Hace más de un año, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla ordenó que la Policía Nacional Civil mantuviera “permanente vigilancia” en la exfábrica de Baterías de El Salvador, que se incendió el domingo por la noche.
La planta, situada en San Juan Opico, La Libertad, está en poder del Estado desde 2007, cuando fue clausurada por autoridades de salud que argumentaron que contaminaba la zona. No obstante que estaban bajo responsabilidad de las autoridades, las instalaciones fueron consumidas por el fuego.
“Se ordena a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, la vigilancia permanente de las instalaciones de la Ex-Fábrica de Baterías de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable… a fin de evitar daños a las bodegas de almacenamiento de cenizas y escorias, y la sustracción por particulares de los materiales contaminantes”, dice la resolución emitida el 5 de julio de 2019.
Sin embargo, la noche del siniestro no había seguridad y había visibles señales de incursión de personas desconocidas, según informó el Cuerpo de Bomberos.
La Policía Nacional Civil no se ha pronunciado al respecto y su director, Mauricio Arriaza, se ha limitado a decir que “hay sospechosos” de haber provocado el incendio.
“Cada vez que se entró a hacer diligencias se debía contar con el permiso de la Fiscalía, el MARN, el tribunal y la policía y quienes llegaban debían hacerlo con personal del Ministerio”, explica el abogado de la empresa, Arturo Muyshondt, quien entonces no se explica cómo había un saqueo continuo. Muyshondt no descarta que el incendio se debió a que quienes extraían el plomo lo hacían con fuego.
El abogado recuerda que también le envió una carta al Fiscal General, Raúl Melara, en la cual le expone sobre el saqueo y le anexa fotos y datos de quiénes supuestamente están vendiendo el plomo que se extrae de la fábrica.
Según el abogado, personas no identificadas del Sitio del Niño extraen el plomo y lo convierten en barritas de soldadura para venderlo en mercados de la zona norte.
Carta a Bukele… sin respuesta
En vista del saqueo, la indefinición sobre la situación de la fábrica y actos de corrupción alrededor del caso en anteriores gobiernos, Muyshondt reveló que en octubre pasado le pidió una audiencia al presidente Bukele, pero no recibió respuesta.
El domingo, el presidente se mantuvo activo en redes sociales dándole órdenes a sus funcionarios sobre las operaciones en la zona del siniestro. En uno de los mensajes, el gobernante dice que se trata de “una fábrica abandonada, sin electricidad conectada, casi nadie se acerca a ella y fue parte fundamental de juicios controversiales en el pasado”.
En la misiva que le envió a Bukele, Muyshondt le dice que le mandó notas al presidente anterior, Salvador Sánchez Cerén, acompañadas de evidencias, “de un intento de fraude por parte del MARN por alrededor de 33 millones de dólares”.
La carta enviada a Bukele, a la cual tuvo acceso El Diario de Hoy, tiene fecha 19 de octubre de 2019 y el sello de recibida en Casa Presidencial el 21 del mismo mes.
En la carta al gobernante, Muyshondt le hace ver que quiere exponerle “actos de corrupción y arbitrarios por parte de los gobiernos anteriores”, específicamente entre los años 2007 y 2019.
“Por lo delicado de los casos considero que deben ser de su conocimiento”, enfatiza el abogado en la misiva.
“En notas que le envié presidente anterior le envié pruebas de un intento de fraude por alrededor de TREINTA Y TRES MILLONES DE DÓLARES. Usted puede ver en los archivos de Casa Presidencial, si es que existen”, le dice Muyshondt a Bukele.
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Según el abogado, esa era la cantidad que estaba gestionando el MARN que erogara el Gobierno de entonces para la remoción de toneladas de escoria en la planta, cuando la empresa había arreglado que una firma coreana lo hiciera gratis.
En 2015, el MARN informó que ya había solicitado $25 millones al Ministerio de Hacienda con ese propósito. Ahora se habla de $111 millones para la operación y, según Muyshondt, los coreanos ya no tienen intenciones de llevársela.
Se pidió una posición al respecto a la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial, pero no hubo respuesta.