Guardaespaldas de secretario general del PCN presuntamente ya había amenazado a Ramón Kury Óscar Remberto Delgado Martínez, quien estaba contratado como colaborador administrativo de la Asamblea pero se desempeñaba como guardaespaldas de Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, presuntamente ya había amenazado con una pistola a Kury, según señalaron los fiscales del caso en la audiencia inicial.
Por elsalvador.com
2019-03-22 8:04:19
Dos empleados de la fracción del PCN en la Asamblea Legislativa son procesados junto a un agente de la Policía por el crimen del dirigente de ese instituto político, Ramón Ernesto Kury. Archivo
Óscar Remberto (camisa café) fue capturado por la Policía Nacional Civil junto a Samuel Delgado Navas y Santos Hernández Beltrán.
Los fiscales del caso señalaron durante la audiencia inicial que Óscar Remberto Delgado Martínez presuntamente ya había amenazado con una pistola a Ramón Kury, dos años antes en un altercado.
Óscar Remberto Delgado Martínez estaba contratado en la Asamblea Legislativa como colaborado administrativo, aunque se desempeñaba como guardaespaldas del secretario general de PCN, Manuel Rodríguez.
Según consta el sitio http://www.gobdata.com/ Óscar Remberto tenía un salario de 1,500 dólares el cual era pagado con recursos del Estado.
No es la primera vez que Óscar Remberto Delgado Martínez enfrenta la justicia, en 2011, fue procesado tras enfrentarse a balazos con un pandillero en la colonia IVU.
En esa ocasión, la policía le decomisó el arma pero después la recuperó a través de “actos de corrupción”, según confirmó uno de los fiscales del caso. Esa misma arma habría sido utilizada para asesinar a Kury.
Ramón Kury fue atacado por varios sujetos la noche del 26 de abril de 2018 cuando salía de la sede del partido en Sa Salvador. Foto EDH/Archivo
Kury fue trasladado por la emergencias a aun centro asistencial. Foto EDH/ Archivo
Minutos después familiares eran informados que el dirigente político había fallecido. Foto EDH/Archivo
Los tres acusados fueron enviados a prisión durante la audiencia inicial realizada por el Juzgado Cuarto de Paz, de San Salvador.
Una de las pruebas principales por las que fueron enviados a prisión es por las bitácoras telefónicas que tienen los imputados antes y después del crimen.