El estudio sobre lucro electoral en tiempos de crisis, realizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico (Fusades), señala la urgencia de una reforma electoral que sanciones explícitamente la promoción personal de los funcionarios.
Además, tras analizar los resultados de los casos sancionados en las elecciones de 2018 y 2019, la organización determinó que fueron pocos los sancionados y las multas que se les impusieron fueron “intrascendentes” frente a las altas sumas de dinero que los partidos políticos invierten en la campaña electoral.
Fusades recuerda que está pendiente reformar el sistema sancionatorio y actualizar montos en el Código Electoral. También señala la relevancia de resolver pronto los casos denunciados, pues en los dos comicios pasados el 71% de expedientes condenatorios se resolvieron después de las elecciones.
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“Si bien en todos los procesos se ordenaron medidas cautelares que dejaron sin efecto las prácticas investigadas, aquellos carecieron de la fuerza moral y ética del castigo para quienes no respetan las reglas del juego”, advierte el tanque de pensamiento.
De acuerdo a Fusades, mientras el monto de las multas siga siendo “insignificante” dentro de un presupuesto de campaña y no se consideren sanciones administrativas que impidan la candidatura, o que se considere la cancelación del partido político, las violaciones a la ley continuarán.
Al respecto, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, opina que debe haber una reforma amplia que corrija todas estas irregularidades. Agrega que luego de los comicios legislativos, municipales y del Parlamento Centroamericano de 2021, el organismo va a proponer la creación de un nuevo Código Electoral. La ley vigente data de 1992.
“Debería aprobarse un nuevo Código Electoral; no se puede estar con una legislación parchada. Como Tribunal tenemos el compromiso de dejar un legado a las futuras generaciones de una legislación electoral que se adecue a la actualidad. Las leyes tienen que adecuarse porque las sociedades son cambiantes. Podemos controlar el quehacer de la prensa televisiva, radial y escrita pero el tema de las redes sociales: ¿Quién iba a decir que las redes sociales iban a ser tan trascendantales hace cinco año como lo son ahora? Es un tema que hay que trabajar”, expresa Orellana.
Sobre la entrega de ayuda de los candidatos a alcaldes, Jorge Schafik Hándal, diputado del FMLN, cree que hay que legislar no para impedir la acción, sino para regularla. Él señala que hay funcionarios que buscan reelegirse pero ante una situación de calamidad están obligados a asistir a la gente y cualquier gesto que haga se puede ver como campaña adelantada.
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“Hay que ver qué es lo que se puede hacer y lo que no. Tenemos que tener cuidado porque vamos a meter tantas prohibiciones que al final tampoco se va a poder hacer nada”, dice el legislador.
Julio Fabián, de ARENA, está de acuerdo en que se regule que un funcionario que busca reelegirse no pueda promover su imagen usando recursos públicos.
“Eso tiene que regularse, un alcalde o un ministro no puede andar diciendo (al entregar una ayuda): “aquí les traigo, en nombre del alcalde, porque no es él quien se mete la mano en la bolsa. De igual manera los ministros”, expresa Fabián.
Hándal cree que debe revisarse el Código Electoral y si es necesario hacer uno nuevo; Fabián opina que hay que hacer uno nuevo, en el sentido de separar la parte jurisdiccional de la administrativa.