Siete decisiones judiciales con resultados controversiales

Los tratos que algunos imputados proponen a cambio de confesar sus delitos también generan críticas, tal es el caso de la exprimera dama, Ana Ligia de Saca.

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El caso de dos oficiales de la PNC acusados uno de homicidio (en la foto) y otro de hurto, ejemplifica lo controversial que pueden resultar los fallos judiciales. Foto EDH / archivo

Por Jorge Beltrán Luna

2019-09-14 5:30:27

En El Salvador son abundantes las resoluciones judiciales o acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que generan controversia, bien por favorecer a algunos imputados o por ser duros con otros.

Ejemplos abundan. Entre los más recientes están los de dos oficiales de policía para quienes la suerte ha sido diferente.

El jueves anterior, un juez de San Salvador favoreció a un subinspector acusado de homicidio simple, imponiéndole una fianza y la colocación de un brazalete electrónico.

Pero mientras ese subinspector recibía ese beneficio, un inspector jefe era trasladado al penal de Metapán, luego de que a finales de agosto, una jueza del Puerto La Libertad, lo enviara a prisión preventiva tras ser acusado de hurtar una tablet. Para rematar, le impusieron reserva total al expediente judicial.

Este mismo año, un magistrado de una Cámara de lo Civil fue capturado acusado de agredir sexualmente a una niña en la colonia Altavista, pero fue beneficiado con libertad bajo fianza, mientras que un hombre capturado a principios de marzo por tener en su casa dos plantas de marihuana, lleva seis meses preso y tres intentos fallidos de que le realicen una audiencia especial para que le cambien la prisión por una pena menor. Al igual que el magistrado en referencia, una exprimera dama también ha sido favorecida por el sistema judicial.

Inspector policial está preso por supuesto hurto de tablet
Mario Francisco Gil Pineda está en prisión desde el pasado 22 de agosto, cuando un fiscal de la oficina de Zaragoza le giró orden de captura por el delito de hurto agravado que supuestamente cometió en 2016. Lo acusan de haber hurtado una tablet durante un registro en una vivienda. De acuerdo con allegados al oficial, la Fiscalía y el juzgado se han empeñado en afectar a Gil Pineda a tal punto que la Fiscalía pidió reserva al proceso (por hurto) y el juzgado aceptó. Fue enviado a una cárcel a pesar de que el Art. 323-A, del Código Procesal Penal manda que los agentes de autoridad deben permanecer en resguardo en las unidades policiales.

Oficial acusado de homicidio está en libertad

El pasado 7 de septiembre, el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Rigoberto Estrada Villalobos, mató de un disparo a un conductor identificado como José Gilberto Alvarenga Cañas, en una aparente persecución sobre el bulevar del Ejército, a las 6:50 p.m. Pese a la gravedad del delito imputado, el jueves anterior fue dejado en libertad por el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador, ante el cual la Fiscalía lo acusó del delito de homicidio simple.

El juzgado impuso también una fianza de 6,000 dólares y ordenó la colocación de un brazalete electrónico para poder monitorear los desplazamientos del oficial.

Seis meses preso por dos plantas de marihuana

Ángel Segovia lleva más de seis meses en prisión, luego de que la policía le encontrara dos plantas de marihuana, en su casa, localizada en el municipio de Jocoro, departamento de Morazán. Sus familiares dicen que no han cesado en procurar que Ángel recobre la libertad, pero en tres ocasiones han sido suspendidas las audiencias por el juzgado de Instrucción donde actualmente está la causa penal. Los padres de Ángel dicen que éste consume marihuana para paliar los dolores de una enfermedad .

Vanda Pignato con arresto domiciliar

La exprimera dama, Vanda Pignato, ha sido favorecida con arresto domiciliar. En septiembre de 2018, la Cámara Segunda de lo Penal le concedió ese beneficio a petición de sus abogados, quienes argumentaron que padece una grave enfermedad. La imputada está siendo procesada por dos delitos: lavado de dinero y simulación de delito.

Según la Fiscalía, se benefició de una parte de los $351 millones que su exesposo, el expresidente Mauricio Funes, habría desviado durante su gestión. Es acusada de lavar 165,000 dólares de fondos de la Presidencia.

Trabajo público por lavar $17 millones

Un caso que causó mucha controversia fue el trato que la exprimera dama, Ana Ligia Sol de Saca, recibió de la Fiscalía General de la República, consistente en aceptar el delito de lavado de dinero a cambio de un proceso abreviado en el que se le impusiera tres años de cárcel y que estos fueran cambiados por trabajo de utilidad pública.

La imputada es acusada de lavar 17 millones de dólares, entre 2004 y 2009, como parte de la red urdida por su esposo, el expresidente Antonio Saca, condenado a 10 años de prisión.

El acuerdo entre la imputada y la Fiscalía no se llevó a cabo porque ella no aceptó devolver los 17 millones de dólares.

Magistrado acusado de agredir a niña está con arresto en su casa

A finales de marzo anterior, a pesar de que la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de agresión sexual en una niña, la Cámara Primero de lo Penal quitó la agravante del delito imputado a Escalante Díaz y lo puso como agresión sexual simple, y ordenó que fuera puesto en libertad bajo una fianza de 10,000 dólares, además de ponerle como condición que cada 30 días debería presentarse a firmar a la misma Cámara y que no debía salir del país, para lo cual le retuvieron el pasaporte.
El hecho por el cual la Fiscalía acusa a Escalante Díaz, fue cometido, según el Ministerio Público Fiscal, el pasado 18 de febrero en un sector de la colonia Altavista, al oriente de San Salvador.

Hace pocos días, un tribunal superior ordenó que Escalante Díaz fuera puesto en arresto domiciliar mientras se depura el proceso judicial en su contra.

Leve condena a jueza que liberó a 17 pandilleros

Astrid de los Ángeles Torres admitió que cuando era Jueza de Vigilancia y Ejecución de la Pena, de Santa Tecla, cometió el delito de favorecimiento a la evasión, pero mediante un acuerdo entre Fiscalía y sus defensores, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, la condenó a tres años de prisión pero simultáneamente le suspendió condicionalmente la pena, les dejó dos años de prueba y un tercero con libertad condicional.

Torres ordenó, en mayo de 2012, la libertad de 17 reos, todos miembros de pandillas, condenados por los delitos de proposición y conspiración de homicidios y agrupaciones ilícitas, a pesar que no habían cumplido el tiempo o no tenían derecho a ningún beneficio por la gravedad de sus delitos.