En el día de la Administración Pública, expertos en el área disertaron ayer en un foro virtual sobre los retos que afrontan los funcionarios públicos, quienes tienen por delante oportunidades amplias de mejora coincidieron los ponentes.
Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), organización que organizó el conversatorio, opinó que la pandemia de COVID 19 abre la puerta a que los gobiernos lleven adelante reformas para mejorar la atención a los ciudadanos.
“La administración pública debe reinventarse y tratar de adaptarse a esta nueva situación, a las nuevas necesidades, si no será imposible lograr un futuro mejor y que esta nueva normalidad suponga una mejora en la calidad de vida”, expuso el rector.
A decir de Oliva, la administración pública tiene tres aspectos clave: la universalidad de los servicios públicos que presta, la transparencia en el manejo de los recursos y la eficacia con la cual los usa.
Fernando Velásquez, del Centro Latinoamericano de Administración (CLAD), explicó que Latinoamérica invierte un 10% menos en la función pública que el promedio global de países, y la inversión pública es un 3% menor también.
A su juicio, tras la pandemia la región tiene tres retos básicos: fortalecer los servicios públicos, para lo cual debe aumentar la cantidad de funcionarios y servidores públicos acorde a la debida transparencia en el uso de los recursos. Aumentar el gasto público y afrontar de forma decidida la cuarta revolución digital en la prestación de servicios.
Claudia Umaña, del Equipo impulsor de la función pública, consideró que la pandemia representa una oportunidad para que tanto el Gobierno, como los aspirantes a diputados de todos los partidos se comprometan a impulsar una nueva ley que garantice el buen funcionamiento del Estado con base a méritos de los empleados estatales que además les garantice oportunidad de avance dentro de la carrera de administración pública.
“El equipo promotor es resiliente, mantiene el dedo sobre la llaga. Ahora es un excelente momento, tenemos un gobierno nuevo y se ha dado cuenta que el manejo del gobierno tiene una complejidad”, afirmó en referencia a que el proyecto de Ley de Función Pública es un esfuerzo que impulsan desde hace varios años, y que ha retomado parte del proyecto que impulsó desde la subsecretaría de Gobernabilidad en los gobiernos del FMLN José Antonio Morales, quien ayer moderó el conversatorio.
Por su parte Ana Elena Badilla, representante de ONU mujer en El Salvador, sostuvo que es importante que además esa reforma a la función pública se dé relevancia al papel de la mujer, pues precisamente El Salvador está atrás en la inclusión de féminas en la función pública.
Badilla explicó la importancia de tener un enfoque paritario, para que la participación de la mujer en la política sea relevante y no secundario pues aunque ha habido avances en el país, aun se dan casos en donde el rol de la mujer queda relegado a las suplencias. Puso de ejemplo de que aunque hay 26 diputadas titulares en la Asamblea, hay 49 que son suplentes. Además, solo un 11% de las alcaldías del país son mujeres.
“La discusión sobre cuotas de mujeres está superada. Las cuotas empezaron a impulsarse en los 90 porque mediante los procesos normales de los partidos políticos y las elecciones las mujeres no estaba siendo elegidas”, dijo Badilla, para quien la inclusión de más mujeres es vital en la nueva concepción de la función pública.