A principios de la década de los 90, en el municipio de Meanguera, el primero que se encuentra cruzando el río Torola, al norte de Morazán, 8,400 salvadoreños que retornaron de la localidad de Colomoncagua, Honduras, donde vivían como refugiados a raíz de la guerra civil, echaron a andar un proyecto de desarrollo alternativo al modelo económico capitalista.
Ese “modelo alternativo” fue desarrollado en la Comunidad Segundo Montes, específicamente en cinco lugares donde se asentaron los retornados: colonias Hatos 1 y 2, caserío El Barrial, caserío San Luis, y Los Quebrachos, este último del municipio de Jocoaitique, siempre en Morazán.
“El sueño que traíamos de allá (Colomoncagua, Honduras) era bonito. Nos pintaron un panorama en el que iba a haber trabajo para todos en los talleres, que todos tendríamos vivienda digna”, dice Elia Argueta, quien trabajó como maestra popular, tanto en el campamento de refugiados como en los inicios de la Comunidad Segundo Montes.
Por varios años, el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se ufanó de aquel ensayo económico alternativo al modelo capitalista, que tomó como forma de gobierno, la Asociación Comunal Segundo Montes.
Pero a la vuelta de pocos años, aquel proyecto no logró alzar vuelo. No había terminado la década de los 90 cuando el Banco Comunal de Morazán (Bancomo) comenzó a trastabillar desapareciendo cientos de miles de colones de los ahorrantes.
“Yo perdí poquito, como 200 colones. Nos decían que si teníamos 10 o 25 pesos (colones) lo podíamos ir a dejar para ahorrarlos”, dice Ignacio García.
“Ese banco duró como seis años. De ahí se fue acabando. Un mi hermano perdió como 15 mil pesos, pero hubo gente que perdió como 30 mil. A saber quién se quedó con todo eso”, agregó Ignacio, que a sus 92 años, todavía cultiva la tierra.
En la actualidad, como vestigio de aquella iniciativa comunal solo queda la bóveda donde se guardó el dinero de muchos vecinos que fueron estafados, según dicen algunos de los entrevistados; en el inmueble en la actualidad funciona un supermercado cuyos dueños acceden de buena gana a mostrar dónde estaba la bóveda del otrora banco.
Como último vestigio, la puerta de la bóveda aún conserva un medallón de metal con la descripción de los atributos de la misma y de dónde fue fabricada.
En las cinco comunidades que conformaron la Comunidad Segundo Montes (Hatos 1 y 2, El Barrial, San Luis (del municipio de Meanguera) y Los Quebrachos, del municipio de Jocoaitique, no cuesta mucho encontrar a personas que hablen de aquel banco donde muchos depositaron sus ahorros y esperanzas y acabaron defraudados, perdiendo su dinero si obtener siquiera una explicación de parte de los dirigentes.
Nadie que haya sido afectado por ese banco habla bien del mismo. Hablan de timo, de estafa. Hablan con resentimiento.
Miguel Guevara trabajó como asesor de créditos del Bancomo. Para el fue una experiencia muy buena. Su trabajo era de campo pero el sueldo era bueno. Ganaba entre 600 y 800 colones al mes, lo cual era, dice él, un gran sueldo si se toma en cuenta que venía de luchar sin recibir sueldo.
Miguel dice que el Bancomo comenzó a quebrar allá por 1996 debido a una mala administración.
“Quebró por una mala política de asignación de créditos. La cartera de créditos era buena pero el problema fue que la gente venía de luchar en una guerra y veía en cada proyecto como algo gratis, además de la otorgación de créditos a gente que no tenía capacidad de pago”, sostiene Miguel.
Bancomo nunca funcionó al amparo de la legalidad. Nunca tuvo personería jurídica y también por eso no tenía fuerza legal para recuperar créditos de hasta un millón de colones otorgados a gente conocida del FMLN que obtuvo créditos mediante la fundación de oenegés, afirma Miguel, quien perdió por completo el brazo izquierdo durante un fiero combate en el cerro Cacahuatique
Los otros proyectos fracasados
Paralelo al fracaso del banco comunitario, otras áreas de aquel “modelo económico alternativo”, iban decayendo. Las granjas avícolas, de cabros, de cerdos y de conejos, la fábrica de embutidos, la empresa de autobuses, etc, también dejaron de existir.
La idea de ser una comunidad autosostenible, que no tuviera necesidad de trasladarse a municipios vecinos, al sur del río Torola, para suplir sus necesidades de subsistencia, se desmoronaron poco a poco.
Ahora, las instalaciones de las granjas avícolas han vuelto a cobrar vida. Hay granjas pero ya no pertenecen a los habitantes de la Comunidad Segundo Montes; ahora están en manos privadas y llevan muchos años funcionando como negocios prósperos, afirman vecinos de las mismas.
