El expresidente de la Asamblea Legislativa y exdiputado del FMLN, Sigfrido Reyes Morales, es acusado por la Fiscalía General de la República de integrar una red de 14 personas que presuntamente lavaron $6 millones en la compra de terrenos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa).
Reyes también habría incurrido en un delito al haber cobrado $106,000 en viáticos cuando estuvo al frente del Órgano Legislativo, entre 2011 y 2015.
Es por ello que el también extitular del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), último cargo público que Reyes desempeñó, se le imputan los delitos de peculado (apropiación de fondos públicos) y estafa agravada.
Por estos hechos hay una orden de captura contra el efemelenista pero no se ha efectuado porque presuntamente huyó del país, tras ser alertado de que las autoridades le seguían los pasos.
El fiscal general, Raúl Melara y el director fiscal contra la corrupción e impunidad, German Arriaza, revelaron el viernes en una conferencia de prensa que el último viaje conocido que hizo Reyes fue a Francia (vía México), el 22 de noviembre pasado.
Las investigaciones del Ministerio Público señalan que Reyes presuntamente actuó en complicidad con otras 13 personas, quienes son familiares, socios y empleados del Ipsfa y de la Corte de Cuentas de la República (CCR). El jueves, fiscales y policías realizaron un operativo que permitió arrestar a 10 personas.
Ellas son: la esposa del exlegislador, Susy Melba Rodríguez de Reyes; Sonia Inés Morales de Larrazábal, Kevin Larrazábal Morales y Manuel Antonio Bercián Castro. Todos deberán responder por del delito de lavado de dinero.
También fueron capturados el gerente general el Ipsfa, René Díaz Argueta, Delmy Vela Jiménez, jefa del departamento de Inmuebles de esa institución, y Jenny Medina de Ramírez, coordinadora de Ventas de ese departamento. Los tres son acusados de estafa agravada e incumplimiento de deberes.
Junto con ellos fueron aprehendidas Nohemi Rodríguez de Castillo, subdirectora de Auditoría de la CCR, por falsedad documental agravada e incumplimiento de deberes, y los auditores Rosa Ruiz Hernández y Atilio Castro Guevara, solo por el último delito.
Al igual que a Reyes, las autoridades no han logrado capturar a su hermano, Earle Reyes Morales; a su socio en empresas de bienes raíces y exasesor en la Asamblea Legislativa, Byron Larrazábal Arévalo, y a su asistente en la misma institución, Karla Recinos Ramírez.
es la suma con la que Reyes y Larrazábal habrían perjudicado al Estado al comprar cinco terrenos al Ipsfa a un precio inferior al real.
A través de su cuenta de Twitter, Reyes denunció, la noche del jueves, que la Fiscalía se está prestando para hacer una persecución política contra él y su familia.
El fiscal general señaló que desde hace varios años “los salvadoreños nos enteramos por los medios de comunicación” que habían irregularidades en la compra de los terrenos al Ipsfa y el uso desmedido de viáticos cuando Reyes fue presidente de la Asamblea Legislativa.
“Es indignante decir que con estas capturas se está realizando una persecución política; que se están violentando derechos humanos, cuando la gente (la población) no ha tenido medicinas en los hospitales, escuelas en buen estado o igualdad de oportunidades”, apuntó Melara.
Sociedades para lavar dinero
Las investigaciones fiscales indican que Reyes y su socio Byron Larrazábal utilizaron las empresas Terrein, Lubbex y Eko Lime “para realizar transabilidad de dinero que llegaba a estas sociedades y terminaron en beneficios de ellos”, declaró Arriaza.
En 2011, ambos imputados inscribieron en el Registro de Comercio la empresa Terrenos e Inversiones S. A. de C. V. (Terrein), misma que después compró cinco terrenos que eran del Ipsfa, situados en Nuevo Cuscatlán, La Libertad.
En noviembre de 2014, una publicación de La Prensa Gráfica reveló la adquisición de esas tierras, la cual se efectuó al contado, en febrero de ese año, y por un valor de $440,501.01, es decir $190,000 menos por el que los compró inicialmente el Ipsfa y a pesar de la alta plusvalía de la zona.
En su momento, representantes del Ipsfa manifestaron que todo el proceso estuvo en regla y que se hizo según los precios de mercado, aunque revelaron que se le consideró un “caso especial” y que los terrenos se pagaron al contado.
“Hemos vinculado a la investigación con personas que realizaban funciones dentro de ese Instituto (Ipsfa) a través de la gerencia general y la jefatura de compra y venta de inmuebles dado de que emiten un dictamen técnico en el que argumentan situaciones que permitían bajar el precio real de esos lotes y fueron adquiridos por esa sociedad, en la que el señor Sigfrido Reyes era socio con Byron Larrazábal, a un precio inferior, causando un perjuicio al estado de más de $105,000”, explicó Arriaza.
En 2015, una auditoría realizada por la Corte de Cuentas, en la administración de Jovel Humberto Valiente, sobre la compraventa de los terrenos al Ipsfa reveló que no hubo irregularidades, pero no era cierto. Melara aseguró que se pidió una nueva auditoría que sacó a la luz las anomalías. Arriaza agregó que en el primer examen, la encargada del mismo, solicitó los papeles de trabajo y elaboró un nuevo informe en donde es establecía que no existían irregularidades.
El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) le exigió, e viernes, al fiscal Melara, que investigue a quienes han filtrado información sobre investigaciones a personas, que como Reyes, ahora son prófugos. “Los controles deben fortalecerse”, dijo el CEJ.
