El agente Juan Josué Castillo Arévalo, (a) Samurái, cumplirá el domingo dos años de estar prófugo. Desde el 29 de diciembre de 2017 -cuando mató a su colega Carla Ayala dentro de una patrulla ni la Policía Nacional Civil (PNC), ni la Policía Internacional (Interpol) han logrado dar con su paradero.
En 2018, el policía elite fue incluido en la lista de fugitivos de la Interpol contra quien se ha emitido una difusión roja para que sea localizado y arrestado en los 194 países que integran el organismo. A su vez, la PNC ofreció pagar una recompensa de $5,000 a quien ayudara a encontrar al integrante del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), pero nada ha llevado a dar con él.
En junio pasado, pocos días después de asumir el cargo, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que la institución hará esfuerzos por encontrarlo, un compromiso similar al que adquirió su antecesor, Howard Cotto.
El exdirector descartó varias veces que Castillo Arévalo estuviera muerto, como creen algunos de sus excolegas. Por lo contrario, aseguró que la investigación estaba avanzada y que había “fuertes indicios” de que Samurái podría estar oculto en México, Honduras o Guatemala.
El fiscal a cargo de la investigación declaró días atrás que, hasta la fecha, de parte de la PNC no se ha tenido información de las acciones que esté realizando para capturarlo.
Hay 11 policías y dos familiares del prófugo están a la espera del juicio. Hace un mes, el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer halló indicios de que los 13 habrían ayudado a escapar a Samurái. Entre los imputados está el subcomisionado Julio César Flores Castro, exjefe del GRP, y el inspector Pablo Antonio Estrada Villalobos.
El crimen contra Ayala, de 38 años, fue cometido después de una fiesta realizada en el inmueble donde funcionaba el GRP, en la colonia San Fernando, de San Salvador,a la que había sido invitada por una compañera. Tras la velada, en la que además de cenar y bailar, participaron en rifas de canastas, botellas de vodka y de whisky, Ayala pidió irse a su casa, en el municipio de Apopa, y los jefes autorizaron a que los agentes Ovidio Pacheco y Wilfredo Deras la llevaran. A ellos se sumó Juan Josué Castillo Arévalo.
Era la madrugada del 29 de diciembre. Samurái iba en el asiento trasero de la patrulla con Ayala. Cuando circulaban por el bulevar Constitución, cerca de la Residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo habría recibido un mensaje en su teléfono que lo hizo enojar y luego le disparó a la agente.
Así como el principal implicado en este crimen contra una agente policial sigue impune, hay otros casos por otros delitos, como los relacionados a corrupción, que siguen sin ser resueltos del todo, ya que sus principales responsables se fugaron y no han sido llevados a tribunales.
LOS OTROS CASOS
Michael Castillo Murga. Desde hace pocos días, fue incluido por la Policía Internacional (Interpol) en la lista de personas contra quienes se ha emitido difusión roja para que sea capturado dentro o fuera de El Salvador. Al hombre, de 20 años, se le imputa el delito de feminicidio agravado en perjuicio de Fernanda Nájera Quezada, la madre de su hijo. La joven fue brutalmente asesinada el 31 de enero pasado en Concepción de Ataco, Ahuachapán. Ese día, Castillo llegó a traer a Nájera y al niño a su casa y los habría llevado a un lugar desolado cercano a la finca San José, del referido municipio. Tras matar a la víctima, dice Fiscalía, abandonó al niño entre cafetales, donde estuvo deambulando cuatro días hasta que fue hallado. Las autoridades creen que Michael huyó a EE. UU..
José Menjívar Miranda . El asesino de Vilma Pérez lleva más de dos años prófugo. Al hombre, de 41 años, quien trabajaba como vigilante privado, se le acusa de haber asesinado a balazos a la víctima frente a los hijos de ambos, quienes tenían 8 y 4 años. El crimen contra Pérez, de 32 años, fue cometido cerca de una gasolinera sobre la carretera Troncal del Norte, en Apopa, la tarde del 27 de octubre de 2017. Dos meses después, la Policía Internacional también lo incluyó entre los prófugos más buscados, pero 26 meses después, aún no se tiene pistas sobre su paradero. Las investigaciones indican que el día en que Vilma fue asesinada iba junto con sus niños hacia una sede policial para denunciar a su pareja por violencia intrafamiliar, relataron los dolientes.
Álvaro Antonio Rodríguez. Un año y cinco meses después de que él irrumpiera en la oficina administrativa del mercado de Agua Caliente, en Chalatenango, y matara a su expareja, sigue evadiendo a la justicia. El feminicida terminó de un balazo con la vida de Blanca Iris Rivera, quien dejó en la orfandad a tres niños, uno de ellos hijo de Rodríguez. Familiares de la víctima, de 38 años, relataron que el asesinato fue el fin de varios episodios de violencia que el vigilante ejerció contra la víctima. A raíz de las constantes agresiones, 15 días antes del crimen, Rivera había terminado la relación que tenía con Álvaro. Algunos habitantes del municipio recordaron que él llegó seis años antes a cuidar ganado. A poca gente le simpatizaba pues lo veían “engreído”, “prepotente” y de “mal carácter”.
