El incumplimiento a la Ley de Enriquecimiento Ilícito y la Constitución de la República se mantiene por parte de exfuncionarios de la administración de Salvador Sánchez Cerén en la que aparecen, al menos, tres exministros, seis exviceministros y directores o presidentes de instituciones autónomas que no han presentado su informe de bienes al cierre de período.
Un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, al 3 de septiembre pasado, señala que la mayoría de exfuncionarios tiene entre 35, 34 y 24 días de incumplimiento al no presentar su declaración de cierre de período, luego que el 31 de mayo terminó la gestión del segundo gobierno del FMLN.
En el listado hay tres exfuncionarios de la Presidencia de la República: Julia Marta Orellana, quien se desempeñó como la directora ejecutiva de la Secretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción; Lucia María Silvia Guillén, comisionada presidencial para los Derechos Humanos; y Tharsis Salomón López Guzmán, comisionado presidencial para la Promoción y Desarrollo de la Inversión Privada.
Además de tres exministros, como Luz Estrella Rodríguez de Zúniga, quien ocupó tres cargos: ministra de Economía, presidenta del Consejo de Energía y presidenta del Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros.
Los otros dos exministros son: de Trabajo, Sandra Edibel Guevara Pérez; y de Relaciones Exteriores Carlos Alfredo Castaneda Magaña.
El informe de la Sección de Probidad detalla también el incumplimiento, de al menos 6 viceministros: de Agricultura, Hugo Alexander Flores Hidalgo; de Educación y Tecnología, Francisco Humberto Castaneda Monterrosa; de Políticas Sectoriales de Salud, Eduardo Antonio Espinoza Fiallos; de Obras Públicas, Emilio Martín Ventura Díaz; de Vivienda, José Roberto Góchez Espinoza; de Cooperación para el Desarrollo (RREE), Ryna Elizabeth Garay Araniva.
Asimismo, sobresalen algunos exfuncionarios de instituciones autónomas como CEPA, Nelson Eduardo Vanegas Rodríguez; del FOVIAL, Walter Hercilio Alemán Castro; Instituto Salvadoreño de Turismo, José Álvaro Cornejo Mena.
También del organismo Promotor de las Exportaciones de El Salvador, William Dalton Granadino Flores; de Bienestar Magisterial, Rafael Antonio Coto López; y ANDA, Miguel Ángel Serrano Guzmán.
Magistrado pendiente de Sección de Probidad
El magistrado de la Sala de lo Civil, Óscar López Jerez, ha tomado como propio el tema de presentación de las declaraciones de Probidad de funcionarios entrantes de la administración de Nayib Bukele así como de los salientes de Salvador Sánchez Cerén.
“Yo estoy encima del tema, quiénes han presentado, quiénes faltan que cumplan ese requisito de ley”, afirmó el magistrado.
Aseguró que está pendiente no solo de los nuevos funcionarios sino de los salientes, porque la declaración final servirá para comparar el patrimonio con el que termina el funcionario, él y su familia, el cual es comparado con la declaración de bienes presentada al inicio, y de esa manera determinar si existe un posible enriquecimiento ilícito.
De momento, dijo, se ha notificado a quienes han incumplido con la ley, pero luego se les abrirá proceso sancionatorio tal y como establece la ley.
Notifican a FGR casos prescritos
“Estamos también encima de los exfuncionarios que ya prescribieron, las Cortes anteriores no hicieron nada contra los exfuncionarios y dejaron prescribir los casos”, aseguró López Jerez.
El magistrado reveló que ha encontrado una serie de casos de funcionarios con irregularidades en sus declaraciones de bienes, aunque no profundizó ni dio detalles de quiénes se trata.
“Hemos encontrado algunas cantidades irregulares de exfuncionarios y estamos enviándolos certificados a la Fiscalía General para que investigue a nivel penal”, afirmó.