Entre los días 5 y 6 de agosto, las autoridades policiales hallaron los cadáveres de cuatro mujeres en Usulután, San Miguel y La Libertad. Las féminas, a quienes les calcularon entre 15 y 22 años, habían sido asesinadas a balazos y algunas tenían signos de haber sido abusadas sexualmente.
Hasta ese momento, solo dos víctimas habían sido identificadas por sus familiares: Andrelina Gaitán, y Carmen Ayala Lovo. Ellas fueron privadas de libertad por hombres con apariencia de pandilleros en Estanzuelas, Usulután. De las otras dos ya no se supo más de quiénes eran.
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Cinco días después se registró otra escalada de asesinatos de mujeres. El 11 de agosto se encontró el cuerpo de una mujer joven en la calle al cantón El Junquillo, en San Isidro, Cabañas. Como no tenía documentos no se pudo identificar.
Ese mismo día se encontró el cadáver de otra mujer en el puente del cantón El Rebalse, carretera Panamericana, en las afueras de Pasaquina, La Unión.
Las autoridades suponen que se trata de Marisol Yaneth Rivera Benavides, de 23; quien desde el 7 de agosto se encuentra desaparecida.
Por la desaparición de Marisol Yaneth se encuentra detenido, Melvin Martínez, un enfermero de 27 años y expareja de la joven.
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La madrugada del 12 de agosto se registró otro feminicidio. Gabriela del Rosario Torres González fue atacada a balazos por supuestos pandilleros en su casa situada en Jardines de Madre Tierra, en Apopa. Su compañero de vida la encontró en uno de los sillones de la sala con un balazo en la cabeza. Las autoridades todavía no descifran el móvil del crimen.
Se reduce violencia contra mujeres, según la FGR
Los casos de violencia contra las mujeres han disminuido en los primeros siete meses de este año con respecto al mismo período del año pasado, según lo reportado por la Fiscalía General.
Datos del Ministerio Público dan cuenta que se abrieron 3,149 expedientes de investigación sobre delitos relacionados a la violencia en contra de mujeres entre enero y julio de este año. La cifra representa 479 casos menos que en el mismo período de 2019 en el que se contabilizaban 3,628 procesos de investigación.
Los expedientes abiertos para averiguar están relacionados a feminicidios, delitos contemplados en la ley contra la violencia de mujeres, violencia intrafamiliar y desobediencia en casos de violencia intrafamiliar.
Al comparar el comportamiento de los hechos de violencia contra mujeres en el período en el que estuvo vigente la cuarentena domiciliar obligatoria se puede determinar que fueron menos que en ese período de 2019, es decir, sin cuarentena.
Para el caso, la Fiscalía abrió 1,061 expedientes de investigación entre el 16 de marzo y el 13 de junio de este año, en el que estuvo en vigencia la cuarentena domiciliar. Mientras que en 2019, las unidades fiscales iniciaron 1,488 casos de violencia contra mujeres, es decir, 427 expedientes más que 2020.
Si se detallan por procesos abiertos por la Fiscalía se tiene que el ente fiscal investiga 34 feminicidios, 2,352 hechos violentos contra mujeres, 750 casos de violencia intrafamiliar y 13 denuncias por desobedecer medidas impuestas en situaciones de violencia intrafamiliar.
Las cifras anteriores corresponden a los siete meses de este año. Pero si se compara con los siete meses del año pasado se tiene que el ente fiscal registró 81 feminicidios (47 más que 2020), 2,693 hechos de violencia, y 854 situaciones de violencia intrafamiliar.
En el informe de la Fiscalía se destaca que los delitos tipificados en la ley especial de la violencia contra las mujeres tenían una tendencia a incrementarse, antes de la cuarentena domiciliar obligatoria por la emergencia del COVID-19.
Como se muestra en el informe fiscal, el Ministerio Público procesó 1,103 casos de violencia relacionados a la referida ley entre enero y el 15 de marzo de este año. En ese período del año pasado se habían recibido 969 casos.
Durante y después de la emergencia por la pandemia ha sucedido lo contrario en cuanto a los hechos de violencia en contra de mujeres contemplados en la ley que protege a la mujer de cualquier manifestación de violencia.
El ente fiscal registró 1,249 hechos violentos contra mujeres, antes, durante y después de la cuarentena domiciliar obligatoria entre el 16 de marzo y el 31 de julio. Son 475 casos menos con respecto a ese período del año pasado, en el que se reportaron 1,724 hechos de esa índole. Los casos de violencia intrafamiliar aumentaron después de la cuarentena domiciliar.
La Fiscalía registra 208 hechos de esa índole entre el 14 de junio al 31 de julio de este año. Para ese período, pero de 2019, el ente fiscal registró 156 casos de violencia intrafamiliar.
Las expresiones de violencia contra la mujer es el delito de la ley especial que más se comete, refiere la Fiscalía. El informe fiscal detalla que de los 2,352 denuncias por delitos de la LEIV que se recibieron en siete meses de este año, 2,020 correspondían a ese rubro. En ese período del año pasado se registraron 2,240 casos por ese delito.
El segundo delito que más se comete es la difusión ilegal de información con 234 hechos denunciados, seguido de la difusión de pornografía que aparece con 86 denuncias por ese delito.
