El sector transporte de El Salvador lamentó el asesinato de 14 de sus empleados o socios durante el 2019. El dato, si bien revela la pérdida de vidas productivas, también refleja que la violencia contra los motoristas, cobradores y transportistas se redujo en 63 por ciento, si se compara con el año anterior.
Uno de los motoristas en ser asesinado en 2019 manejaba un microbús de la Ruta 45-AB, un hecho registrado sobre la calle principal de la colonia San Leonardo en Apopa, a pocos pasos de la populosa colonia Valle del Sol.
El conductor fue acribillado el 27 de marzo mientras realizaba un recorrido de San Leonardo a San Salvador, indicaron las autoridades.
Sector optimista para el año entrante
El asesinato fue atribuido a pandilleros que operan en el sector. Los empresarios no descartan que detrás de este caso y de los otros 13 hayan sido motivados en represalia por el tema de las extorsiones.
Según la Mesa Nacional de Transporte, los empresarios pagaron este año un estimado de $18 millones, una cifra similar a la del año anterior, lo cual limita las inversiones.
“El delito de la extorsión es otra cosa, tiene que ver con el fortalecimiento investigativo de la Policía Nacional Civil y este es uno de los temas que quedamos de reforzar con la Policía porque no hay otra alternativa para poder abordar o erradicar el problema de la extorsión en el sector transporte y otros sectores productivos del país”, sostuvo René Velasco, presidente de la Mesa Nacional de Transportistas.
Los transportistas aseguran que nadie se queda sin pagar extorsión en El Salvador. “Definitivamente no hay otra opción, sino nuestros empleados no pueden trabajar”.
El agremiado afirmó que la baja de homicidios es fruto del plan Control Territorial y este sigue generando expectativa porque el homicidio es el delito más grave, pues es contra la vida del ser humano.
“Pero en el tema de las extorsiones se ha empezado a conversar con los funcionarios especialmente con la Dirección de la Policía Nacional Civil y el Viceministerio de Transporte para conocer qué planes tiene el gobierno para combatir ese delito”, explicó Velasco.
El sector consta de 4,000 concesionarios del gobierno para prestar el servicio de transporte colectivo, para el que se requiere de 10,000 a 11,000 unidades.
Según William Cáceres, representante de la Mesa Nacional del Transporte, también se han visto afectados por regulaciones de algunos diputados, quienes son del criterio que deben reunir para recibir el subsidio de $46 millones anuales.
Los empresarios no están de acuerdo en que les exijan requisitos como instalación de GPS o localización satelital en sus unidades, no acumular más de dos esquelas en sus unidades al mes, tener seguros contra daños a terceros y otros beneficios a favor de los empleados.
Cáceres dice que no cuentan con los recursos ni los incentivos del gobierno para realizar esas inversiones. Los transportistas se quejaron también de la poca reacción de las autoridades para combatir la competencia ilegal que tienen a través de pick up, microbuses y Uber.