Estas son las propiedades confiscadas de Carlos Perla, expresidente de ANDA La Fiscalía General de la República le confiscó este viernes tres propiedades al exfuncionario. En 2012 ya se le había materializado un lujoso inmueble conocido como Casa del Volcán.
Por elsalvador.com
2019-09-27 4:00:31
Piscina de una de las residencias confiscadas ayer a Perla, en las colonias Escalón y San Francisco, en la capital. FOTO EDH/CORTESÍA FGR
Dos de los inmuebles están ubicados en la colonia Escalón y San Francisco, San Salvador. Foto EDH/ FGR
Entre las propiedades se encuentra un rancho de playa ubicado en Sonsonate. Foto EDH/ FGR
Los inmuebles son lujosos y tiene una ubicación privilegiada. Foto EDH/ FGR
Dos de las propiedades están a nombre de Carlos Perla (hijo), y la restante a nombre de Carlos Perla (padre). Foto EDH/ FGR
Sobre lo confiscado se han decretado las medidas cautelares de Embargo y Anotación Preventiva, ya que las investigaciones apuntan que las propiedades han sido adquiridas de forma ilícita por el señor Perla y familiares. Foto EDH/ FGR
Los tres inmuebles tienen un costo aproximado de $360.000.00. Foto EDH/ FGR
“Se ha comprobado que estos inmuebles han sido obtenidos de forma ilícita por Carlos Perla y sus familiares”, afirmó el fiscal del caso. Foto EDH/ FGR
En 2007, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador lo encontró culpable de haber cobrado el 10 por ciento del valor por cada obra que ANDA contrató durante su gestión, una acción que constituyó el delito de cohecho o soborno y que cuantificó 8.7 millones de dólares, permaneció en bartolinas de la DAN. Foto EDH/ Archivo
Dos años después, en 2009, es trasladado a un penal para cumplir la pena de 15 años por los delitos de peculado, negociaciones y agrupaciones ilícitas. Foto EDH/ Archivo
En 2012, la Fiscalía General de la República le confiscó a Perla una vivienda conocida como la Casa del Volcán. Foto EDH/ Archivo
En febrero de 2019, Perla recibió la resolución que le notificaba que su pena fue extinguida, después de haber finalizado su condena por peculado y negociaciones ilícitas en contra de la administración pública. Foto EDH/ Jorge Reyes