Sistema de salud salvadoreño sin capacidad para trasplantes de donantes fallecidos

Ulises Hernández, de 15 años, y Juan Francisco Gutiérrez, de 19 años, tienen en común que padecen Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Para ambos, el trasplante de riñón es la llave para tener una mejor calidad de vida.

Solo Ulises tuvo la posibilidad de recibir un órgano de su padre. Juan Francisco, por el momento, no ha podido. Ambos viven en condiciones de pobreza, y para ambos, también, la posibilidad de tener una mejor vida hubiera llegado antes si en el país existieran los trasplantes de órganos de donantes fallecidos.

La falta de una ley específica y de un programa nacional en la red pública hospitalaria no permite que en el país se puedan realizar trasplantes de órganos, células y tejidos de donantes cadavéricos (o con muerte cerebral).

La ley no está muy cerca de ser aprobada, mientras que la política nacional de trasplantes del Ministerio de Salud no tiene fuerza en tanto no haya una normativa legal.

Aparte de eso, sólo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) cuenta con la infraestructura para poder iniciar un trasplante de donante fallecido.

De hecho, en el país se realizan, en su mayoría, trasplantes de riñón de donante vivo, tanto en el hospital Benjamín Bloom como en el ISSS. En otros centros hospitalarios, como el Rosales, se dejaron de hacer desde hace varios años.

También se pueden realizar trasplantes de cornea, hueso, piel, transfusiones sanguíneas y de fluidos.

El viceministro de Salud, Carlos Alvarenga, reconoció que en el país no existe un programa nacional de trasplantes en la red pública, algo que también dificulta dar el salto hacia este tipo de intervenciones con donadores fallecidos.

“En el caso del Rosales hay problemas de insumos, problemas de procesos y organización. Tenemos profesionales muy buenos, pero creo que esto tiene que estar enmarcado en un programa, no solamente el tema de que tengamos especialistas, sino desarrollar una organización, un sistema”, dijo el funcionario.

Normativa es determinante

La falta de una legislación adecuada es clave, sí o sí, para que en el país haya trasplantes de órganos vitales como hígado, páncreas, pulmones y hasta corazón, de acuerdo con el Jefe de Trasplante Renal del ISSS, Rafael Chávez.

“Sí hay lo que es el Código de Salud, que nos permite hacer trasplantes de cadáveres, pero no cierra sobre el trasplantes de turismo (que alguien venga al país solo para trasplantarse), por ejemplo, entonces todas estas cosas tienen que estar bien establecidos para arrancar con el programa”, explicó.

De acuerdo con el especialista, el trasplante de riñón de donante fallecido permitirá que haya una lista de espera de donaciones, ya que estas se establecerán dependiendo del puntaje y los casos que son prioritarios, por ejemplo los niños y personas con más tiempo de recibir diálisis.

Chávez dijo que el ISSS cuenta con todos los insumos y el personal capacitado para realizar trasplantes tan delicados como el hígado, ya sea de donantes fallecido o donante vivo. Además, dijo que ellos tienen el único laboratorio de histocompatibilidad (semejanza inmunológica entre tejidos).

En tanto, la Política Nacional de Trasplantes del Ministerio de Salud detalla así la importancia de una legislación sobre el tema: “La ausencia de mecanismos que garanticen la disponibilidad de donantes, así como la carencia de procedimientos para el desarrollo de trasplantes en El Salvador, puede paliarse a través de la formulación de la legislación complementaria y específica requerida planteada desde la reforma al Código de Salud del 2001”.

En la Asamblea Legislativa la aprobación de la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células aún sigue en discusión entre los legisladores, y como principal escollo está quién nombrará a la persona que dirigirá el Centro Nacional de Trasplantes (CENAT), según la propuesta en estudio de los legisladores.

A juicio de Orlando Cabrera Candray, diputado arenero y secretario de la comisión de Salud de la Asamblea, la elección de este funcionario es fundamental, ya que el organismo rector no puede politizar.

