El exdirector de Logística del Ministerio de la Defensa entre 2009 y 2011, en su condición de testigo, relató ayer ante los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal que el general José Atilio Benítez ordenó que se legalizara al menos 15 fusiles AK-47 y M-16 por medios fraudulentos cuando era viceministro y ministro de la Defensa Nacional.
La Fiscalía General de la República le atribuye la inscripción y comercio ilícito de al menos 29 armas de guerra. Por esa razón, Benítez es procesado por los delitos de actos arbitrarios, comercio ilegal y depósito de armas, así como peculado (apropiación de fondos públicos).
El defensor de Benítez, Mario Machado restó credibilidad a la confesión del testigo. “Eso confirma la falsedad al no ofrecer datos verídicos”, expresó el abogado.
El coronel Salvador González es el testigo con beneficio penal propuesto por la Fiscalía para incriminar a Benítez en los ilícitos que le imputa.
Ayer González explicó con detalles cómo se hacía en el Ministerio de la Defensa para la obtención, inscripción y venta de las armas de guerra, que en su mayoría eran catalogadas como “trofeo” tras haber sido confiscadas a la exguerrilla durante el pasado conflicto armado.
Las armas no inventariadas en el Ministerio de la Defensa eran reportadas por el general Orlando Zepeda al almacén de guerra y luego al exdirector de Logística, a quien correspondía informar a sus superiores, el viceministro Benítez y al ministro David Munguía Payés.
En respuesta, Benítez ordenaba al director de Logística que realizara toda la documentación necesaria para inscribir a su nombre, amparados en el decreto transitorio número 25, que tenía como propósito legalizar todas las armas que circulaban de manera ilegal en el país después del conflicto armado.
Los pertrechos, que en su mayoría eran fusiles AK-47, Galil y M-16, eran reportadas a la Dirección de Logística en lotes de cinco y seis unidades para la inscripción ilegal a nombre de Benítez, dijo el testigo.
Tras su registro, añadió, había que buscarles clientes, una labor que realizaban tres oficiales: el teniente Arístides Figueroa, y los otros identificados como “el Piraña” y “el Furtade”. Estos las vendían entre $4,000 y $5,000, lo que les generaba comisiones, en algunos casos de $1,000 por arma vendida.
Los clientes tenían como beneficio la inscripción sin problema en la oficina de Registros de Armas.
En una ocasión, dijo, “mi General me solicitó que registrara un fusil AK47 a mi nombre, el cual se entregó en donación debido a que el comprador que había conseguido el teniente Figueroa no lo podía registrar a su nombre, por tener registrado dos armas en el período de dos años y que la ley lo impedía”.
El general Benítez negó en declaraciones a los periodistas haber ordenado que de forma ilegal se registrara a su nombre armas decomisadas durante la guerra.
“El tiene que salvar su libertad. No le ha pedido hacer nada de forma fraudulenta (inscripción de armas) y si lo ha hecho, es por eso que ha sido procesado. Yo demostraré que todo lo que dice el (testigo) es falso”, dijo Benítez.
Pero el testigo dijo que incluso Benítez se molestó porque no quiso poner un arma a su nombre, un “Fusil Steller” por estar en los inventarios de la Fuerza Armada.
El coronel González también señaló al general Benítez de haber girado una instrucción a la Oficina de Registros de Armas para que dieran todas las facilidades al emisario del expresidente Mauricio Funes para el registro de varias armas.