La violencia contra las mujeres se agudizó en abril, cuando se vivía la etapa más crítica de la cuarentena domiciliar ordenada por el gobierno ante la emergencia del COVID-19.
Esa violencia ha cobrado la vida de nueve mujeres en abril, además de cuatro en marzo. En varios de los casos han sido catalogados como feminicidios, es decir, que las víctimas fueron asesinadas por su condición de ser mujeres, de esposas, hijas, y en los que parejas tuvieron alguna relación con sus muertes.
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La última víctima conocida ayer fue Susan Daly Regalado de Prudencio, quien fue asesinada ayer supuestamente por su pareja, Edwin Alexander López Rivas, utilizando una arma blanca. El feminicidio fue cometido en el municipio de Mejicanos, al norte de San Salvador. (Ver nota aparte).
Otro de los casos registrados es el de Silvia Yessenia Menjívar Menjívar, quien fue ultimada por un sujeto que la pretendía el pasado 2 de abril en Chalatenango.
También se conoció el caso de Lucía Isabel Peña, asesinada por su supuesta pareja el 21 de abril en Zacatecoluca, La Paz.
Además, la violencia en general que vive el país, se ha cobrado la vida de otras mujeres, como la de María Antonia Sánchez, quien fue asesinada en el cantón Casa de Piedra el miércoles 8 de abril.
La cuarentena domiciliar obliga a la mayoría de mujeres a permanecer junto a sus parejas, quedando expuestas de ser víctimas de agresiones verbales, sexuales, económicas, sicológicas entre otras, según las denuncias hechas a instituciones del Estado y un rastreo realizado por Ormusa, una organización que se especializa en el tema de violencia contra las mujeres.
Los datos oficiales revelan que durante la cuarentena ha habido 290 denuncias de delitos relacionados a expresiones de violencia contra las mujeres. A eso se le suma que desde 1 de enero al 6 de abril, contabilizaron 1,302 denuncias.
También, la línea de emergencia para atender a mujeres que tiene la Corte Suprema de Justicia contabiliza 198 quejas.
En tanto los registros de la Procuraduría General de la República (PGR) contabiliza que más de 1,000 mujeres han acudido en busca de apoyo por violencia de género o discriminación, así como por saber sobre el beneficio de los $300 que el gobierno central dio a los afectados directos del coronavirus.
Según datos de la PGR, en el período de la emergencia han brindado 664 asesorías virtuales a mujeres sobre derechos de las mujeres, y 436 han sido asistencias, es decir, que les han brindado una atención integral que incluye servicios legales, psicológicos y sociales.
Los factores
Para Silvia Juárez, encargada de la oenegé Ormusa, la medida de la cuarentena ordenada por el presidente Nayib Bukele, carece de medidas que beneficien a las mujeres y de enfoques integrales , dejándolas vulnerables a las agresiones de sus parejas, ya que conviven las 24 horas del día junto con sus esposos, en medio de pobreza, falta de alimentos y estrés.
Juárez explica que las víctimas aprovechan a denunciar a sus agresores cuando ellos no están en casa, pero que durante una cuarentena como la impuesta por el gobierno, se ven imposibilitadas a hacerlo.
Otro factor que influye es la parte económica, ya que cuenta con menos disponibilidad de fondos que le permitan acceder a saldo para llamadas, transporte, alimentos, copias, cuidados etcétera, para acudir a los servicios, dice la profesional.
Para Juárez, las mujeres rurales o con retraso cultural tienen menos acceso a a información de calidad para saber qué hacer ante un hecho de violencia, se enfrentan al temor de ser “retenidas”, no tienen certeza de que poner una denuncia no es una justificante para salir de confinamiento domiciliar.
“Las víctimas piensan que los servicios de atención a la violencia están cerrados o que no atienden, creen que su denuncia no será importante o prioritaria debido a la emergencia”, describe la representante de Ormusa.
Otra de las deficiencias que apunta es la falta de albergues o casas de acogida para apoyar a las mujeres a romper el riesgo feminicida durante la cuarentena domiciliar.
Juárez considera que la parálisis de otros servicios públicos como seguridad ciudadana y salud sexual o la interrupción de pago de cuotas alimenticias también daña a las mujeres que viven solas con sus hijos, afectan sus derechos.