En cuanto a los inmuebles donde funcionaron las granjas de cabros, cerdos y conejos, solo hay terreno rústico y con pocos vestigios de aquellas granjas que en su momento fueron fuentes de empleo para los mismos pobladores.
No son pocos los vecinos que aseguran que varios terrenos fueron hipotecados por los líderes comunales que administraban la asociación; estos recibieron cuantiosos prestamos a nombre de la asociación, que después no quisieron o no pudieron pagar; los bancos se adueñaron de los inmuebles y al no poder recuperar su dinero, los subastaron. Ahora son propiedad privada.
Darío Alejandro Chicas Argueta, quien por tres períodos (2006 al 2015) fue diputado por el FMLN, es una de las personas señaladas como de los máximos dirigentes de la Asociación Comunal Segundo Montes y que estarían aprovechando de algunos bienes de esa asociación.
Chicas da su explicación: el proyecto fracasó debido a diversos factores, entre éstos sabotajes, como un asalto al Bancomo y las pugnas o confrontación con dirigentes del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) por quedarse con algunos proyectos o infraestructura.
Del asalto no recuerda bien la fecha y dice que solo se acuerda que se puso denuncia en la ONUSAL (Misión de Observadores de la Organización de Naciones Unidas para El Salvador) porque entonces en Meanguera no había policía.
“Yo creo que a la larga pudo haber algo de eso de que fue mala administración. No es lo mismo producir para el mercado local que cuando se tiene que competir a través de licitaciones”, afirmó Chicas.
Por su parte, Dorina García, quien acepta que también es parte de la sociedad cooperativa Productores Corporados, tiene su explicación sobre el fracaso de la asociación.
Dorina dice que si las cosas no dieron resultado, pues no hay nada qué hacer.
“Por ejemplo, las tiendas (eran cinco, llamadas Super Montes) se tuvieron que cerrar porque no se vendía. Al principio vendíamos pero luego fue cayendo toda la parte productiva, además, el problema de tierras que se dio con los propietarios, algunos no quisieron vender; incluso cuando teníamos ganadería, hasta envenenaron ganado. Esa es la historia”, dice.
Dorina admite ser parte de Productores Corporados, la empresa registrada en junio de 2010 por Chicas Argueta, pero a pesar de que acepta que se han quedado con varios inmuebles o han vendido algunos, dice que rinden cuentas al Estado cada vez que hacen sus declaraciones de renta, pero no a la comunidad.
“Si la gente dice que uno está robando, pues que lo digan, pero nosotros por qué les vamos a dar cuentas a ellos. Cuando ya cada quién fue una persona jurídica, cada quien tenía que responder por lo que tenía, si salía bien o salía mal”, argumentó.
Dorina dice que fue la Fundación Segundo Montes la que gestionó todo sobre el modelo económico alternativo, y que fue esa misma quien decidió que esos inmuebles quedarían así (en manos de algunas personas). “Eso lo decidió la Fundación Segundo Montes que todavía existe”, aseveró, añadiendo que actualmente el representante legal es Juan José Lucas Aguilar Argueta.
El Diario de Hoy visitó la sede de esa fundación para obtener la versión de su representante legal. Dijeron que no estaba. Se les explicó cuál era el propósito de la visita y se les dejó un número de teléfono del periodista con quien podrían comunicarse.
Aguilar Argueta es uno de los dueños de la Radio Segundo Montes que actualmente es miembro de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (Arpas), con alcance regional en la frecuencia modulada 92.1 FM.
Pero resulta que la radio que nació también bajo el modelo económico alternativo, con la ayuda de los pobladores de la comunidad Segundo Montes y con ayuda internacional de países europeos y organizaciones internacionales, ahora es propiedad privada.
La empresa dueña de la Radio Segundo Montes está registrada en el CNR como Servicios de Comunicación Verde Salvadoreña, S.A. de C.V. Documentos públicos y versiones de vecinos de la comunidad señalan a Aguilar Argueta y a María Elena Romero Molina, como los representantes de esa empresa.
Romero Molina también fue presidenta de Arpas, según consta en algunos contratos de publicidad, por varios miles de dólares, firmados por ella con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu).
No obstante, que las facturas por la publicidad son emitidas bajo el nombre de Servicios de Comunicación Verde Salvadoreña, de la cual Aguilar Argueta y Romero Molina aparecen como propietarios, Arpas explicó que la frecuencia 92.1 FM es de su propiedad y que la comparte con las (radios) asociadas, añadiendo que las radios comunitarias son sin fines de lucro y que, por tanto, no hay un dueño, pues son administradas por colectivos de las comunidades.