Lo que ha aumentado son los intentos de feminicidio, ya sean agravados o simples, en el período después de la cuarentena. Los registros que tiene la Fiscalía dan cuenta que a 52 mujeres las quisieron asesinar, pero sobrevivieron a los ataques.
Organizaciones reportan más feminicidios
Los datos de feminicidios revelados por la Fiscalía contrastan con las cifras de la Asociación de Mujeres por la Dignidad de la Vida conocidas como Las Dignas. Esta organización feminista reportó 62 feminicidios de enero al 24 de julio de este año.
“Esta ola de feminicidios es sumamente alarmante y más aún la forma en que se expresa el odio machista en el cuerpo de las mujeres”, señala Las Dignas.
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) señaló que su Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, que 44 féminas fueron asesinadas entre el 17 de marzo y el 29 de junio pasado, pero solo en la cuarentena hubo 25 feminicidios, de los cuales 10 fueron cometidos por la pareja.
Además reporta que 25 mujeres sobrevivieron al intento feminicida y se registró un suicidio feminicida.
Juzgado de la mujer ha impuesto penas de 50 años a feminicidas
El artículo 46 de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres establece una pena máxima de 50 años de prisión por feminicidio agravado y es causarle la muerte a una mujer por odio o menosprecio por su condición de mujer.
A continuación algunos de esos casos:
Periodista Karla Turcios asesinada por su esposo, Mario Huezo
“Mi fallo es que usted (Mario Huezo) es culpable del feminicidio agravado de Karla Turcios, por lo que lo condeno a 50 años de prisión”, le dijo una jueza especial contra la violencia de mujeres a Mario Huezo, la mañana del 31 de enero pasado.
La jueza le dio credibilidad a las pruebas aportadas por la Fiscalía General que demostraron que Huezo fue el responsable del crimen de su esposa, la periodista Karla Turcios. Pruebas tecnológicas y científicas, prueba de ADN y las declaraciones de una veintena de testigos; fueron suficientes para que la jueza.
El cuerpo de Turcios fue hallado el 14 de abril de 2018, en la carretera Longitudinal del Norte, en cantón Palo Galán de Santa Rosa Guachipilín de Santa Ana.
Hombre pasará 50 años en la cárcel y debe de pagar $6,000 por matar a expareja
El Juzgado especializado para una vida libre de violencia contra las mujeres encontró culpable a Luis Alberto Aquino García, del feminicidio agravado de su excompañera de vida, hecho ocurrido el 19 de julio de 2017.
Aquino García purgará 50 años en prisión, según el falllo del referido tribunal conocido el 17 de agosto pasado. Las pruebas testimoniales, técnicas y documentales aportadas por la Fiscalía sirvieron para demostrar la culpabilidad de Aquino García al juez que conoció el caso.
Pero además de la pena de prisión que debe de cumplir en un centro penitenciario, Aquino García deberá de indemnizar con $6,000 a la familia de su excompañera de vida como responsabilidad civil.
El crimen ocurrió en la casa de la víctima situada en colonia Tepeyac de San Marcos.
Joven embarazada asesinada por su expareja por negarse a abortar
Henry Alberto Salazar Burgos fue declarado culpable en marzo pasado por el feminicidio de su expareja, Lilian Beatríz Méndez y su hijo de ocho meses de gestación, ocurridos el 20 de octubre de 2017.
Un día después encontraron el cuerpo de la joven en la autopista a Comalapa.
Por habérsele demostrado que fue el responsable del crimen, Salazar Burgos fue sentenciado a cumplir 40 años por feminicidio de su expareja y 10 años por el aborto sin consentimiento en un bebé que ya podía sobrevivir de haber nacido, al cortarle la respiración por estrangular a su madre, dijo la jueza.
Para demostrar la culpabilidad de Salazar Burgos, la Fiscalía aportó pruebas tecnológicas como videos de cámaras de vigilancia, bitácoras de las llamadas de celulares, prueba de ADN y testigos.
Doctora muere a manos de quien ella mantenía económicamente
Denys Edenilson Suárez Mejía, era un desempleado que era mantenido por su compañera de vida, Rosa María Bonilla Vega, una doctora que trabajaba en el Ministerio de Salud (Minsal).
Suárez Mejía llegó al extremo de darle una cantidad de dinero a la víctima para sus gastos diarios, a pesar de que era del salario de ella, según la Fiscalía.
Además tomaba parte de las ganancias del negocio que ella había creado con su esfuerzo. El dinero lo utilizaba para pagar las cuotas alimenticias de una relación que él había tenido anteriormente.
Sin embargo, Suárez Mejía resultó ser un mal agradecido con la doctora, porque la mañana del 23 de enero de 2018, la asesinó en la casa que compartían los dos en Santa Ana.
Suárez la lanzó por las gradas de la casa y luego trató de hacerlo pasar como un accidente. Pero las pruebas científicas revelaron lo contrario.
Por el feminicidio, Suárez Mejía fue condenado en marzo de 2018 a 50 años de prisión por el juzgado para una vida libre de violencia de las mujeres y además lo sentenció al pago de $20,800 como indemnización para la familia.
En octubre de 2019, una Cámara ratificó la sentencia penal y civil.