El 11 de enero de 1932, el gobierno de facto encabezado desde el 4 de diciembre por el general de brigada Maximiliano Hernández Martínez anunció una rebaja del 30 por ciento en los sueldos de todos los empleados públicos salvadoreños, con excepción de policías y militares.
Además, el régimen señaló que habría sensibles reducciones en artículos importados, como cemento, fósforos, petróleo refinado, aceite de oliva, hilos de algodón, radios, fonógrafos, fuegos artificiales, perfumes, champaña y otros vinos espumosos, discos fonográficos, etc. Se hacía sentir más la crisis económica mundial, derivada de la quiebra bursátil de Wall Street desde 1929.
Lee también: Sueños y actos revolucionarios de los ancestros
Dentro de ese escenario nada alentador, en la noche del martes 19, fuerzas policiales desmontaron en San Salvador un presunto complot comunista, decomisaron “bombas, dinamita y panfletos subversivos” y capturaron a sus presuntos líderes, encabezados por Agustín Farabundo Martí, representante nacional del Socorro Rojo Internacional. Según el cable de Associated Press (AP), emitido el 22, el objetivo era derrocar al gobierno provisional, que en respuesta declaró “el estado de sitio en seis departamentos”.
En otro cable, AP sostenía que “Estados Unidos retuvo el reconocimiento del régimen de [Hernández] Martínez porque llegó al poder a través de una revuelta y no por vía constitucional”. Por eso, en la mayor parte de sus emisiones lo designará “gobierno de facto” o “gobierno provisional”.
Entre el jueves 21 y el viernes 22 de enero, estalló el levantamiento etnocampesino en las zonas occidental, norte y centro del país. Miles de indígenas y campesinos asaltaron instalaciones públicas y privadas en Sonsonate, Nahuizalco, Izalco, Tacuba, Ahuachapán, Metapán, San Miguel de Mercedes, Chalatenango, La Libertad, Colón, Santa Tecla, etc.
Para el Daily Worker, órgano central del Partido Comunista de Estados Unidos, publicado en New York, la insurrección salvadoreña pretendía “la incautación de todos los grandes latifundios por los residentes y el establecimiento de un gobierno obrero y campesino”.
Según le testimoniara a la AP el encargado de negocios de Estados Unidos, William J. McCafferty, la comunicación telefónica y telegráfica, el ferrocarril inglés cerca de Sonsonate fue destrozado y estaban generalizados los desórdenes en muchas poblaciones. Frente a eso, el funcionario extranjero aseguró que “las autoridades están tomando medidas enérgicas para reprimir los disturbios”, mientras que el Departamento de Estado -en coordinación con las legaciones diplomáticas de Italia, Reino Unido y Canadá- enviaba barcos de guerra desde Panamá hacia la costa salvadoreña, encabezados por el crucero Rochester, nave insignia de la división de servicios especiales en la Zona del Canal, bajo la conducción del contralmirante Arthur C. Smith y el comandante L. P. Treadwell. Según el Departamento de Estado, en 1930 se realizaron inversiones en El Salvador por más de 43 millones de dólares, una cifra bastante improbable debido a la crisis vigente.
El lunes 25 de enero, la AP informaba que “Las tropas encontraron una fuerte resistencia por parte de los revoltosos en Sonsonate y el ejército disparó contra ellos, matando e hiriendo a un número indeterminado. Todas las personas titulares de permisos privados para portar armas fueron autorizadas por el gobierno para defenderse ellos mismos si fuera necesario. Los rebeldes, dijo el gobierno, planeaban matar a la ‘burguesía’. […] Todos los agitadores serán castigados severamente según la ley”.
No te pierdas: El regalo más precioso: el Estado de derecho
Ese mismo día, la agencia noticiosa United Press (UP) difundió la nota sin confirmar que en El Salvador habían muerto mil personas durante la insurrección y que el presidente Martínez había emitido un manifiesto, para llamar a la ciudadanía “a apoyar al gobierno para frenar las actividades vandálicas de los comunistas”. El gobernante también “lamentó el derramamiento de sangre reciente y la restricción de las libertades constitucionales, pero dijo que eran necesarias para preservar el orden público”.
El miércoles 27, la corresponsalía de UP en San Salvador envió un cable muy curioso, en inglés. La oficina central de la agencia noticiosa le agregó una nota explicativa: “Nota del editor: En el siguiente despacho, el Gral. Maximiliano H. Martínez, presidente de El Salvador, ha escrito para la United Press una explicación oficial del presente levantamiento en El Salvador”. Según el gobernante de facto, “el gobierno tiene ahora el control total del país y ha tomado todas las medidas militares para prevenir un nuevo levantamiento. Me alegra que me den la oportunidad para responder consultas de la prensa. Con respecto a los persistentes rumores en el extranjero sobre el número de muertos y heridos en el levantamiento, el gobierno calcula que los muertos y heridos entre los comunistas totalizan 500 desde el comienzo de la revuelta. El gobierno no ha sido capaz de encontrar ninguna prueba documental que muestre la connivencia de Moscú y sus agentes en el levantamiento. Sin embargo, la administración anterior había tolerado la presencia en el país de extranjeros sospechosos de afiliaciones comunistas y se puede suponer que son los responsables. El país está bajo perfecto control en este momento. Nuestras precauciones son tales que estamos absolutamente seguros que no será posible reanudar el levantamiento. El gobierno es ampliamente capaz de garantizar el orden, la vida y los bienes de los ciudadanos salvadoreños y extranjeros. Todo el pueblo salvadoreño ha respondido prontamente a la llamada que hice en mi manifiesto y, a diario, la población ha ofrecido cada vez más apoyo a la administración, olvidando la política antigua y sus animadversiones, cerrando filas alrededor del gobierno. Ellas constituyen un sólido baluarte en nombre de la defensa nacional”.
