En un comunicado circulado ayer, 19 universidades del país exigen una pronta aprobación de una Ley de Servicio Público.
“Es urgente avanzar en la modernización de la Función Pública para que el Estado salvadoreño pueda cumplir con las obligaciones que establece la Constitución” de asegurar el pleno goce de los derechos a la ciudadanía, manifestaron los líderes de estas instituciones académicas.
Esta ley, añaden, es un paso firme “en la construcción de una administración imparcial, profesional y eficiente”.
Al respecto de esta postura, la presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Claudia Umaña, expresó que es “fantástico que 19 instituciones de educación superior se unan a este urgente llamado a modernizar la función pública”.
Como miembro del equipo impulsor de esta ley, Umaña enfatiza que las universidades son aliadas clave pues tienen el potencial de formar a las nuevas generaciones en una materia “vital para una carrera administrativa en el sector público y que las personas que entren lo hagan por méritos”.
Según Umaña, el país está “en el peor de los mundos” en materia de función pública. Esto, porque hay muchas personas que alcanzan cargos sin merecerlos o por tener conexiones en la administración pública, y buenos funcionarios cuya estabilidad laboral depende de los vaivenes de la política.
Por eso, añade, es clave que organizaciones se sumen a apoyar el proyecto que se discute en el Legislativo y sobre el cual hay una comisión tripartita (del gobierno, sindicatos y sociedad civil) que alimenta la discusión.
Umaña urge a la comisión ad-hoc seguir analizando la ley, pues su trabajo se ha estancado, lamenta.