Seis de cada diez cadáveres abandonados en quebradas, ríos, barrancos y pozos en los últimos 15 años, tenían lesiones con arma de fuego. Así lo reflejan las autopsias del Instituto de Medicina Legal.
En el país no es extraño que en las escenas de homicidio, los habitantes aseguren haber escuchado de tres a cinco disparos o o una balacera, y que cuando van a ver se han encontrado con una persona asesinada.
Las fuentes policiales dan fe de ese dato cada día cuando informan sobre las armas usadas por los delincuentes para matar a sus víctimas.
El restante 40 por ciento de las víctimas mortales en abandono en estos 15 años, fue por lesión de arma blanca, objeto contundente (piedra, martillo, barras de hierro) que sumaron 920 casos; los demás por estrangulamiento y quemaduras, indica el informe que Medicina Legal dio a El Diario de Hoy.
Los expertos manifiestan que los homicidios con arma blanca son cometidos con saña porque a diferencia del arma de fuego, la muerte es más lenta y dolorosa.
Las liberaciones de estos cuerpos ocurren usualmente en zonas boscosas y silenciosas como predios baldíos, alejados de los suburbios urbanos. Pero varias de las víctimas son raptadas de una zona residencial o comercial, son introducidas en un vehículo y las llevan a un lugar solitario, donde las matan.
Después de uno, dos o más días, las autoridades son alertada del hallazgo de estas víctimas.
El caso de la familia Pimentel
Un ejemplo de estos hechos fue el de los cinco integrantes incluyendo a un niño de 12 años de la familia del preparador físico del Sonsonate FC, Omar Pimentel, quienes fueron raptados la noche del 16 de enero en cantón Los Naranjos (Sonsonate) y llevados a un lugar montañoso de Nahuizalco donde les quitaron la vida.
Los homicidas ocultaron los cadáveres en una tumba clandestina; 22 días después las autoridades los encontraron e iniciaron el proceso de recuperación en cafetales del cantón Los Arenales de Nahuizalco.
Las autoridades manifestaron que a todos los cadáveres se les observaba lesiones provocadas con arma blanca, aunque en la zona fueron descubiertos algunos casquillos de calibre nueve milímetros, detalló el subcomisionado Hugo Padilla.
Según las investigaciones, los pandilleros habían colocado la noche del 16 de enero un punto de asalto. Si fue la familia Pimentel su única o una de varias víctimas no se sabe. El vehículo en el que estas se conducían tenía números impactos de bala.
El estudio forense del período 2004 a 2018 también revela que el 75 por ciento de los cadáveres fue encontrado en el municipio de San Salvador, uno de los sitios de país con mayor incidencia delictiva.
Aparte de San Salvador, los municipios con más hallazgos de cadáveres en lugares desolados se localizaron en el orden siguiente: Santa Ana, Soyapango y San Miguel, seguido por Apopa, Mejicanos, Colón, Ciudad Delgado y Sonsonate.
No es extraña esa relación porque además de estar densamente poblados, son los sitios de mayor concentración de pandillas y como consecuencia de ello es donde ocurre el mayor número de homicidios
Los restos humanos abandonados en sitios desolados de esos municipios no son identificados in situ por no portar documentos, pero los forenses aclaran que luego son reconocidos por sus familiares en la morgue de Medicina Legal.
Por los niveles de violencia que adolece el país, las personas que desaparecen son buscadas en los hospitales, delegaciones policiales, centros penales y Medicina Legal.
Familia identifica cadáveres
Según las estadísticas forenses, el 93 % de estas víctimas por homicidio en El Salvador son identificadas.
Aclaran que los parientes las identifican en los álbumes fotográficos que diariamente son actualizados por la institución, en la morgue o cuando se someten a pruebas especializadas como ADN.
Entre 2004 y 2018, 53,889 cuerpos han sido reconocidos por sus documentos o por parientes.
Por disposición de la institución, los cuerpos permanecen ocho días en Medicina Legal, de no ser reclamados, les extraen muestras y son llevados a la fosa común de los cementerios municipales.
El director de Medicina Legal, Pedro Hernán Martínez, afirmó que la institución en San Salvador tiene frigoríficos o refrigeradoras para resguardar como máximo 30 cuerpos.
La capacidad de estos refrigeradores se vuelve insuficiente cuando hay rachas de homicidio, de diez, 15 o más a nivel nacional.
Martínez no precisó un promedio de cadáveres que posterior a ser llevado a la fosa común son reclamados por sus parientes, sin embargo, dijo que hay meses que de ocho cadáveres enterrados como no identificados, unos seis son reconocidos por sus familias. En ese caso deben ser desenterrados para que los parientes les den cristiana sepultura.
La mayoría de los cuerpos abandonados son recuperados en las primeras 24 a 48 horas por aviso de los ciudadanos a las autoridades.
Solo en casos más complejos tardan más. Estos son aquellos en los que con el propósito ocultar la principal evidencia del delito cometido, los cadáveres son semienterrados o lanzados a pozos profundos, barrancas alejadas de los núcleos urbanos, afirmó la jefa de Unidad de Vida de la Fiscalía, Guadalupe Echeverría.
En estos casos, los hallazgos no son fáciles y requieren de un testigo implicado con beneficios penales a cambio de colaborar en el esclarecimiento de un homicidio.
Algunos investigadores policiales han declarado que en El Salvador no se indaga a profundidad los casos de desaparecidos, y estos forman parte de estas estadísticas de cuerpos abandonados. Esto hace que pasen uno o más años sin que los familiares los puedan enterrar.