Esas palabras del brigadier presidente reforzaban las de otro cable de UP, en que se indicaba que “Aunque los despachos de la Legación [de Estados Unidos en El Salvador] se refieren al problema como “comunista”, implica una conexión entre los revolucionarios y la Tercera Internacional, pero se cree que el término se utiliza simplemente para designar a radicales que se oponen al régimen revolucionario del presidente Martínez”.
De acuerdo con el corresponsal de UP, “la flor de la aristocracia salvadoreña, armada hasta los dientes, merodeaba anoche las calles de la ciudad capital para ayudar a su gobierno a erradicar los últimos vestigios de la insurrección comunista. Por sugerencia de un destacado banquero, Rodolfo Duke, ciudadanos adultos estaban equipados con rifles y revólveres y dado carta blanca para dispararle a cualquier comunista a la vista.” Lo que la nota no aclaraba era cómo se reconocería a un comunista antes de dispararle todo aquel arsenal en manos privadas. En la tarde del 26 estallaron algunos tiroteos esporádicos en San Salvador y alrededores, tras la rotura de las comunicaciones entre la capital y el puerto de La Libertad, donde ya se encontraban los navíos estadounidenses, mientras que los barcos canadienses e inglés permanecían atracados en Acajutla. El gobierno martinista no autorizó el desembarco y entrada en acción de ningún oficial o soldado extranjero.
De acuerdo con UP, “El gobierno atribuyó el levantamiento a los comunistas y otros elementos insatisfechos, que se aprovecharon de la situación económica […] para intentar un golpe que se sintió alentado por el hecho de que Estados Unidos y los cuatro gobiernos de Centro América se negaron a reconocer a la administración Martínez”, bajo el alegato de que su ascenso violaba el Pacto de Washington de 1923 y eso hizo que “agentes soviéticos” propagaran la idea de que “el gobierno es débil”. Según la misma agencia, en las localidades atacadas, los “rojos” habían asesinado a 29 funcionarios municipales, telegrafistas y representantes del gobierno central.
De acuerdo con reportes suministrados en la ciudad de Panamá a la UP por viajeros llegados por vía aérea desde San Salvador, habían visto unos 10 o 12 cuerpos de rebeldes entre la maleza y al borde de una vía, en las afueras de la capital, en la noche del 28 de enero. “El gobierno no está tomando prisioneros, pero está disparando a los rebeldes en los lugares.” Según el gobierno salvadoreño, en refuerzo de las palabras vertidas a UP por el gobernante militar, “las fuerzas rebeldes han tenido unos 500 muertos y heridos en las luchas durante los últimos seis días. Las pérdidas del gobierno no fueron reveladas”.
En un cable emitido desde la capital mexicana, el 15 de marzo, la UP citó a un anónimo estadounidense recién llegado y quien vivió tres años en El Salvador, donde fue testigo de la matanza. Según su testimonio, “8,000 comunistas fueron muertos en la revuelta” y “las ejecuciones continuaban a razón de 10 a 25 por semana’’. Según la información del gobierno salvadoreño, más de 29,000 personas pertenecían a la liga comunista y el reclutamiento estaba activo, al grado tal que se despidió a más de la mitad de los 4,500 soldados en servicio, “porque se temía que fueran miembros secretos del comunismo y los oficiales lo consideraron peligroso permitirles el acceso a rifles y municiones”.
Te puede interesar: El Reino de Guatemala en tres mapas ingleses del siglo XVIII
A juicio del Daily Worker, el gobierno salvadoreño que “estaba completamente desmoralizado cuando el levantamiento revolucionario tuvo lugar, ahora ha sido fortalecido suficientemente por la llegada de cañoneras de Wall Street a declarar la ley marcial. Los burgueses de las ciudades y los ricos terratenientes están siendo armados por el gobierno fascista para derrotar a los trabajadores y campesinos”, pero “las fuerzas revolucionarias se preparan para resistir a los carniceros de Wall Street”. “Los trabajadores y campesinos sufren el dominio de Wall Street así como a sus propios explotadores, y están llevando a cabo la misma lucha contra el hambre que los 12,110,000 de desempleados mantienen en Estados Unidos”.
El miércoles 27 y jueves 28, el mismo impreso comunista estadounidense propagaba: “Todo trabajador estadounidense debe acudir en apoyo de sus compañeros trabajadores en El Salvador. El luchar allí contra el imperialismo estadounidense es parte de la lucha de las masas americanas contra la venta al por mayor del hambre y los recortes salariales. Apoya a los salvadoreños obreros y campesinos. Pelear contra el terror de Wall Street y el de los ricos explotadores de El Salvador: Exijamos la retirada de todas las tropas de El Salvador”. A esos términos, agregaba que “Los trabajadores y los campesinos allí luchan contra el hambre, impuesta por el imperialismo estadounidense. ¡Exigimos el retiro de las cañoneras y marines! ¡Alto al asesinato de trabajadores y campesinos! ¡Todo el apoyo revolucionario a los obreros y campesinos de El Salvador!”. Fue ese mismo medio el que difundió la cifra oficial salvadoreña de 5,000 muertos durante los cinco días principales del levantamiento.