Balística, huellas y video; claves en caso de masacre de Opico
Las pruebas de balística y de huellas dactilares realizadas por el laboratorio técnico científico fueron determinantes para que un Tribunal Antimafia de Sentencia condenara a 390 años de prisión a siete pandilleros por la masacre nueve trabajadores de una empresa de distribución eléctrica y dos jornaleros, registrada la mañana del 3 de marzo de 2016 en el cantón Agua Escondida de San Juan Opico, La Libertad.
Otros dos menores pandilleros también fueron condenados, pero a penas menores. Este caso es uno de los expedientes más emblemáticos en cuanto a la investigación técnica científica realizada por el laboratorio de la Policía.
El exdirector de la Policía, Howard Cotto, aseguró en su oportunidad que el uso de las herramientas tecnológicas fue determinante en la individualización de cada uno de los responsables de la masacre y en la participación de cada uno de ellos.
“Logramos recolectar evidencias de carácter balístico en la escena del delito y vincular la participación (el uso) de algunas de las armas en este hecho criminal a la utilización de esta misma arma en otros hechos (delictivos) previos y posteriores (a la masacre)”, dijo Cotto.
Pero lo que permitió que las investigaciones tomaran su curso correcto fue el decomiso de un teléfono celular a un pandillero que murió en un enfrentamiento con policías en una colonia aledaña a carretera a Los Planes de Renderos.
El celular decomisado tenía el video que los pandilleros grabaron mientras asesinaban con lujo de barbarie a las once víctimas. Para reforzar esa evidencia técnica, se incautaron de armas de fuego y huellas dactilares.
“Esto enfiló nuestra investigación hacia los autores…Hubo que hacer un trabajo de comparativa balística y de huellas para determinar la participación de los sujetos y de la individualización de los participantes (de la matanza)”, expresó Cotto.
El juez que depuró el juicio consideró que no había necesidad de darle criterio de oportunidad a ninguno de los involucrados porque había suficiente evidencia técnica científica que involucraba a los nueve condenados. Por ejemplo, teléfonos celulares, armas de fuego, proyectiles disparados, vídeos de la matanza, entre otras evidencias para hallarlos culpables, sostuvo el juzgador.
La prueba técnica más inobjetable es el contenido del video decomisado pandilleros que murieron en el enfrentamiento con policías en el que se observa a los condenados como asesinan de forma fría a las once víctimas.
Cuerpo de la agente Carla Ayala fue reconocido vía ADN
Después de nueve meses de búsqueda, los restos de la agente de la Policía, Carla Ayala, fueron hallados en un terreno en el cantón Los Ríos de San Francisco Javier, Usulután.
Hasta ese momento, las autoridades policiales y fiscales tenían indicios de que los restos correspondían a la agente Ayala, quien fuera asesinada y desaparecida por el policía del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo.
De inmediato, la Fiscalía General ordenó la prueba de ADN para confirmar con evidencia científica de que se trataba de la policía desaparecida desde el 29 de diciembre de 2017, luego de una fiesta navideña en la sede del extinto GRP.
“Las muestras entregadas al Instituto de Medicina Legal y analizadas con los restos encontrados en San Francisco Javier resultaron positivos en la identidad de la víctima Carla Ayala”, dijo el entonces Fiscal General, Douglas Meléndez, en septiembre del año pasado.
La prueba de ADN se realizó de urgencia, gracias a que el Instituto de Medicina Legal ya contaba con alrededor de 26 evidencias como cabello, tela ensangrentada; así como muestras de sangre de tres familiares de la agente Ayala. Éstas últimas fueron tomadas entre finales de abril y principios de mayo, según lo informado por el exfiscal Meléndez en esa ocasión.
El jefe del Departamento de Biología Forense del Instituto de Medicina Legal, Boris Cornejo, detalló que las muestras obtenidas con antelación fueron cotejadas con la sangre extraída a tres familiares de la agente Ayala.
“Teniendo un resultado positivo a la investigación realizada, es decir analizando 24 marcadores polimórficos del ADN, tenemos completa seguridad de que se trata de los familiares analizados. Prácticamente con una probabilidad arriba del 99 por ciento”, dijo Cornejo.
Tres meses antes de que sus restos fueran encontrados, las evidencias científicas procesadas en el laboratorio policial revelaron que la agente Ayala había muerto por un disparo en la cabeza.
La jefa de la Unidad Antihomicidios de la Fiscalía, Guadalupe de Echeverría dijo en esa ocasión que el proyectil que supuestamente le disparó el prófugo Castillo Arévalo, tenía cabello de la víctima.
“Balística, pericia serológica y declaraciones de testigos establecen al menos un disparo en la cabeza en la víctima, por eso, aunque aún no haya cuerpo, podemos acusar por feminicidio agravado”, dijo de Echeverría.
Según las indagaciones, el asesino y otras personas enterraron el cuerpo de la víctima.
Videos y bitácoras de teléfonos fueron clave en caso Karla Turcios
Los videos de 7 cámaras de seguridad y las bitácoras los teléfonos celulares indican el recorrido que Mario Alberto Huezo hizo desde su casa en la colonia Costa Rica hasta el sitio en la carretera Santa Ana-Santa Rosa Guachipilín, donde fue encontrado el cadáver de su esposa, la periodista Karla Turcios.
En los videos se observa el vehículo dirigiéndose hacia la Troncal del Norte, hasta seguir en la Longitudinal del Norte. Las cámaras lo detectaron en la misma ruta de retorno.
La Fiscalía acusa a Huezo de haber trasladado el cuerpo de Ayala en su vehículo, hasta el lugar donde la hallaron como desconocida y que iba acompañado de su hijo de 8 años.
Asimismo en el video se logra ver la camisa que vestía el niño, la cual fue decomisada en la casa de la pareja en la colonia Costa Rica. La Fiscalía aseguró que el vehículo de Huezo estuvo por unos siete minutos en el sitio donde hallaron el cadáver de la periodista Turcios.
Lo anterior fue corroborado a través de la geolocalización, es decir, la localización del teléfono en diferentes puntos. Eso significó que geolocalizaron los teléfonos que iban en el vehículo, tanto el de Huezo como el de Karla. Estos se activaron primeramente en la casa donde vivían.
Luego se movieron en la misma dirección en la que circulaba el vehículo, desde la colonia Costa Rica hacia la zona rural de Chalatenango, Nueva Concepción y luego al sitio donde fue “liberado” el cuerpo, en Santa Rosa Guachipilín.
La Fiscalía apunta que la hora en la que Turcios fue asesinada no coincidió con lo manifestado por Huezo, quien mintió a la hora de salida de su casa (12:00 md), supuestamente a comprar agua y llevar al niño a un parque. El informe forense dice que Karla fue asesinada entre las 10:00 y 12:00 de la mañana del sábado.
El día en el que Huezo fue llevado a la morgue de Medicina Legal en Santa Ana, para reconocer a la periodista, el imputado tenía en su poder un papel doblado el cual era un escrito similar al anónimo hallado en su casa.
Huezo le aseguró a las autoridades que había olvidado entregarlo a las autoridades cuando puso la denuncia pero el primer anónimo ya estaba en manos de las autoridades.
El imputado hizo varias llamadas al celular de Karla a eso de las 4:11 p.m. del sábado, simulando estar preocupado, pero solo era para despistar y decir que le estuvo llamando y no respondió. Luego se descubrió que él fue quien lanzó el teléfono de Karla a unos siete kilómetros de donde abandonó el cuerpo.