El médico salvadoreño Renán Aguilar, incorporado a la profesión en Estados Unidos y quien labora amparado con el Estatus de Protección Temporal, TPS, en el sistema de clínicas de Washington DC, trabaja estos días en largas jornadas en la Unidad de Atención Covid-19, donde se atiende a pacientes sospechosos de la enfermedad y donde se pone el primer filtro para referir a pruebas y hospitales. El galeno salvadoreño ha sido reasignado a un sector de la capital donde hay una fuerte población hispana.
Este compatriota, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, UES, y quien puede ejercer la profesión gracias al TPS, es uno de los miles de inmigrantes que en estos días están en la primera línea de atención a la pandemia y por los que el senador federal, Robert Menéndez, ha girado una misiva a la administración de Donald Trump para proteger con una extensión automática tanto a la clase TPS como a los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para llegados en la Infancia, DACA.
El senador, representante de Nueva Jersey, consiguió las firmas de los 47 legisladores de la Cámara Alta de la bancada demócrata, que funge como minoría en esa instancia legislativa federal, para poner en evidencia la importancia de este grupo de inmigrantes en medio de la crisis. La carta fue enviada a Trump la semana pasada.
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Los datos estimados por los firmantes de la misiva girada a Trump señalan que unos 333,000 trabajadores esenciales durante la pandemia son beneficiarios de estos dos programas, y de estos más de 50 mil están en el sector de salud, que hoy por hoy representa un reto para todas los estados que buscan garantizar que el personal sanitario sea suficiente para paliar la crisis, luego de observar atónitos el efecto del coronavirus en urbes como Nueva York o Nueva Jersey.
Durante una teleconferencia ofrecida este martes por el senador Menéndez y el por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, enfatizaron algunos puntos sobre la importancia de dar protección especial a los trabajadores del TPS. Entre la comunidad salvadoreña en Estados Unidos unos 295 mil compatriotas son beneficiarios de este programa desde el año 2001, y gran parte de estos trabajan como empleados esenciales en estos días.
“Los beneficiarios de TPS y DACA son contribuyentes vitales para nuestra economía y la fuerza laboral de atención médica en la primera línea de batalla en contra del coronavirus. Seguir adelante con los esfuerzos de su administración (de Donald Trump) para deportar a más de un millón de receptores de DACA y TPS sería innecesariamente cruel y debilitaría en gran medida la fuerza laboral esencial de nuestra nación”, acotó el senador Menéndez.
Áreas metropolitanas como las de Nueva York, Washington DC, Los Ángeles, Chicago, y Boston, entre otras, han sido un claro ejemplo de la importancia de contar con personal sanitario técnicamente calificado y también multilingüe para dar atención a los pacientes.
El galeno salvadoreño Renán Aguilar, testifica desde su experiencia de estos días, cuán importante es que los pacientes entiendan con claridad las indicaciones médicas para sobrellevar el cuadro clínico y que en la medida de lo posible logren una recuperación eficaz en sus propias viviendas.
“Por el sector de DC donde he sido asignado para esta Unidad de Atención para Covid-19, los pacientes en gran parte son hispanos de vecindarios como Mount Pleasant, Georgia Avenue, Columbia Road, y hacia el noreste de DC, y lo más importante es que ellos comprendan bien el proceso, desde que les hacemos las pruebas y en algunos casos cuando los referimos directamente a emergencia, porque no los deberían traer a una clínica cuando ya están con dificultades para respirar”, comenta este compatriota.
Los firmantes de la carta enviada por los demócratas a la Casa Blanca para pedir la protección de los beneficiarios del TPS y DACA prevé adelantarse a los eventuales fallos que están en proceso dentro de cortes federales, donde se desconoce el veredicto que darán los jueces, si ven a bien o limitan al presidente Donald Trump para arrogarse el derecho de cancelar los beneficios migratorios a estos dos grupos de inmigrantes.
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Para el TPS, del que son beneficiarios unos 400 mil inmigrantes procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal, aún se espera el veredicto en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California, proceso judicial de una demanda colectiva entre ellos familias salvadoreñas, con el que la administración de Donald Trump se ha visto obligada a cumplir las medidas cautelares y extender la vigencia del estatus mientras se dirime el caso en las cortes.
En cuanto a DACA, que agrupa a unos 600 mil jóvenes, la mayoría migrantes mexicanos llegados en la infancia, entre los que se estima que hay unos 30 mil salvadoreños, el caso ya ha pasado por el proceso judicial con victorias a medias, pero la administración Trump llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, que definirá si el presidente actuó apegado a la ley para cancelar este beneficio migratorio a los jóvenes, de los que la mayoría están integrados a pleno en la sociedad estadounidense, al haber completado la escuela y gran parte la universidad en el país.
Es más, en las filas demócratas tienen bien cuantificado a este grupo, y en el contexto de la emergencia causada por coronavirus han destacado que del esos 50 mil inmigrantes que están trabajando el sector de salud, unos 41, mil 700 son enfermeros, paramédicos o asistentes, beneficiarios de DACA; los otros 11 mil 600 lo conformarían portadores del TPS.
El coordinador de la Alianza Nacional del TPS, José Palma, comentó a El Diario de Hoy, que cualquier aliciente para apoyar a la comunidad beneficiaria del estatus migratorio es más que bienvenida en el contexto de la pandemia.
“Es mucha de nuestra gente tepesiana que está al frente de la lucha en contra de este virus, yo creo que es importante resaltar eso, que como beneficiarios del TPS estamos al frente, trabajando y contribuyendo por lo tanto debemos ser incluidos en cualquier beneficio para nuestra comunidad aquí en Estados Unidos”, comentó Palma.
Los senadores demócratas han manifestado también que hay preocupación porque durante lo que pueda durar la cuarentena, con las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, cerradas, muchos de los permisos de trabajo pueden expirar lo que llevaría a futuros retrasos en el procesamiento e incluso riesgos de negativas, si desde la Casa Blanca no se toma una acción decidida para proteger a estos trabajadores e inmigrantes.