La Superintendencia de Competencia inició el análisis técnico que se requiere para aprobar que América Móvil (que trabaja bajo la marca Claro en El Salvador) adquiera las operaciones de Telefónica tras haber admitido, ayer, la solicitud de concentración de ambas compañías telefónicas.
Este análisis determinará que la fusión de ambas empresas no vulnera las leyes de competencia en el país, para lo cual revisarán la disponibilidad de los productos y servicios particulares del mercado, la facilidad para sustituirlos por otras alternativas, la cantidad de competidores y su participación en el mercado, así como las estrategias comerciales, entre otros.
Según un comunicado, la Superintendencia cuenta con 90 días para hacer este análisis y pasado ese tiempo debe resolver si avala la concentración económica.
“El Consejo Directivo de la institución resolverá, con base en los resultados del análisis, si esta concentración se autoriza, se deniega o se condiciona”, informó la institución.
El 24 de enero de 2019, la empresa mexicana de telefonía, América Móvil, anunció su intención de adquirir la operación de Telefónica en El Salvador, sobre la cual la SC informó oportunamente a la opinión pública los detalles del trámite que correspondería a la autorización de la concentración, de acuerdo con lo que la Ley de Competencia establece.
A partir de estas aclaraciones, América Móvil inició el trámite en la Superintendencia con la presentación de la primera solicitud de autorización de la concentración, el 29 de abril, y de la segunda solicitud, el 27 de junio.
La Superintendencia resolvió la inadmisibilidad de ambas solicitudes (5 de marzo y 26 de agosto, respectivamente) después de que América Móvil no completó la información requerida y prevenida de acuerdo.
La institución estatal detalló que realiza un análisis preventivo para proteger la eficiencia económica (el funcionamiento correcto de los mercados, en respeto de reglas claras) y evitar que, como consecuencia de una transacción entre empresas (fusión, adquisición, consolidación, integración o combinación de sus negocios en todo o en partes), se afecte la libre y sana competencia, considerando los efectos de la operación sobre el ciudadano consumidor.
Desde su creación en 2006, la Superintendencia han recibido un total de 151 solicitudes de autorización de concentración económica.
De este total, han sido admitidas 27, según información.