La pandemia del coronavirus ha llevado a gobiernos de todas partes del mundo a buscar prevenir un colapso total de sus sistemas por medio de agresivas políticas para mitigar el impacto no solo sanitario, sino económico y social.
En vista de la magnitud de los programas anunciados en diferentes países, que incluyen obras públicas, millonarios salvatajes de la economía y adquisición masiva de medicamentos y bienes básicos, entre otros, Transparencia Internacional (TI) advierte que esta situación abre las puertas al mal uso de recursos públicos.
“Hay una falsa dicotomía entre transparencia y estado de derecho con llevar alivio oportuno a este virus”, manifestó recientemente la representante de esta entidad global en Panamá, Olga de Obaldía.
A su juicio, la experiencia internacional muestra lo contrario: que los países con mayor institucionalidad y acceso a la información pública son mejores para contener y mitigar los efectos de este tipo de crisis. Esto, pues el flujo constante de datos permite a diferentes sectores ofrecer apoyos oportunos, además de ayudar a focalizar diferentes medidas y generar confianza en la población. Esto último, además, reduce el pánico en la ciudadanía.
De no hacerse así, añade la experta panameña, se abre la puerta al oportunismo, la corrupción y el rompimiento de las estructuras de control de los estados. “Si estos recursos se utilizan mal, va a costar vidas e impedirá que las atenciones médicas sean las debidas”, lamentó.
Informe para prevenir abusos
En vista de la gravedad de esta pandemia, la envergadura de los planes de ayuda gubernamental, la celeridad con la que deben actuar y el peligro de malas intervenciones, un informe reciente de Transparencia Internacional genera recomendaciones concretas sobre tres áreas principales: transparencia y datos abiertos, administración de recursos y rendición de cuentas. Además llama a garantizar competencia entre actores económicos y dar seguimiento al gasto público en la contingencia del COVID-19.
De no vigilar de cerca estos estándares, TIadvierte que “de hacer un mal uso de esos fondos extraordinarios, se vulneran los derechos de las personas” y se les pone, además, a grandes cantidades de personas en un alto riesgo.
Estándares de datos abiertos
Este primer pilar del informe de TI incluye como pilar básico ampliar la información de aquellos bienes y servicios que adquiera el Estado para paliar la crisis.
Para ello, llaman a publicar datos de precios a los que se adquirieron estos bienes básicos, el procedimiento de compra, el registro de proveedores, la justificación de contrataciones, la información de los requisitos del contrato, la necesidad que este aborda, los mecanismos de verificación, la entidad responsable de la adquisición y los datos de las auditorías realizadas o a realizarse.
Además, llama a que los gobiernos informen de manera oportuna la evaluación del impacto de estas compras y exhorta a realizar monitoreos independientes a los de las instituciones públicas.
“Los recursos destinados a la emergencia y su uso deben ser informados en su totalidad, de forma continua, oportuna, veraz y verificable en lenguaje ciudadano”, añade sobre este pilar TI.
Administración de recursos
Los fondos regulares y especiales que se destinen a la atención de esta crisis deben administrarse, dice TI, con “eficiencia, eficacia, economía, trasparencia e imparcialidad” para cumplir su objetivo final.
Por ello, establecen como estándar mínimo explicitar el periodo y condiciones de la emergencia, para evitar un uso discrecional de recursos o extender indebidamente medidas extraordinarias para la crisis. También pide definir qué autoridad supervisará el uso de recursos y cómo se transparentará la gestión de emergencia.
Contenido de informes
Transparencia Internacional pide que todo informe de rendición de cuentas contemple, como mínimo, el total de recursos invertidos, las acciones a las que se destinó el fondo, los beneficiarios, los contratos, la evaluación e eficiencia y qué hacer en caso haya remanentes.
Finalmente, llama a garantizar competencia económica y evitar concentración, acaparamiento o colusión en la provisión de bienes.
Además, sugiere incluir a micro, pequeñas y medianas empresas como proveedoras de bienes de emergencia para cooperar con su sostenibilidad en tiempos inciertos.
Crisis no debe implicar opacidad o abuso de poder
La presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador (IAIP), Cristina Pérez, afirmó que es en estos momentos es cuando más se requiere transparencia.
En la entrevista Focos de Canal 33, Pérez recalcó que no debe haber dicotomía entre atender prontamente la crisis y rendir cuentas. “El acceso a la información pública nunca debe verse como un obstáculo a la labor que realiza una gestión administrativa en el combate de una pandemia (…). Al contrario, es cuando más necesitamos transparencia de la inversión de fondos públicos”, sentenció la funcionaria.
Por su parte, Alberto Precht, representante de TI en Chile, manifestó recientemente que los estados no deben afectar la vigencia de los derechos fundamentales y recordó que decretar estados de excepción no implica dar descanso al respeto a los derechos humanos. Por eso, llama a regular y vigilar los regímenes especiales.
Asimismo, considera que “el rol de la prensa debe ser considerado un servicio esencial, al igual que el personal de salud y abastecimiento. Cuando la sociedad está en cuarentena, (los medios) deben desempeñar su trabajo sin ningún riesgo”.
Por estos riesgos, un grupo de expertos latinoamericanos de Transparencia Internacional se enfocará en vigilar información completa y oportuna de las contrataciones, garantías de competencia y evitar colusión o conflictos de interés, además de evitar sobreprecio en proyectos de obras públicas y compras para atacar la pandemia. También exigirá que se defina qué se financiará con presupuesto ordinario y qué se financiará con fondos excepcionales y una verdadera fiscalización de recursos en tiempo real.
“Poco servirá que después del ejercicio fiscal conozcamos detalles de lo que se hizo mal. La auditoría debe ser práctica e inmediata”, añadió Eduardo Bohórquez del capítulo mexicano de esta institución anticorrupción con alcance global.