Juez ordena verificar acercamientos de la MS con algunos funcionarios de gobierno

El juzgador razonó que Fiscalía debe también investigar la vinculación de dirigentes del FMLN y cabecillas de pandillas en el contexto de las elecciones de la alcaldía de San Salvador de 2015. Pide además que se indague a expresidentes de la República, exministros, alcaldes, directores de la PNC, pastores, un diplomático entre otros.

Por Óscar Iraheta

Feb 08, 2020- 05:45

El juez Especializado de Sentencia de San Salvador, Godofredo Salazar Torres, razonó ayer en su sentencia escrita del proceso judicial de la “Operación Cuscatlán”, la obligación de parte de la Fiscalía General de la República de “verificar la existencia de acercamientos de la pandilla MS con el actual gabinete de gobierno”, dirigido por el presidente Nayib Armando Bukele.

En el fallo no se especifica nombres de funcionarios; sin embargo, en otra investigación, la operación Jaque, también se revela la negociación entre políticos y pandilleros. En ella se establece reuniones del actual ministro de Gobernación, Mario Durán, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, con cabecillas de la pandilla MS en diciembre de 2015.

Durán y Marroquín sostuvieron esa reunión en calidad de funcionarios de la alcaldía de San Salvador, en esa época bajo la batuta de Nayib Bukele.

El juzgador estableció en la página 936 del veredicto, que el Ministerio Público también debe revisar la vinculación que existía entre el FMLN con integrantes de las pandillas, en el contexto del proceso electoral de 2015, específicamente para la alcaldía de San Salvador, en las que triunfó Bukele con la bandera del FMLN, ya que se encontraban en negociación funcionarios de ese partido político con los cabecillas de maras.

“En forma profusa debe indagarse los alcances de la participación de miembros directivos del partido FMLN, como los señores José Luis Merino y Medardo González Trejo, este último en su calidad de Secretario General de ese partido político en el periodo sujeto a investigación”, argumentó el juzgador.

En otro apartado, en la página 571, el juez también detalló la posible participación delictiva en un fraude procesal de parte del actual alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt, como uno de los políticos que aparecen en las pruebas que presentó la Fiscalía en el proceso.

“La agencia fiscal ante tales hallazgos debe realizar una investigación inmediata para deducir la comisión de hechos delictivos como el fraude electoral, al tener conocimiento de eventos como el sometido a estudio en el presente caso, pues la legitimidad de los procesos eleccionarios posteriores al 2012 e incluso el reciente evento de sufragio, se ven claramente comprometidos por la injerencia de la delincuencia organizada a través de pandillas en la decisión del elector… y en caso de resultar imputable debió impedirle participar en ejercicios democráticos en épocas de 2018 y siguientes; pues estaría seriamente comprometida la legitimidad del escrutinio en el cual resultó “ganador” y el cargo que ostenta actualmente”, sentenció sobre el alcalde.

El juzgador señala que, de acuerdo a la investigación, “se plantea la existencia de una mafia pandilleril y gansters políticos quienes en forma deliberada realizan asociaciones con grupos de crimen organizado, para lograr los propósitos políticos del momento y ascender en los cargos públicos de forma ilegal y sistemática”.

La operación Cuscatlán fue una de las investigaciones más amplias que la Fiscalía realizó desde 2017, donde incluyó a los cabecillas de la MS y las negociaciones que realizaron con políticos de los partidos FMLN, ARENA y una alcaldía de GANA, para obtener los votos de los pandilleros y sus familias, y así ganar los procesos electorales para alcaldes y diputados de 2015.

Sin embargo, tras la amplia investigación, la Fiscalía solo acusó a 425 pandilleros por organizaciones terroristas, homicidio agravado, entre otros delitos, y dejó a un lado la acusación contra los funcionarios y políticos que habrían cometido delitos en las negociaciones con los delincuentes al entregar dinero y reunirse con los pandilleros.

El pasado 12 de diciembre, el juez Salazar condenó a 373 pandilleros de la MS y colaboradores a penas de entre 4 y 74 años de cárcel. Pero hasta ayer entregó el documento de la sentencia por escrito a la Fiscalía y a los abogados.

Una investigación corta y con mucha prueba contra políticos
El fallo del juez coincide con la recién acusación de parte de la Fiscalía contra los exministros de Gobernación del FMLN, Arístides Valencia, y el de Justicia y Seguridad, Benito Lara; así como contra el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el exmediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango; el columnista Paolo Lüers y el exrepresentante de la Fundación Nahual, Wilson Alvarado. Todos ellos fueron procesados ayer durante la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.

En la extensa sentencia de 1,015 páginas, el juez Salazar le corrigió la plana a la Fiscalía y le ordena investigar a más involucrados, entre ellos cinco funcionarios más de esa época, directores de la Policía, alcaldes, ciudadanos y hasta un embajador de Alemania.

En el caso del referido diplomático, el juez sostiene que participó en varias reuniones con pandilleros durante su gestión.

“Debe investigarse si su función en esas reuniones estaba autorizada por el país que le acreditaba, los grados de colaboración o contribución que tenía, sí la Embajada de manera oficial y en consecuencia el país al que representaba realizaba algún tipo de intervención en esos temas o sí por el contrario atendía a una agenda personal, apartada de sus funciones, pero en suma pudiese dar pie a la materialización, financiamiento o contribución de hechos delictivos por parte de la pandilla con quien se reunía”, dice el juez.

Advierte posible responsabilidad de expresidentes

En el documento, el juez Salazar establece que la Fiscalía deberá individualizar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los expresidentes Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén, el exministro de Defensa, David Victoriano Munguía Payés.

“También se pide investigar a los miembros del partido ARENA, Jorge Velado, Ernesto Angulo; a los integrantes de la red de pastores; las municipalidades de Sonsonate, La Libertad, Ilopango, San Salvador, Cuscatancingo, Santa Tecla, Usulután, San Marcos, Soyapango y Apopa, que fueron relacionadas en el presente caso, los organismos de dirección de los partidos políticos, oficiales del Ejército y la actuación de los titulares del ministerio público fiscal ante eventuales omisiones al deber de investigar lo ocurrido”, continúa el escrito del juez.

La sentencia también menciona la participación de miembros del partido GANA con pandilleros, por ejemplo, la municipalidad de Pandillas, Usulután, donde se realizó entregas de dinero e inclusive concesiones en la administración de mercados municipales.

Además, cuestionó el papel asumido por miembros del clero y de la red de pastores, quienes fungían como interlocutores prestando sus instalaciones para la realización de reuniones donde se discutían actos de corrupción.

Para Salazar Torres, su fallo es un llamado de atención a la Fiscalía para “asumir con responsabilidad el encomiendo legal de investigar en forma inmediata los eventos denunciados en la presente sentencia”.

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