Eugenio Mancía Romero, comerciante de gallinas en Caluco, Sonsonate, cumple una pena de cinco años de prisión por extorsión, aparentemente de manera injusta.
Él fue denunciado por una comerciante, quien era su competencia, pero que ahora es procesada en los tribunales de justicia junto a tres policías, con quienes se habría aliado para inventarse la extorsión con la que condenaron a Mancía Romero. La intención de la ahora imputada era sacar del negocio de la venta de gallinas al comerciante condenado, según el acusador particular y la familia de Mancía Romero.
Uno de los hechos que le ha dado esperanza a la familia de Mancía Romero de que le anulen la condena es que la mujer y los tres policías, quienes son procesados en libertad, enfrentarán juicio por fraude procesal. La decisión fue tomada el 16 de mayo pasado por el Juzgado de Primera Instancia de Izalco, Sonsonate.
El juez encontró los indicios necesarios en pruebas documentales, peritajes y testimonial de la presunta participación de los cuatro imputados en la aparente farsa de la extorsión contra de Mancía Romero.
La comerciante Rosalina Zepeda de Machuca habría inventado la extorsión en contra de su competencia porque, supuestamente, quería sacarlo del negocio, ya que según los familiares de Mancía, este le estaba ganando el mercado de la venta de gallinas a la ahora procesada.
Rosalina de Machuca, quien en el proceso judicial donde condenaron a Mancía Romero, actuó como víctima con régimen de protección, se alió con los tres policías, entre éstos un investigador antiextorsión de Sonsonate, según el acusador particular, Rolando Aparicio Solórzano. Por los testimonios de la mujer y de los policías, Mancía Romero fue condenado el 16 de agosto de 2017 a cinco años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Sonsonate.
El comerciante ya cumplió dos años y un mes de la pena que, según su esposa, le dieron de manera “injusta”.
El abogado Aparicio Solórzano aseguró que los agentes de la Policía, Luis Alonso Santos, investigador antiextorsión; Oseas Edwin Torres y Jorge Alberto Jiménez; confabularon con la comerciante para acusar falsamente a Mancía.
Hace algunos días se fue a buscar a la señora Rosalina de Machuca al restaurante de su propiedad para conocer su versión, pero los empleados dijeron que ella andaba dejando un pedido de gallinas y que no sabían a qué hora iba a regresar.
Lo que más le decepciona a la esposa del comerciante condenado es que los tres policías y De Machuca están libres.
“Mi esposo está condenado, mi esposo está pagando por algo que no debe, mientras ellos andan afuera y la señora anda afuera”, dijo la señora y recriminó por lo que ella considera la falta de una verdadera justicia. “¿Por qué tanta injusticia? ¿Porque la justicia ahora no es justicia, es injusticia?”, cuestionó.
Y lo que más le preocupa es que dos de los tres policías todavía siguen destacados en el puesto policial de Caluco, Sonsonate; lo que le genera temor de que algo le pueda pasar a ella y a sus hijos.
“Nosotros tenemos miedo, yo tengo miedo, tantos casos de policías que se han dado que llegan a los testigos a matarlos, yo vivo con ese miedo. No vivimos tranquilos, a pesar de que no hemos hecho nada”, dijo la esposa.
Cree oportuno hacerle un llamado a las autoridades policiales para que puedan trasladar a los tres policías hacia otras zonas y así no poner sus vidas en peligro.
El abogado Aparicio Solórzano explicó que las investigaciones del supuesto fraude procesal surgieron a raíz de las contradicciones e incoherencias de los policías en las declaraciones que rindieron en el juicio contra Mancía Romero.
“Este tamal lo venían armando desde antes; mintieron ante sede judicial, este es fraude procesal, de llegar ante el juez de Sentencia y hacerlo entrar en error”, agregó.
Lo que le parece ridículo al abogado es que a su defendido lo acusaron de extorsionar con 40 dólares a la supuesta víctima de su mismo dinero, porque él andaba en su bolsillo 300 dólares, producto de la venta de gallinas. Además el pick up que manejaba, hacía tres meses que lo había comprado en una agencia automotriz.
Contradicciones y anomalías
Aparicio Solórzano consideró que la jueza de Sentencia no valoró lo dicho por los testigos de descargo y solo le dio credibilidad a los policías. Aseguró que los tres policías mintieron en el juicio en contra del comerciante y, precisamente, por esas mentiras es que están siendo procesados por fraude procesal en compañía de la comerciante que supuestamente se inventó la extorsión.
Una de las contradicciones en el proceso es que tanto el investigador como la comerciante, quien dijo ser víctima, dijeron que no se conocían antes de la supuesta extorsión.
Pero las bitácoras de los celulares, tanto del investigador como de la supuesta víctima, revelaron que los dos tuvieron comunicación telefónica antes, durante y después de la detención de Mancía Romero.
“Se tomaron entrevistas con personas afines, ya teniendo las identidades de los dos, y resulta que tanto el investigador como la señora tenían una relación sentimental, desde ahí podemos partir que la intención del investigador era quedar bien con la señora y ella quitar de en medio a la persona que era su competencia”, aseguró el abogado Aparicio Solórzano.
Otra de las evidencias que, según el abogado, demuestra que el investigador mintió fue cuando aseguró que estaba en la Unidad Antiextorsiones de la Policía de Sonsonate, pero la antena de la señal de su celular registró que estaba en Caluco. “El investigador no solo ha mentido en cómo sucedieron los hechos, sino que dónde se encontraba él ubicado y es prueba pericial”, sostuvo.
Otras de las contradicciones que señala, es que los agentes que dicen haber recibido la supuesta denuncia de extorsión tenían que andar patrullando separados, en distintas zonas de Caluco, no tenían que haber estado juntos.
El agente y los tres soldados que hicieron la captura de Mancía Romero llegaron en un pick up rojo y resulta que la supuesta víctima tiene un pick up también rojo.
La supuesta víctima le dijo a los policías que un hombre desconocido que andaba en un pick up blanco iba a llegar a traer la extorsión. Sin embargo, en su declaración en el juicio, ella dijo que tenía un año de conocer al comerciante.
Entre las irregularidades que constan en el proceso es que uno de los policías apuntó los números de serie de los dos billetes que habría recibido la supuesta víctima en una agenda, cuando la ley establece que tiene que levantarse un acta.
Así también, el agente que recibió la denuncia verbal de la supuesta víctima le dio la clave 1739-4 para ser identificada en el proceso cuando no le correspondía asignarle una clave a la supuesta víctima.