Sin rastro del asesino de la policía Carla Ayala tras dos años del crimen

Otros acusados de colaborar en el hecho aún no han sido llevados a juicio.

Foto EDH / Archivo

Por Diana Escalante

Dic 29, 2019- 05:45

Este domingo se cumplen dos años del feminicidio de la agente de la Policía Nacional Civil, Carla Mayarí Ayala Palacios, presuntamente a manos de su colega Juan Josué Castillo Arévalo, (a) Samurái, pero el crimen sigue en la impunidad.

El asesinato sacudió a la institución, el 29 de diciembre de 2017, no solo porque fue cometido por un agente de seguridad pública, sino porque otros policías habrían estado involucrados directa o indirectamente en el hecho y habrían ayudado a que el homicida escapara, según la Fiscalía General.

Este hecho sin precedentes además obligó a la Corporación a desarticular el Grupo de Reacción Policial (GRP), la unidad élite en la que estaba destacado Samurái.

Juan Josué Castillo Arévalo, alias Samurai, acusado de asesinar a la agente Carla Ayala.

A 24 meses del crimen, las autoridades no han logrado capturar a Castillo Arévalo, pese a que hay una orden internacional de captura contra él por el delito de feminicidio agravado.

El ofrecimiento de una recompensa de $5,000 a quien ayude a localizar al agente tampoco ha dado pistas sobre su paradero. Las autoridades presumen que él está vivo y se oculta en México o Guatemala.

Dos parientes de Arévalo Castillo y once policías, entre ellos un subcomisionado y un inspector, están a la espera de un juicio en el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.

El Ministerio Público los acusa de incumplimiento de deberes y feminicidio agravado en modalidad de omisión por comisión, porque habrían encubierto y protegido a Castillo Arévalo para que huyera.

Los imputados fueron aprehendidos en junio de 2018, seis meses después del asesinato de Ayala, quien pertenecía a la Unidad de Investigación Disciplinaria.

Sin aclarar el móvil del crimen

Las razones que llevaron a Castillo Arévalo a lesionar de muerte a su compañera de trabajo aún son un misterio para las autoridades y la familia de la víctima.

Carla Mayarí, quien tenía 38 años y dejó en la orfandad a dos adolescentes, fue asesinada de un balazo en la cabeza, la madrugada del 29 de diciembre de 2017, tras haber participado en una fiesta de Año Nuevo, a la que fue invitada por el subcomisionado Julio César Flores Castro, exjefe del GRP y exsubjefe de la Subdelegación de Soyapango.

Las investigaciones indican que el festejo, en el que la mayoría de asistentes tomó licor, tuvo lugar la noche del 28 de diciembre en la base donde funcionó la unidad élite, en la residencial San Fernando, de la colonia Loma Linda, al sur de San Salvador.

En la madrugada, los policías Ovidio Antonio Pachecho y Wilfredo Deras Hernández recibieron la orden de llevar a la víctima a su casa, en Apopa. Samurái no fue autorizado para ir con ellos, pero los acompañó y se sentó en el asiento trasero de la patrulla, junto a la víctima.

En marzo de 2018, durante una reconstrucción de la escena del asesinato ordenada por el Juzgado Sexto de Instrucción, Deras y Pacheco relataron al juez Roberto Arévalo Ortuño, fiscales y abogados que el día del feminicidio, cuando circulaban por el bulevar Constitución, en la residencial La Gloria, de Mejicanos, Castillo presuntamente recibió un mensaje en su teléfono que lo hizo enojar: “Eso quería esta perra”, es lo único que le escucharon decir antes de que le disparara a Ayala.

Ellos contaron que no sabían si la mujer estaba herida o muerta, pero contradictoriamente luego dijeron que Castillo les pidió ayuda para “deshacerse del cuerpo”.

Los agentes aseguraron que no neutralizaron a su colega porque los llevaba amenazados. Ellos declararon que, incluso, al que iba al volante le apuntó con la pistola en la cabeza. Cuando le sugirieron que la llevaran a un hospital él les respondió: “De ella me voy a deshacer”.

Pese a que, según los policías, iban amedrentados en el camino, al llegar al redondel Integración ellos decidieron retornar a la base para reportar el caso y pedir ayuda a sus colegas para arrestarlo.

Otro dato que revelaron y que genera duda acerca de cómo ocurrió el hecho es que pocos metros antes de llegar al GRP, Castillo Arévalo les entregó un arma y él se quedó con otra. Luego le dijo al motorista que siguiera la marcha. Al llegar, los agentes se bajaron de la patrulla para reportar lo que pasaba, pero dejaron las llaves del carro puestas. El homicida huyó y se llevó a Ayala.

Irónicamente, la sede policial estaba dentro de una residencial que tiene pluma, portón y vigilante privado, pero esos obstáculos no impidieron que Samurái se fugara.

En su momento, la Fiscalía y el juez dejaron entrever que era inconcebible que policías entrenados para hacer intervenciones en situaciones difíciles contra delincuentes no hayan neutralizado a su compañero.

Según los imputados, unos policías salieron en persecución de Castillo Arévalo cuando iba por la carretera Litoral rumbo a San Francisco Javier, en Usulután, en donde vivía. Al llegar a la zona conocida como El Pedregal, en El Rosario, La Paz, los agentes hallaron a unos colegas y les preguntaron si habían visto pasar un carro policial y, como dijeron que no, volvieron a la capital.
Según la acusación de la Fiscalía, tras huir, Castillo le habría dicho por teléfono a uno de sus compañeros que “ya había tirado del vehículo a la señora (Ayala)”.

Más tarde regresó a dejar la patrulla a la sede del GRP, pero por segunda vez sus compañeros no lo detuvieron, pese a que entró y se tomó el tiempo para entregar las llaves y decirle a sus compañeros: “Ya no soy más del GRP”.

Después se marchó en un vehículo con dos parientes. La Policía lo interceptó en el redondel Árbol de La Paz, pero en la confusión, el agente se les volvió a escapar.

La búsqueda duró nueve meses

El calvario de la familia de Ayala por desconocer su paradero se prolongó nueve meses. Fue hasta septiembre de 2018 cuando las autoridades hallaron restos óseos y unas prendas personales en una fosa clandestina en un terreno del caserío Los Ríos del cantón Los Hornos, en San Francisco Javier, Usulután.

Días después, las autoridades informaron que los exámenes de ADN revelaron que la osamenta pertenecía a la agente. También informaron que la propiedad donde fue localizada la tumba era de un pariente de Samurái.

Carla Mayarí ingresó a la Corporación en 1998. Además de trabajar en la Unidad de Investigación Disciplinaria estuvo destacada en los puestos policiales de Cuscatancingo, San Marcos y Morazán.

Te recomendamos

Estas son las propiedades incautadas a René Figueroa, exministro de Saca
¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el coronavirus en el aire?
Frente a la escasez, te mostramos cómo elaborar tu propia mascarilla en casa
Las pandemias más mortales registradas en la historia de la humanidad
Trè Lum, la novedosa propuesta de apartamentos en San Salvador

Utilizamos cookies y otras tecnologias para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web.

Política de privacidad