“¿Quién va a nombrar a este director ejecutivo? Porque va a ser el director ejecutivo con ese centro quien va a administrar la lista de espera de trasplantes y la lista de distribución, y eso es complejísimo, no puede estar politizado”, sostuvo.

La diputada del FMLN, Rina Araujo, confirmó que la elección del director de CENAT es uno de los temas que ha centrado la atención de la comisión de Salud dentro de la discusión del proyecto de ley.

“No consideramos que haya necesidad de seguir fragmentando el sistema, pero sí creemos que debe haber un centro de trasplante en donde debe haber un director que debe depender del ministerio de Salud como su rector principal y luego por una junta directiva que debe estar integrada por quienes saben del tema”, declaró Araujo.

La legisladora sostuvo que la idea es que en la ley se establezca una lista única de donantes, “para que en esta lista todos seamos manejados de forma equitativa, no porque una persona que no tenga acceso no vayamos a ser equitativos”.

También consideró clave escuchar las experiencias de otros países, como México y Argentina, donde ya se establecieron mecanismos para donaciones de órganos de personas con muerte cerebral.

En cuanto al financiamiento para iniciar estos trasplantes en el país, los legisladores coincidieron en que el mismo surgiría del ahorro que tendría el Estado a partir de concluir los tratamientos de personas con IRC, además de aprovechar infraestructura hospitalaria ya instalada en varios departamentos del país.

“Lo que planteamos es que El Salvador tiene en todos los departamentos algún hospital, al menos podemos comenzar con el trasplante renal, que es la enfermedad que está acosando a los salvadoreños por todo el estrés hídrico que vivimos y eso está afectando los riñones. Ya que están construyendo el nuevo Hospital Rosales es de aprovechar ahí y construir el centro de trasplantes de un solo”, sostuvo José Luis Urías, diputado del PCN y síndico de la Asociación de Trasplantados Renales de El Salvador.

De acuerdo con el legislador, el país gasta al año 18 millones de dólares en tratamiento para personas con insuficiencia renal, fondos con los que se podrían realizar los trasplantes de donantes fallecidos.

Para Urías, implementar el traspaso de órganos de donador cadavérico “ayudará a salvar vidas, estamos hablando de varios órganos; de cada cuerpo humano se puede sacar 50 órganos o tejidos”, manifestó.

Otro de los puntos en los que la comisión legislativa de Salud está buscando un consenso es sobre cómo las personas que deseen ser donantes puedan manifestarlo, ya sea en su Documento Único de Identidad, licencia de conducir o de otra forma. Asimismo, la mayoría de legisladores advierten que la donación debe ser de carácter confidencial.

Banco de órganos

La normativa que está en discusión en la Asamblea también establece la creación de un banco de órganos, tejidos y células, a fin de preservarlos y tenerlos a disposición de un receptor.

De acuerdo con Zulma Cruz, jefa de Nefrología del hospital Rosales, las condiciones territoriales del país son favorables para facilitar el traslado de los órganos de personas de donantes con muerte cerebral.

“Eso se llama isquemia fría, isquemia caliente, y prácticamente las soluciones modernas permiten tener el órgano por bastante tiempo, pero en un país tan pequeño como el nuestro no se requeriría de mucho tiempo, un órgano se puede mantener hasta seis u ocho horas”, explicó la profesional.

De acuerdo con Cruz, el aumento de personas que tienen muerte cerebral luego de accidentes de tránsito o por motivos de violencia, sería una opción para obtener “gran cantidad de órganos que pudieran aprovecharse para esta gente que adolece de enfermedades terminales”.

Tanto Cruz como el Jefe de Trasplante Renal del ISSS, coinciden en que la expectativa de vida para personas trasplantadas es de entre 12 y 15 años, pero una buena cantidad de ellos ha vividos más de 25 años con un órgano donado, explicaron.