Vigilante que disparó a joven en la cabeza fue enviado al hospital Psiquiátrico

Un examen de Medicina Legal determinó que el imputado es esquizofrénico. Familiares y amigos temen que sea un ardid del imputado para evitar ser juzgado y enviado a prisión.

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El ministerio de Trabajo verificará si las empresas de seguridad están cumpliendo con la ley respecto a los derechos de sus trabajadores.

Por Jorge Beltrán Luna

2019-10-15 11:00:11

El vigilante que el miércoles, cuando custodiaba las instalaciones de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), atacó a balazos a una joven de 20 años, no ha sido enviado a prisión preventiva, sino a internamiento en el hospital Psiquiátrico, en Soyapango, por disposición judicial.

Mario Santos Cruz Bonilla, de 34 años, enfrentó la audiencia inicial el pasado lunes, al mediodía, en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador. Al final de esa diligencia, la jueza decidió enviarlo a prisión debido a que un informe del Instituto de Medicina Legal (IML) mediante una entrevista al imputado, determinó que éste adolece de problemas mentales.

A las 11:45 a.m. del miércoles 9 de octubre, el imputado atacó a balazos a Flor M. G. de 20 años, cuando la joven esperaba el transporte público frente al edifico de la Lotería Nacional, luego de haber asistido a sus clases de inglés.

Minutos después de cometer el ataque, el imputado dijo a sus compañeros de trabajo que horas antes había discutido con su compañera de vida y que había confundido a la estudiante con su mujer; creyó que esta lo andaba espiando y por eso fue directo a dispararle un balazo en la sien y otro en la espalda.

Una de las balas causó daños severos en los ojos de la joven, por lo que, según fuentes médicas, la posibilidad de que pueda volver a ver es incierta.

Según el reconocimiento médico que el IML practicó a la joven, las heridas podrían sanar en 90 días, según consta en el expediente judicial al que se tuvo acceso.

Cruz Bonilla es empleado de la empresa Servicios de Seguridad y Limpieza (Sselimza), la cual tiene contratos de vigilancia con varias instituciones estatales, entre éstas la Lotería Nacional y la Procuraduría General de la República (FGR), aunque un empleado de la referida empresa, quien se identificó como Álex Torres y dijo ser colaborador del área de recursos humanos, no quiso proporcionar el número exacto de contratos de seguridad que Sselimza tiene con el Estado salvadoreño.

“Lo van a declarar que está mal de la cabeza”

Desde el viernes anterior, entre amigos y familiares de la víctima se corrió el rumor y el temor de que por alguna razón se quería favorecer al imputado, haciendo ver que padece de trastornos mentales, de esa forma evitarían que fuera enviado a la cárcel.

El mismo lunes de la audiencia inicial, parientes cercanos de la víctima volvieron a externar ese temor a El Diario de Hoy.

En el expediente judicial, en el folio 7, en la Hoja de chequeo clínico que le practicaron en la policía, se lee: “PDL (privado de libertad) manifiesta que tomaba vitaminas para el dolor de cabeza pero que hace algunos días dejó de tomarlas porque se sentía bien de salud. Los compañeros (policías) que lo remiten me manifestaron que de la PGR (Procuraduría General de la República) les dieron un documento donde dice que padece de un trastorno, el cual el PDL dijo que no sufre de nada”.

En el mismo folio se indica que a la hora del chequeo clínico, el imputado estaba consciente, orientado en tiempo y espacio.

“Los compañeros que lo remitieron me manifestaron que de la PGR les dieron un documento donde dice que padece de un trastorno, el cual el PDL (´privado de libertad) dijo que no sufre de nada”.

Hoja de chequeo clínico, practicado en la PNC

Sin embargo, el mismo 9 de octubre, en el folio 14, un documento firmado por Ana Vilma Ayala de Martínez, defensora pública de la PGR, y dirigido al Fiscal General de la República, reza: “al ser entrevistado (Cruz Bonilla) éste manifestó que adolece de problemas mentales desde hace varios años, por lo que es necesario (…) que se libre oficio a Medicina Legal para que se le practique un peritaje sicológico, siquiátrico y social de inspección de campo a Mario Santos Cruz Bonilla”.

El peritaje debía estar listo para cuando se hiciera la audiencia inicial contra el imputado. Esa solicitud no tiene hora en que fue enviado por la PGR o recibido por la Fiscalía.

La Fiscalía, sin embargo, no hizo lo que la PGR le solicitó en cuanto al peritaje.

Fue hasta el mismo día de la audiencia inicial, según el folio 36, que la titular del Juzgado Décimo de Paz, a las 10:45 del 12 de octubre, poco antes de la audiencia inicial, giró un oficio a Medicina Legal para que le practicaran el peritaje.

“…existen indicios de la existencia de un trastorno mental en el señor Cruz Bonilla, constando además en las diligencias de investigación, la petición por parte de la Procuraduría General de la República, de peritaje sicológico y siquiátrico del imputado, en consecuencia líbrese oficio al IML con el objeto de que se efectúe los estudios antes mencionado a efecto de que sean agregados al presente proceso penal, antes de la celebración de la audiencia inicial respectiva”.

El peritaje estuvo listo antes de la audiencia inicial.

Y el IML determinó, mediante una entrevista al imputado, que este es esquizofrénico.

Empresa tendría que responder a la víctima

De acuerdo con fuentes judiciales, la empresa Sselimza tendría que responder subsidiariamente ante la víctima por los daños causados por el empleado. Sin embargo, eso se determinará en la etapa de instrucción del proceso judicial.

Según Álex Torres, colaborador de recursos humanos de Sselimza, lo ocurrido el miércoles anterior con uno de sus empleados son cosas circunstanciales.

Torres indicó que Cruz Bonilla no tenía mucho tiempo de haber ingresado a la empresa, sin embargo, no fue específico en cuanto al tiempo que tenía de estar laborando como uno más de sus guardias de seguridad.

En cuanto a la responsabilidad civil, Torres afirmó que un abogado de la empresa estaba estudiando el caso y que no podía detallar más sobre ese aspecto.

Ante la pregunta de cómo fue posible que la empresa contratara a una persona con esquizofrenia, Torres explicó que al ahora imputado se le exigieron todos los requisitos que la Ley de Servicios Privados de Seguridad exige.

Dos de esos requisitos son estar en buen estado de salud mental y en condiciones físicas aceptables para la función que desempeñará conforme a certificación médica y poseer licencia para uso de armas de fuego.

De acuerdo con el Ministerio de la Defensa, uno de los requisitos generales para obtener la licencia de portación de armas de fuego es haber aprobado exámenes sicológicos teóricos y prácticos.

Desde el lunes en la tarde, Mario Santos Cruz Bonilla está recibiendo atención siquiátrica en el hospital público de esa especialidad, mientras que la joven de 20 años, continúa en otro hospital público, con la incertidumbre de no saber si cuando le quiten el vendaje de los ojos, volverá a ver y continuar estudiando inglés con la beca que su padre le había conseguido.