mantiene bajo sospecha porque es imposible saber si ha estado implicado en políticas de estado de violación de los derechos humanos, que es evidente que han sucedido cerca de él”
Bonilla viste un uniforme azul oscuro perfectamente ajustado a su cuerpo y usa o una boina de tela que o la tradicional gorra de plato. En una ciudad donde los sicarios asesinan montados en una motocicleta para escapar fácilmente, Bonilla atraviesa la capital con un fusil M-16 cargado, que permanece junto al asiento de su vehículo blindado. “Del mismo modo que no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a usar las armas para defenderme”, dijo.
En privado, muchos hondureños dicen que Bonilla les da pánico. Pero en persona es indudablemente amable y sonriente incluso cuando contesta a las preguntas más incómodas. En su casa tiene cientos de libros sobre narcotráfico, vidas de generales o filosofía, organizados, subrayados y marcados con papeletas de colores. Cita con comodidad obras del sociólogo francés Michel Foucault o del escritor austriaco Stefan Zweig.
Entre sus libros guarda una carpeta forrada en cuero que contiene el expediente en el que se le acusaba de participar en escuadrones de la muerte y no sólo dice que la acusación es falsa. La califica de ser un estigma que aún lo persigue.
“Es muy doloroso para un ser humano que tu familia, tus hijos, los compañeros de tus hijos, tu padre, tus amigos o una mujer que acabas de conocer te pregunte si eres un asesino”, dijo.
Al final del día, Bonilla le pidió a su guardaespaldas que le trajera un libro de la guantera del carro. Era una edición comentada de “El arte de la guerra”, de Sun Tzu, un general chino que vivió hace 2.600 años.
Leyó un párrafo subrayado de su introducción: “vivimos en una cultura de la simulación en la que nada es lo que parece y la imagen que prevalece no tiene referente en el mundo real”.