“La familia del embajador de Sudáfrica no quiere venganza, sino justicia”: abogado del caso

El abogado de la familia de Archibald Gardner Dunn, secuestrado y asesinado en 1979 por las FPL, dice que el presidente Sánchez Cerén caerá en desacato si no dice dónde está el cuerpo del diplomático y que podría ser procesado por secuestro y asesinato.

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Cuarenta años después, “la familia quiere justicia”, declaró a El Diario de Hoy y elsalvador.com el abogado Fermán Camilo Álvarez Consuegra, quien representa a los dolientes en el caso del embajador sudafricano asesinado en la guerra. Foto EDH / Archivo

Por Mirella Cáceres

2019-01-17 8:08:29

Archibald Gardner Dunn fue secuestrado en noviembre de 1979 por las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), una de las cinco facciones que integrarían más tarde la guerrilla FMLN, ahora en el poder.

Las FPL pidieron diez millones de dólares y la publicación de un comunicado en varios periódicos del mundo, pero su posición anticipaba un fatal desenlace porque mostraban inflexibilidad, alegaron protestar con el Apartheid -régimen de discriminación racial en Sudáfrica- y rechazaron la oferta de que el eminente cardiólogo Christian Barnard viniera a operar al país.

Pese a que una información proveniente de La Habana decía que el diplomático fue asesinado, el cadáver nunca fue entregado a la familia. Cuarenta años después, “la familia no quiere venganza, sino justicia”, declara a El Diario de Hoy y elsalvador.com el abogado Fermán Camilo Álvarez Consuegra, quien representa a los dolientes.

Esa justicia, añade, pasa por el hecho de recuperar los restos del señor Gardner Dunn. Aclara que la familia no pide que fusilen a nadie, pero sí que estos hechos no se repitan, ejemplificando que, como en su momento no se frenó la corrupción de Saca, siguió con Funes.

La Sala de lo Constitucional ya le ordenó a Sánchez Cerén revelar esos detalles, pues, según el abogado, en aquel entonces era el tercero en jerarquía en las FPL, después de Cayetano Carpio y Mélida Anaya Montes. Por eso, a la pregunta de qué grado de responsabilidad tendría Sánchez Cerén, el abogado responde: “Toda”.

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Ni Nidia Díaz, jefa de fracción del partido oficialista, ni el Secretario General del mismo, Medardo González, dicen dónde está sepultado el diplomático, asesinado por las FPL en 1979.

Sin embargo, el presidente no reveló detalles del caso y a través de su portavoz, Roberto Lorenzana, ha dicho que en ese entonces él no pertenecía a la dirección de las FPL. Hoy ha nombrado a Fabio Castillo como su abogado, lo que, según Álvarez Consuegra, significa que prefiere ir a un litigio que hablar del asunto. En este sentido, el abogado de la familia advierte que Sánchez Cerén se expone a ser procesado por secuestro y desacato a orden judicial.

¿Qué está demandando la Sala de lo Constitucional a Salvador Sánchez?

Que muestre los restos del embajador Archibald Gardner Dunn. Eso es lo que pidió el año pasado; sin embargo, ahora Salvador Sánchez ha nombrado como su abogado al doctor Fabio Castillo y también la presente Sala está pidiendo que se muestre parte el Gobierno de Sudáfrica porque en ese momento el embajador era su representante y gozaba de todas las garantías que posee un diplomático, lo cual fue vulnerado por las FPL y el Gobierno de El Salvador en ese momento.

Usted habla del Apartheid que había en Sudáfrica, ¿qué vinculación tiene ese hecho de tipo racial con el secuestro y asesinato del embajador?

En Sudáfrica en ese momento estaba todavía en la cárcel Nelson Mandela y había una lucha contra el gobierno. Las FPL apoyaron esa lucha ideológicamente, entonces secuestran al embajador, o sea que lo utilizan como un medio para enviar un mensaje al Gobierno de Sudáfrica y a la vez exigen cerca de 10 millones de dólares para su liberación y que en más de 100 periódicos se publicara el manifiesto de las FPL.

¿Y esa cantidad exigida fue negociada a fin de reducirla? ¿Fue pagada?

Esa cantidad se negoció y no fue pagada; hubo varias personas que intentaron mediar, entre ellas monseñor Romero; después del fallecimiento de monseñor Romero fueron otras personas quienes lo continuaron hasta que se conoció la muerte del embajador.

¿Qué nivel de responsabilidad tiene el presidente Sánchez Cerén?

Toda. ¿Por qué razón? En el literal quinto de los considerandos de la derogatoria de la Ley de Amnistía se habla de la responsabilidad que se tiene por la estructura de poder. En este caso se considera que las FPL son una estructura de poder y desde su cabeza tiene responsabilidad de lo que haga el último de sus miembros. Es una novedosa forma penal que se tiene para poder deducir responsabilidad y ver que los hechos que se quieren señalar no se produzcan en el futuro. De nada sirve castigar a un soldadito que recibe órdenes, de lo que les ordenó la comandancia. Ellos pueden decir: ‘yo no tuve nada que ver’, ‘yo no halé el gatillo’, ‘yo no lo asesiné’, pero dieron la orden. Entonces tienen plena responsabilidad.