Carlos, Gerardo y Ricardo, los tres de apellidos Rivas Álvarez, no han sido localizados por las autoridades desde junio, cuando fueron acusados de estafar a 21 personas que invirtieron dinero en el mercado “Forex”. Los tres habrían captado más de $200,000 desde 2014, según la Fiscalía, pese a que no tenían autorización de la Superintendencia del Sistema
Financiero para efectuar esas operaciones. Las víctimas
denunciaron que invertían un mínimo de $1,000 que presuntamente iba a parar a la bolsa de valores. Ellos habían creado una plataforma en donde los afectados podían visualizar sus inversiones más las ganancias. Las autoridades aseguran que la cifra de víctimas es mayor y se presentará nuevas acusaciones contra los fugitivos por etapas, ya que hay más denuncias.
Enrique Rais López. El dueño de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (Mides) ha evadido la justicia varias veces. La última acusación en su contra fue por falsedad ideológica y fraude procesal por anomalías en el traspaso de acciones de su empresa a favor de una sociedad. Con este ya son cuatro casos penales que acumula el suizo-salvadoreño, quien está prófugo desde 2016. También es reclamado por corrupción, pues habría dado dádivas a empleados del Sistema Judicial y al exfiscal general, Luis Martínez a cambio de favorecerlo en diferentes casos. Es acusado de fraude procesal y cohecho activo, porque habría manipulado pruebas contra exsocios canadienses en la compra y venta de acciones de una empresa. Desde 2018, la Policía Internacional está tras él.
Moris Barcián Manchón. Es uno de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS) y evade la justicia desde 2015, dos años después de que se le procesara por el delito de tráfico ilícito de drogas. Entre 2002 y 2007 fue arrestado varias veces por delitos de homicidio agravado y extorsión porque, según las autoridades, sobornaba a los jueces, pero recobró su libertad. En 2013, por participar en actividades ilícitas transnacionales como el narcotráfico, fue incluido junto con otros cinco jefes de la pandilla en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados sujetos a sanciones económicas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según el sitio Insight Crime. Las autoridades presumen que él controla la distribución de drogas en Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.
William Guzmán Arbaiza y Luis Alfredo Maida son dos militares que estaban destacados en el Estado Mayor del Ejército en el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Ambos se fugaron tras enterarse de que había una orden de arresto contra ellos porque ayudaron al exmandatario prófugo a extraer más de $350 millones de fondos públicos. Los delitos que se les atribuye a los militares son peculado y lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y encubrimiento. Guzmán Arbaiza se fugó mientras estaba en una misión oficial en Estados Unidos. Las autoridades aseguran que él alquiló un camión para trasladar los bienes de Funes hacia Nicaragua, luego de que este huyera hacia ese país junto con su pareja y sus tres hijos. Maida era jefe del Batallón Presidencial y dejó de presentarse a trabajar.
Regina Cañas Rivera. La “Tía Bubú”, como es conocida la expareja de Mauricio Funes, el expresidente de la República que está prófugo, lleva varios meses evadiendo a las autoridades. El Juzgado Quinto de Instrucción ordenó capturarla por el delito de casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero. La expresentadora de televisión habría simulado haber hecho un préstamo por $95,000 para entregárselos a Diego Roberto Funes Cañas (a quien engendró con el exmandatario) para la compra de vehículos. Pero ni Cañas ni Funes tenían capacidad financiera para pagar eso. El hijo de ambos también es fugitivo y se asiló en Nicaragua junto con su padre para escapar de la justicia. A él también se le acusa de lavar más de $376,000. La Fiscalía ha señalado que él no tenía ninguna profesión ni trabajaba.
Severiano Fuentes Fuentes . El delito de homicidio agravado que se le atribuye a él, a Fermán Fernández Arévalo y a Santos Guevara Portillo data del conflicto armado. Los tres exguerrilleros habrían asesinado a los militares y asesores estadounidenses David H. Pickett, Daniel F. Scoot y Earnest G. Dawson, el 2 de enero de 1991. En agosto pasado, el Juzgado de Primera Instancia de Chinameca, San Miguel, ordenó que los tres salvadoreños sean buscados a nivel internacional. El Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas señaló que, en 1991, la guerrilla derribó el helicóptero donde viajaban los estadounidenses. El ataque fue en el cantón San Francisco, de Lolotique, San Miguel. Cuando la aeronave cayó, murió el piloto; los otros dos quedaron heridos y fueron ejecutados.
