El expresidente prófugo Mauricio Funes siempre aseguró que su gobierno en ningún momento negoció con las pandillas y que solo había facilitado el proceso para que estos grupos criminales acordaran un pacto de no agresión para reducir los altos índices de homicidios.
Esa postura de Funes fue secundada por su exministro de Defensa y de Seguridad Pública, David Munguía Payés, quien ocho años después de la polémica tregua entre pandillas, enfrenta un proceso judicial por tres delitos derivados de lo que llamó “proceso de pacificación”.
Ayer, Munguía Payés se enfrentó a su primer audiencia en el Juzgado Antimafia de Instrucción A que decidirá este día si lo mantiene en prisión por seis meses más o lo procesa en libertad con el cumplimiento de medidas, mientras se depura la etapa de instrucción y se llega a la audiencia preliminar.
“Se logra establecer que ciertamente David Victoriano Munguía Payés y Carlos Mauricio Funes Cartagena, han llegado a adecuar sus conductas, en algunos casos por acción y en algunos otros casos por omisión, en conductas reñidas con la legislación penitenciaria”, señala el requerimiento fiscal.
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Agrega que ellos permitieron que “los centros penales o de reclusión llegaran a convertirse en meros centros de alojamiento de privados de libertad, en los cuales los internos eran los que en definitiva controlaban o daban las directrices de qué objetos se podía ingresar a dichos centros penitenciarios y hacia quienes iban dirigidos”.
Al igual que Munguía Payés, el prófugo Funes también es acusado de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes porque supuestamente negociaron con las pandillas para que estos grupos criminales bajaran los homicidios.
Para ello, la Fiscalía cuenta con la declaración del testigo Noé que aseguró en una entrevista con los fiscales que Raúl Mijango, exmediador de la tregua, les manifestó a los cabecillas de las pandillas que “a ellos los había mandado directamente el Presidente de la República (Mauricio Funes) y el ministro de Justicia y Seguridad Publica (que en esa fecha era el señor Munguía Payes), para que negociaran con ellos, a fin de bajar el índice de homicidios”.
Mijango les habría dicho lo anterior en la primera reunión que sostuvieron los mediadores de la tregua y los cabecillas de las pandillas en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz.
Uno de los primeros acuerdos alcanzados por las pandillas con el gobierno fue sacar a 30 cabecillas de pandillas del régimen de máxima seguridad del penal de Zacatecoluca, La Paz, y pasarlos a reclusorios menos rigurosos con el pretexto de tener facilidad para convencer a los pandilleros de la calle que no se agredieran entre ellos.
“Los traslados se dieron en cumplimiento del pacto entre el gobierno (Presidente y Ministro Seguridad), sus mediadores y los cabecillas pandilleros, hecho que de acuerdo al señor (Fabio) Colindres Abarca, estaba enterado el Presidente de la República, pues así se lo hizo saber el Ministro Munguía Payes”, consta en el requerimiento fiscal.
En un intento por aparentar de que la salida de los 30 cabecillas de pandillas se daba en el marco de la ley, les hicieron “evaluaciones psicológicas” por el grupo técnico del centro penal de Zacatecoluca, según Noé.
El testigo aseguró que todos los trasladados tenían claro que “esas evaluaciones solo eran como requisito o mero trámite pero que independientemente al resultado todos serían trasladados”.
Una de las situaciones que denota que las evaluaciones solo eran de mero trámite es que en los expedientes únicos de los internos favorecidos se encontraron irregularidades en las evaluaciones realizadas por el equipo técnico y del Consejo Criminológico del penal de Zacatecoluca.
Pero según Noé, los pandilleros, aparte de la flexibilización de los controles en los centros penitenciarios, recibieron una serie de beneficios de tipo económico, ingreso de objetos ilícitos a los penales que los cabecillas de pandilla comercializaban, tales como: teléfonos, tablets, chip para celulares, USB, manos libres, bluetooths, dinero para prestar dentro de los centros penitenciarios al 20% a los internos, entre otros.
También Noé aseguró que “tenían permiso para extorsionar”, ya que eso formaba parte de uno de los convenios, para bajar la cifra de homicidios que era “lo que mediáticamente interesaba a las autoridades de seguridad para los efectos de garantizar una buena imagen en el tema que le pudiera garantizar mantenerse más tiempo en el poder”.
Además les permitieron tener negocios en los centros penitenciarios como parte de los privilegios obtenidos en el pacto con el gobierno, según el testigo con beneficios penales que colabora con la Fiscalía.
