El Salvador no ha avanzado al ritmo de la región en la era digital con aprobación de leyes que impulsen y den respaldo jurídico a contratos, a nuevos negocios de plataformas digitales y a consumidores, según expertos consultados.
Sin embargo, actualmente hay varios proyectos de ley en la mesa de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa que, de ser aprobados, catapultaría al país, opinan los especialistas.
Uno de los proyectos que se discute en la comisión es el de Protección de datos personales, del cual hay tres propuestas: una de ARENA, otra del FMLN y otra del diputado de GANA, Francis Zablah.
Uno de los considerandos en la propuesta de ARENA dice que en “un mundo que las tecnologías permiten transmitir con gran facilidad datos de personas naturales y jurídicas es necesario e irrenunciable establecer condiciones para compartir datos con otros países, sin obviar la necesidad de resguardar la seguridad de la información de acuerdo a convenios internacionales que El Salvador ha firmado”.
De acuerdo a los expertos, es importante que las personas tengan claro que sus datos personales no se limitan a los que aparecen en su Documento Único de Identidad (DUI), sino también los de sus cuentas bancarias, sus créditos, sus compras (ya sea en efectivo, con tarjetas de débito o crédito) y sus viajes, pero además los clics y likes que dan a lo que les gusta en internet o en redes sociales.
Hay empresas que saben el valor que representa los datos de las personas, porque recopilan toda información personal y digital y luego la venden a compradores que pueden obtener mejores ganancias, explican los especialistas.
El periódico El Cronista publicó en abril del año pasado que “la extracción de datos personales de norteamericanos genera ingresos anuales por la enorme cifra de $76,000 millones, no solo para los usuales sospechosos de Big Tech, sino muchas otras compañías, según un estudio encargado por el centro de estrategias para demócratas Future Majority”.
Pero, ¿cuál información debe ser protegida y cuál puede ser de acceso público?.
Según la doctora Ana Yesenia Granillo, especialista en Derecho Privado, dentro de la ley estaremos hablando de “datos personales de personas naturales, no de personas jurídicas porque se ha presentado una confusión en este punto y se ha llegado a pensar que también se puedan incluir a personas jurídicas (empresas, gobierno, etc.), pero esto no es reconocido internacionalmente”.
Industria creativa
Hasta el momento no existe una regulación o normativa que proteja o fomente específicamente este tipo de creaciones o innovaciones en la Economía Creativa o Industria Naranja.
De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la economía creativa en América Latina juega un papel muy importante, ya que produce al menos $177,000 millones al año.
La propuesta de ARENA pone sobre la mesa el tema. “Muchas empresas creativas son micros y pequeñas empresas y la aprobación de un marco legal en este sector estimularía el desarrollo de las mismas y potenciarían el desarrollo socioeconómico de El Salvador”, plantea.
También propone una Política Integral de la Economía Creativa o Economía Naranja. El objetivo es impulsar las ideas de negocios, pero además protegerlas legalmente.
Uno de los puntos que detalla la propuesta es que el gobierno, a través de la banca estatal, promoverá el acceso al crédito y a otras fuentes de financiamiento mediante la coordinación y consulta con el Ministerio de Economía; además, incentivar las exportaciones de bienes y servicios de la industria creativa.
“Debemos iniciar por determinar que las ideas e invenciones desde un tiempo para acá han gozado de la protección de leyes especiales vinculadas a la propiedad intelectual, pero en los años recientes han surgido muchas y más nuevas ideas e invenciones relacionadas con la tecnología, por ejemplo la creación de software, de nuevas Apps o de videojuegos, entre otros. Es un primer paso pero uno en firme por la apuesta a desarrollar nuevos modelos de emprendimientos que requieren del apoyo legal”, señala la experta en Derecho Privado.
Inclusión digital
ARENA también ha presentado una propuesta de ley para la Inclusión Digital Universal. Según el documento, aproximadamente un 41 % de la población en el país sigue sin acceso a internet y el mercado de las telecomunicaciones no ha logrado llevar conectividad a lugares aislados.
Esta realidad no solo limita a una navegación simple en internet, sino a la creación e impulso de negocios. Por ello, uno de los objetivos de la propuesta es “fomentar el desarrollo económico y el empleo en el país, mediante la innovación tecnológica y la conversión de las actividades del sector privado hacia una economía digital y mecanismos de vinculación entre las instituciones de educación superior y el sector productivo”.
La doctora Granillo opina que se requiere de estrategias de implementación real que lleguen y se acerquen a los segmentos de la población más vulnerables, como las personas de la tercera edad, niños y mujeres. “Se requiere de un adecuado programa de capacitación constante que haga un proceso de alfabetización digital, que acerque a las personas al uso de las tecnologías, que le pierdan el miedo para que a partir de ellos se puedan integrar más proyectos de gobierno que beneficien a la mayor cantidad de personas posibles”, dice.
Agrega que se debe “reconocer que la reducción de la brecha digital no se hace por la emisión de una ley pero sí requiere de un buen respaldo normativo y de allí la valía de estas propuestas legislativas”.
Para la diputada arenera Margarita Escobar, presidenta de la Comisión de Economía, con las propuesas el país está dando pasos para ser más competitivos, generar más empleos, mayores oportunidades y resguardar las buenas ideas de negocios de los salvadoreños.
Leyes que impulsarán la competitividad
El tratamiento digital
Organismos como Fusades señalan la necesidad de incorporar en forma detallada todos los aspectos que se refieren a los retos que la tecnología, la inteligencia artificial y el tratamiento automatizado de la información global plantea actualmente para las personas en materia de recolección, uso, resguardo, transmisión, procesamiento de sus datos. También las obligaciones que esto impone a los responsables de los registros de datos, tanto públicos como privados, sobre todo porque en el siglo XXI los datos personales se han convertido en un bien comercializable de alta valía, muchas veces sin conocimiento ni autorización de sus titulares.
Oportunidad con la economía naranja
Hablar de economía naranja es tocar los temas vinculados a la industria creativa del cine, la moda, el teatro, la música, el diseño (en todas sus dimensiones artesanal, gráfico, industrial, etc.) y la danza, entre otros, con valor agregado, un elemento diferenciador que genere bienes económicos y se ampare en la propiedad intelectual. El Salvador no tiene un registro especial de los bienes que genera su industria creativa; sin embargo, según algunos datos proporcionados por el BID en 2018, las exportaciones de sus industrias creativas fueron $125 millones solo en 2012.
Inclusión digital
Con esta ley se pretende fomentar el desarrollo económico y el empleo en el país, mediante innovación tecnológica y la conversión de las actividades del sector privado hacia una economía digital. También pretende promover oportunidades de inclusión digital para la población, mitigar marginación y vulnerabilidad.
Otro de los objetivos es impulsar la productividad y la competitividad del país, fomentando apoyo a las empresas de tecnologías de la información y comunicaciones del país. También protección de los usuarios de internet y protección de los derechos de propiedad.