Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac-Funde), explica los esfuerzos que hacen en favor de la transparencia, los retos que enfrentan y sobre las últimas denuncias contra el gobierno por reservas de información de oficio.
¿Por qué se interpuso la denuncia contra la ministra de Economía y otros funcionarios públicos?
Porque ellos decidieron reservar lo relativo a las liquidaciones de subsidio, y se ha reservado de forma genérica, es decir, el mismo patrón de siempre, reservaron amplia información.
¿Por qué es importante esta información?
Porque fue un hecho notorio público de que la metodología tuvo vicios, que careció del mecanismo más adecuado para su entrega, por un lado, y se desconoce cuánto se le pagó a quienes procesaron los subsidios a través de los bancos.
¿Cuántas denuncias han interpuesto contra este gobierno?
Solo en noviembre pusimos como 10, creo que hemos puesto alrededor de 15 en el Instituto para que se abra un proceso sancionatorio.
¿Qué es lo que caracteriza a estos casos?
El patrón de reserva de información, asociando a que tratan de reservas genéricas, pero no plantean a qué proceso de licitación se refieren, o a qué periodo. Ellos siempre ponen el artículo 19 de LAIP, pero no basta con ponerlo, se tiene que describir en términos del porqué fundamentan o ponderan esa información reservada.
¿Qué respuestas han tenido a estas denuncias?
Lo que ha habido son respuestas informales a través de redes sociales, en la denuncia que hicimos del MOP de hecho hasta montaron una conferencia de prensa con el ministro Romero, y se trató de desvirtuar la denuncia que se había interpuesto.
¿Qué esfuerzos están haciendo en materia de transparencia?
El esfuerzo proviene de una oficina anticorrupción que siempre ha tenido como agenda el trabajo pro transparencia, son ya años los que tenemos trabajando en este tema. Este es un esfuerzo de la sociedad civil de poder fiscalizar el poder e impulsar una agenda pro transparencia, y por otro lado, la intención es también hacer que se accionen las instituciones de control, en este caso, hemos presentado al Instituto que puedan sancionar a aquellos funcionarios públicos que han cometido acciones que vulneran el principio de máxima publicidad sin la debida justificación.
¿Qué mensaje está enviando el gobierno al ser cada día más recurrente el tema de reservas de información?
Creo que el mensaje que se manda, el discurso siempre ha sido pro transparencia y enarbola una bandera ética y de transparencia, pero cuando se observa este tipo de acciones como reservar información pública de oficio, ese discurso se cae.
¿ Qué reacción debe tener la ciudadanía ante la forma tan sistemática del gobierno de hacer las reservas?
La reacción principal debía ser profundizar en el discurso de trasparencia y ética que maneja el Ejecutivo, que lo pueda profundizar a través del contraste que puede hacer de ese tipo de acciones.
¿Qué invitación haría a la ciudadanía?
Yo invitaría a la ciudadanía a que se cuestione antes de tomar una decisión para saber si este gobierno es transparente o no es transparente, si realmente hay una política desde el Ejecutivo orientada a la transparencia. La corrupción no cambia cuando se pasa de un gobierno a otro, es decir, la corrupción tiene décadas de estar en la estructura del Estado y va seguir estando ahí hasta que realmente no exista una resistencia a entregar información pública y una resistencia a transparentar las acciones que se hacen dentro de la administración.
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¿El gobierno reserva información y no brinda informes ni en las cadenas?
Yo creo que las conferencias que se montan frente a los medios de comunicación, toda esta maquinaria comunicacional de Estado tiene el fin único de desvirtuar cualquier intento de fiscalización que se pueda hacer, se desvirtúa a los periodistas y lo mismo pasa con la sociedad civil, se nota que hay un objetivo claro a nivel comunicacional de desprestigiar y deslegitimar cualquier acción, venga de donde venga que pueda poner en juego los intereses del Ejecutivo.
¿Es un reto competir contra ese sistema comunicacional?
Nos vemos en una situación compleja quienes tratamos de impulsar una agenda pro transparencia, es complicado competir contra el aparato comunicacional del Estado, uno no tiene los mismos fondos para poder competir a nivel de ellos.
¿Cada vez se sigue ocultando información y violando leyes, se piensa llevar a una denuncia internacional?
Sí. Realmente la puerta está abierta para acudir a la Corte Interamericana (CIDH). Una de las cuestiones que habría que valorar a futuro de parte de la sociedad civil es nuevamente tratar de acudir a estas instancias de manera que también se tenga un respaldo en cuanto a otras situaciones a nivel legal.
¿Cuáles retos enfrentan?
Se está volviendo complejo mantener un trabajo que sea fuerte ante los actos de corrupción que se puedan estar notando especialmente porque el Ejecutivo intenta deslegitimar cualquier acción que trate de fiscalizarlos. El segundo reto es cómo Alac trasladamos de forma popular o aterrizada la problemática de la corrupción a la cotidianidad de las personas.