Una nueva ley de amnistía maquillada como una ley de reconciliación. Eso es lo que buscan evitar los sobrevivientes y víctimas del conflicto que ayer, junto con Benjamín Cuéllar y Pedro Antonio Martínez, presentaron un escrito ante la Sala de lo Constitucional.
Con ese objetivo, en el escrito se le pide a la Sala que le otorgue una nueva prórroga a la Asamblea Legislativa para promulgar la ley de reconciliación que la misma Sala le ordenó emitir en la sentencia dictada el 13 de julio de 2016.
En julio pasado, la Sala otorgó una primera prórroga de cuatro meses para que los diputados emitieran la ley de reconciliación a más tardar en noviembre. Una nueva prórroga podría extender el plazo hasta marzo. Pero ¿cuánto más pueden tardar los diputados para emitir una ley que garantice el derecho a la verdad y a la justicia?
Carlos Francisco Palacios, cuyo hermano sacerdote fue asesinado en junio de 1979 en Santa Tecla, espera que los legisladores no se tarden “otros veinte años”, sino “que sea lo más pronto”. Recordó que muchos sobrevivientes están esperando “que se juzgue a los victimarios y que se repare a las víctimas”.
En el escrito también se solicita que se le exija a la Asamblea informar sobre la metodología y los criterios usados para llevar a cabo las “consultas” a los sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado.
Juan José Romagoza viajó desde la costa de Usulután para acompañar a Cuéllar y Martínez en la presentación del escrito. Cuestionado sobre porqué cree necesaria una prórroga para que la Asamblea emita la ley de reconciliación dijo: “Hemos visto que no han habido entrevistas honestas, transparentes, a las víctimas. Nos da tristeza ver que han venido algunas víctimas y han sido presionadas, han sido entrevistadas incluso estando ahí los victimarios. Eso no es saludable”.
Benjamín Cuéllar también cree que el proceso de consulta llevado a cabo por los diputados debe mejorar: “Las víctimas tienen que ser preparadas, porque si no pueden ser objeto de manipulación y después decir ‘la señora dijo que se conforma con los huesitos’, no pidió justicia, verdad ni reparación”.
Por lo anterior, el escrito pide: “Se otorgue a la Asamblea una nueva prórroga del plazo para aprobar la Ley, que sea lo suficientemente amplio para permitir una participación efectiva de las víctimas en el proceso tal como lo han establecido esta Sala, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Además, se le pide a la Sala que le ordene a la Asamblea “planificar, publicar y ejecutar una metodología de participación efectiva e incluyente de las víctimas durante el proceso de su diseño, discusión y elaboración; es decir, que las tome en cuenta en la gestación del mecanismo para llevar a cabo las consultas, durante la realización de estas y en el marco de la formulación de la Ley”.
Por último, se le solicita a la Sala establecer fecha y hora para una audiencia de seguimiento de cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía donde “todas las instituciones estatales involucradas informen acerca de los avances al respecto tal como se ha hecho en los años anteriores”.
La sentencia de inconstitucionalidad 44-2013/145-2013 emitida por la sala en julio de 2016, declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y estableció que la Legislativa Legislativa debía regular “los medios para garantizar el acceso a la información pública sobre los hechos y sus circunstancias relacionadas con los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ocurridos durante el conflicto armado y atribuidos a ambas partes” y “considerar las medidas de reparación integral a las víctimas que fueren necesarias para garantizar su satisfacción, compensación y reivindicación, así como las medidas de no repetición de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH”. Para ello le dio un plazo a fin de emitir una ley de reconciliación que estableciera las disposiciones y medidas ordenadas por la Sala.