Vetos de Bukele dejan en el limbo derechos humanos en cuarentena

Abogados advirtieron que Bukele juega con los tiempos. Al vetar decretos por inconstitucionalidad, retrasa cumplir con resoluciones de la Sala de lo Constitucional sobre garantías fundamentales

El jueves, el Congreso superó el veto a la ley que protege los derechos de la ciudadanía durante la emergencia sanitaria. La Procuraduría de Derechos Humanos ha recibido más de 700 denuncias en esta crisis. Foto EDH / Archivo

Por Diana Escalante

May 01, 2020- 22:00

Abogados consultados por El Diario de Hoy coinciden en que la práctica del Ejecutivo de vetar por inconstitucionalidad los decretos emitidos por la Asamblea Legislativa que buscan garantizar los derechos ciudadanos, en el marco de la emergencia por el coronavirus, es para ganar tiempo y retrasar que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y eso tenga un efecto válido.

Esto debido a que las condiciones por las que se emitieron dichos decretos pueden haber cambiado, porque la mayoría son temporales. En eso coincidieron el viernes los abogados Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana; Francisco Bertrand Galindo, exministro de Seguridad; y Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades.

Dos de los decretos que el presidente de la República, Nayib Bukele, vetó recientemente por supuesta inconstitucionalidad y que fueron superados el jueves por el Legislativo son la ley especial para proteger los derechos humanos de las personas durante la pandemia del COVID-19 y el que contiene regulaciones para el retorno de salvadoreños varados en el exterior.

Escobar además critica que el mandatario quiere ser el único protagonista en cuanto a las medidas que se han adoptado para hacerle frente a la emergencia sanitaria.

“Solo es el Ejecutivo es el que toma las decisiones y no hay espacio para que otro órgano quiera intervenir en las regulaciones y en los controles que se están efectuando. Por eso es que el Gobierno está con la actitud de vetar lo que emite la Asamblea”, opinó Escobar.

A su juicio, en el veto al decreto de protección de derechos lo que había de fondo al utilizar la figura del veto inconstitucionalidad era ganar tiempo, ya que si Bukele lo hubiera vetado por inconveniente , el Congreso podía superar el veto y enviarlo al Ejecutivo, quien no tendría otra opción que sancionarlo y mandarlo a publicar al Diario Oficial para que terminara el proceso de formación de ley.

Sin embargo, al usar la figura del veto por inconstitucionalidad lo que hace el presidente es dilatar el procesos de formación de ley y obliga a que la Sala conozca y en esta etapa se “consume tiempo”.

Al respecto, Bertrand Galindo consideró se puede suponer que el mandatario está actuando “con toda la intencionalidad”, pero matizó que lo hace en los plazos que establece la ley.

Para el abogado no se puede hacer una regla general de decir que “todos los vetos son malos” y que cada caso debe ser estudiado por la Sala. Sin embargo, adelantó que probablemente las resoluciones de la Sala sobre los vetos salgan después o cerca del final la necesidad estos decretos. Lo más importante, añadió, es que se vaya fijando la jurisprudencia y las reglas futuras sobre cómo se deben hacer en estos procedimientos.

Javier Castro, director del departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), advirtió que la forma de proceder de Bukele de “jugar con los plazos hasta el final” es para no cumplir con la resoluciones de la Sala. Agregó que al analizar el contenido de los vetos de protección de derechos y compatriotas varados, estos carecen de sustento jurídico.

“Preocupa esta dinámica de resistencia a acatar los fallos. (El Ejecutivo) insiste en emitir decretos ejecutivos que no cumplen lo que dice la Sala y leyes que son aprobadas por la Asamblea, que quieren venir a proteger derechos, terminan siendo vetadas. Es preocupante porque en un estado de derecho no se puede admitir el desacato a las resoluciones de la Sala”, apuntó Castro.

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