La familia ha caminado ya un largo trayecto para saber a dónde están los restos del embajador. ¿En todo este tiempo se ha manifestado de alguna manera Sánchez Cerén?

La familia es una familia doliente, una más de las que sufrieron durante el conflicto armado. Cuando Salvador Sánchez Cerén era candidato presidencial, el hijo hizo pública una carta pidiéndole que revelara dónde estaban los restos de su padre. Ya no es una cuestión de si era o no un embajador, era el hijo, una familia, que pedía los restos de su padre, y no hubo respuesta por parte de Sánchez Cerén o del FMLN.

Años después, cuando se da una derogatoria de la Ley de Amnistía, existe una posibilidad de recurso para forzar, para que aparezcan estos restos. El nieto interpuso el hábeas corpus en favor de su abuelo y la Corte el año pasado exigió que Salvador Sánchez Cerén dijera dónde estaban estos restos, pero en vez de decir: están en tal parte o al menos señalar una posible ubicación, lo que ha hecho es nombrar un abogado. Claramente está enviando un mensaje que no va a decir dónde está el embajador y se está preparando para una controversia jurídica.

¿La familia quiere venganza?

La familia no quiere venganza, la familia lo que quiere es justicia, o sea encontrar los restos de su deudo y repatriarlo a Sudáfrica. Tampoco quiere dinero ni eso de que ‘estos me lo mataron y quiero que los fusilen’. Quieren nada más paz para los restos del embajador.

El presidente tiene ahorita fuero y está por terminar su mandato. ¿Qué futuro legal le espera por este caso?

Si el profesor Sánchez Cerén no dice dónde está el embajador habría incurrido en un desacato que está tipificado como delito, y la Corte podría en un momento determinado enviar eso a la Fiscalía, más investigación por el delito de secuestro y asesinato. Esa es la perspectiva y yo creo que eso lo está viendo Sánchez Cerén y se está anticipando. La única forma en que la justicia no le alcance sería que la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por alguna razón sea abolida, de lo contrario él tendrá que ir al banquillo de los acusados por el asesinato del señor embajador; también por el uso de minas terrestres que ya está interpuesto en la Fiscalía, por el asesinato en la Zona Rosa, por la ofensiva de 1989 y el asesinato de alcaldes y funcionarios de gobierno.

¿Se está arriesgando el presidente?

Él se está preparando para una controversia jurídica, piensa llegar hasta las últimas consecuencias, ese es el mensaje que ha enviado.

¿Y la familia del embajador cómo ve este ‘mensaje’, como Ud. lo califica?

Cualquier familia a la que le hayan asesinado a un familiar es un dolor, pero ese dolor se intensifica si los restos de su deudo no son hallados. Yo rogaría porque se encuentren los restos del embajador y estos en su momento fueran repatriados a su país. El Salvador en ese sentido lo ha tratado muy mal, él es una víctima y no hallo por qué lo vamos a revictimizar nuevamente, y eso es lo que está haciendo Sánchez Cerén.

Usted ha afirmado que el presidente no ha querido decir dónde está enterrado el embajador.

Ese es el mensaje que ha mandado al nombrar abogado y no decir dónde están (los restos). No me extrañaría que dijera: ‘yo no tengo responsabilidad’; sin embargo el punto quinto de los considerandos de la Sala señalan la responsabilidad por estructura de poder, esto es: el más abajo hace el delito porque se lo ordenan. El que está en la cúpula tiene que pagar por ese delito para que no se vuelvan a repetir. El presidente (Antonio) Saca robó, el presidente (Mauricio) Funes fue el que lo sucedió y robó. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque no se castigó al presidente Saca en su oportunidad. Entonces si no hay un castigo vamos a ver los mismos hechos a futuro.

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¿En aras de que no haya impunidad, también se tiene que establecer una justicia transicional?

Hubo muertes de funcionarios porque estaban en un conflicto. Si no se juzga a estas personas vamos a ver repetidos esos hechos. ¿Por qué mataron a tantos policías el año pasado? Murieron por ser policías. Vamos a seguir teniendo por muchos años muertes de policías hasta que no se juzgue a los cabecillas de las maras; y tal vez cuando no mueran policías van a matar otra vez políticos porque no se ha hecho justicia. Hay precedentes: caso El Mozote y La guinda de mayo.

Sánchez Cerén apoya una ley de reparación de víctimas, ¿ve contradictoria esta posición con la que adopta en el caso del embajador Gardner?

Yo diría populista porque toda la ayuda que él le habla a las víctimas son a las víctimas del FMLN; mediante esas ayudas él busca tener una aprobación electoral. Yo le hago una pregunta a Salvador Sánchez Cerén y a los miembros de toda la comandancia: ¿por qué asesinaron tantos alcaldes, jueces, por ser funcionarios. Ese es un delito de lesa humanidad y todos, llegado su momento, van a tener que pagar.

¿Se tiene que hacer justicia?

Sí. La justicia puede tardar pero llega. Ese es el mensaje que nos está enviando la Sala Constitucional.