“Refiere Noé que se pidió autorización para crear negocios como lavanderías, área de video juegos, venta de cigarros, licor y venta de productos de primera necesidad, siendo que las ganancias que se generaban eran para la pandilla a nivel interno, asimismo se ayudó para que los pandilleros en libertad establecieran ventas de bebidas alcohólicas”, según el documento con el que la Fiscalía acusa a Munguía Payés y a Funes.
Otro testigo con la clave Franco señaló que “tanto el presidente Carlos Mauricio Funes como el Ministro de Justicia y Seguridad Pública tuvieron conocimiento de hechos que constituyeron el rompimiento a la normativa penitenciaria, no obstante, avalaron y permitieron que continuaran dichos por una conveniencia política”.
A juicio de la Fiscalía General, tanto Funes como Munguía Payés “promovieron, ayudaron y facilitaron la permanencia de las organizaciones terroristas Mara Salvatrucha MS 13, Pandilla 18 Revolucionarios, Pandilla 18 Sureños, ya que los indiciados a sabiendas de que estaban ante la presencia de organizaciones ilegales, pactaron acuerdos entre dichas estructuras y el aparato de gobierno en temas de seguridad”.
Agrega que “en el presente caso estamos ante hechos realizados entre dos estructuras de poder, una que operaba desde la organización estatal para el cumplimiento de políticas públicas, y una estructura de poder fáctico, las cuales negociaron al margen de la ley para obtener beneficios bilaterales”.
Analista político cuestiona credibilidad de testigo Noé
Paolo Luers, quien es analista político, sostuvo que es el mismo testigo que la Fiscalía General ha utilizado en varios procesos judiciales ligados a la tregua entre las pandillas.
“Este es el mismo testigo que andan chineando en las dos vistas públicas del caso de la tregua, en el juicio contra Mijango, en la acusación que está pendiente conmigo, con Neto (Muyshondt) y en la acusación contra Norman (Quijano) y ahorita en este. Es como el testigo profesional, es siempre el mismo”, dijo Luers, quien es procesado en otro caso ligado a supuestas negociaciones de políticos con las maras.
Para Luers, este testigo Noé no le genera ninguna credibilidad, además de cuestionarle su capacidad de memoria.
“Si se suma todas las veces que ha testificado y el contenido que ha declarado es impresionante, es como la enciclopedia británica de toda la información que supuestamente tiene. También testificó en el caso de la Operación Cuscatlán, en la declaración que tenía la Fiscalía tenía el nombre, la dirección, las características físicas de 400 diferentes pandilleros, es casi imposible”, dijo Luers.
La acusación contra Munguía Payés está sustentada en el testigo Noé y “si se le quita al criteriado, no le queda ninguna prueba”, según el analista.
Señala que en el requerimiento se enumera las ocho reuniones que los mediadores de la tregua sostuvieron con los cabecillas de las pandillas en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz. Esos encuentros están documentados en los libros de control de ingresos al penal, pero lo que se habló en esas reuniones, “la única fuente es Noé”, asegura.
A su juicio, este nuevo caso de la tregua entre pandillas será un fracaso para la Fiscalía General al igual que los otros casos relacionados a la tregua pandilleril.
“Le tienen que comprobar que conscientemente ha ordenado que se cometan delitos, y eso es sumamente díficil porque él no se ha metido en los detalles, él ha dicho hagan tal cosa, pero no se ha metido en los detalles. Eso lo ha dejado a criterio de otros y todos los demás que estaban en el caso de la tregua han sido absueltos, directores de los penales, Mijango, policías, es una acusación bastante parecida a esta”, señala Luers.
Las pandillas y el gane de Funes
El testigo Noé asegura en su entrevista en la Fiscalía que “la elección del Presidente Funes, en primera vuelta, fue el resultado del convenio entre la mara MS y la pandilla 18, facciones revolucionarios y sureños”.
Aseguró que estos grupos se comprometieron a “dar todo el respaldo electoral (votos) al partido FMLN, dicho respaldo contemplaba los votos de los pandilleros negociadores, los de los miembros activos de las pandillas, sus familiares y los de la población común que residían en las comunidades donde ellos mantenían el control a través de las Adescos”.
Noé asegura que “para garantizar dicho apoyo, tomaron acciones tales como amenazar a los simpatizantes de los opositores políticos del FMLN, obligándolos a abandonar sus viviendas, las cuales eran posteriormente usurpadas por pandilleros”.
Exministro David Munguía Payés acusado formalmente ante un juez por delitos ligados a la tregua
La audiencia de imposición de medidas fue fijada para el próximo martes a las 8 de la mañana. Junto a Munguía Payés ha sido acusado por los mismos delitos el expresidente Mauricio Funes.