En los últimos cinco años y medio, más de 17,000 personas han sido sentenciadas a realizar sin paga una labor en beneficio de alguna institución pública o una privada con finalidad social.
Desde enero de 2013 a junio de 2019, a 17,828 personas les han sustituido la prisión por jornadas laborales no remuneradas en alguna entidad estatal o particular. Así lo revelan datos del Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DPLA) de la Corte Suprema de Justicia, brindadas a El Diario de Hoy a través de la Unidad de Acceso a Información Pública (UAIP).
Pandillero confesó que intentó hurtar un celular y pagará pena con trabajo social
José Armando Guzmán Sigüenza, de 36 años de edad, fue llevado a juicio el pasado 22 de agosto en donde confesó haber robado un teléfono móvil a Julio T., pero que luego se lo devolvió. A raíz de la confesión , el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador le condenó a dos años de prisión.
Pero por ser una pena menor de 3 años, el juez le reemplazó la prisión por trabajos de utilidad pública, aunque el reporte del Centro Judicial Isidro Menéndez no aclara cuántas jornadas estará obligado a cumplir.
El imputado solicitó proceso abreviado en el que se declaró culpable del delito de hurto tentado. Se vio beneficiado con el cambio de delito, ya que antes se le había acusado de robo agravado pero este devolvió el aparato a la víctima en la audiencia inicial realizada el 19 de julio pasado.
En el relato de los hechos, se dice que en la tarde del 15 de julio pasado, unos agentes de la Policía que desviaban el transporte colectivo sobre la alameda Juan Pablo II, detectaron que un sujeto se había bajado de un microbús de la R-29, luego pasajeros les indicaron que el hombre iba robando.
Los policías persiguieron al hombre , quien dijo haber sido miembro de una pandilla; fue así como detuvieron a Guzmán Sigüenza y le hallaron en la bolsa delantera del pantalón el teléfono celular de la víctima.
Mujeres pagarán con trabajo tras agredir a policía e intentar quitarle la pistola
Dos mujeres fueron condenadas luego de ser acusadas de atacar a una mujer policía en Santa Ana y de resistirse de manera agresiva al arresto. Todo ocurrió el 13 de enero pasado en el Reparto IVU Los 44, de Santa Ana.
Ese día, agentes de la Policía patrullaban la zona y ordenaron detenerse a un hombre a bordo de una motocicleta pero este quiso evadirlos. Al pedirle la documentación y “practicarle una requisa personal”, dice el reporte judicial, los agentes descubrieron que no portaba licencia de conducir. Fue identificado como Marvin Vladimir Rivas,
En ese momento, dos mujeres empezaron a insultar a los policías y luego se lanzaron contra uno de ellos, que era mujer. Además de causarle laceraciones en el cuello.
Marta de Jesús Quijada de Rivas, de 38 años, quien resultó ser la madre del motociclista sin permiso de conducir, intentó arrebatarle la pistola a la policía mientras Sandra Corina González de Lucero, de 41 años y tía del motociclista, le tomaba del cabello. Los otros policías neutralizaron a las agresoras. Estas fueron acusadas de resistencia agresiva, por lo que fueron condenadas; se le impuso a cada una pena de tres años de cárcel, pero sustituidas por 144 jornadas de trabajo e utilidad pública.
Lesionó al hermano de la mujer que pretendía y lo dejó parapléjico
El pasado 12 de agosto, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, condenó a Joaquín Evin Alegría, de 56 años de edad, por el delito de lesiones culposas en perjuicio de Carlos Ernesto Martínez Martínez.
Según la acusación, el 5 de junio de 2017, Alegría había llegado a la residencial de una mujer que pretendía sentimentalmente, y aprovechando que ella había salido a botar basura en compañía de sus dos hijos de 4 y 8 años, quiso obligarla a hablar con él, peor ella se negó. El hombre la tomó del cabello, quiso besarla y obligarla a entrar a su vehículo. Los niños corrieron a avisar y Martínez salió a defender a su hermana, pero Alegría le disparó en el tórax. Al escuchar los disparos el padre de la víctima salió, le quitó el arma y llevó a Martínez al hospital, pero este quedó parapléjico como consecuencia de las lesiones. El historial limpio hasta antes de este hecho favoreció a Alegría, y el tribunal le impuso dos años de prisión que le fueron reemplazadas por 96 jornadas de trabajo de utilidad pública y a indemnizar a la víctima con $25,000.
Tres policías pagarán con trabajo condena luego de confesar que torturaron a un joven
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador avaló un procedimiento abreviado solicitado para que Hugo Adalberto Morán, Iván Alexander Morán y Stefany Moreno Castro, tres agentes de la Policía Nacional Civil confesaran haber torturado a un joven en Apopa, al norte de San Salvador.
La condena fue impuesta a mediados de julio de este año y consistió en tres años de cárcel para Morán, y dos años a los otros dos agentes por haber sido cómplices en la comisión del delito. Pero estas penas fueron reemplazadas por trabajo de utilidad pública, que no fueron especificadas.
Además fueron condenados a pagarle a la víctima $4,000, cantidad que le fue entregada en la audiencia.
Según la acusación fiscal, el 13 de mayo de 2018, los mencionados agentes realizaban patrullajes debido a que otro agente había sido lesionado en una colonia de Apopa. En ese contexto, los agentes llegaron a la casa de la víctima, quien se encontraba en el patio de su vivienda.
Los policías le presionaban preguntándole sobre dónde estaban los sujetos que habían atacado al colega de la corporación y al escuchar del joven que él no sabía nada, empezaron a golpearlo. Los reportes médicos establecieron que las lesiones que le provocaron sanarían en 30 días y que le habían puesto en peligro su vida.
Condenado a 144 jornadas de trabajo por comprar repuestos robados
Josué A. es un mecánico que fue llevado al juez acusado del delito de receptación de vehículos automotores o sus piezas provenientes del hurto o robo. Él fue capturado en el taller de su propiedad el 22 de junio de 2018 luego de un allanamiento.
En el procedimiento le hallaron piezas de automóviles en el taller y luego de las pruebas científicas realizadas se confirmó que los números de los motores estaban alterados; además tenían reporte de hurto de fechas anteriores, indica un reporte judicial.
El reporte también señala que el mecánico narró en un proceso abreviado que el 1 de junio de 2018 le compró a tres hombres cinco motores para motocicletas por $200 , los cuales provenían del robo de motocicletas en San Salvador, Mejicanos, Quezaltepeque y Santa Tecla. A cambio de la confesión, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador lo sentenció a tres años de cárcel, los cuales fueron reemplazados por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública.
Dos ciudadanos declarados culpables por intentar sobornar a policías de tránsito
El 22 de enero de este año, William Elider Díaz Reyes y Andrea Patricia Rubio Morales fueron detenidos en flagrancia frente al Hospital Quirúrgico del Seguro Social , en San Salvador, luego de que el sistema de emergencia del 911 los reportara que circulaban a excesiva velocidad y de forma temeraria en un vehículo tipo sedán sobre la alameda Juan Pablo II.
Según el reporte judicial, cuando los agentes de Tránsito los intervinieran y les pidieran que bajaran del automóvil, Reyes, uno de los ahora condenados, se bajó y cuestionó de manera prepotente a los policías sobre porqué lo detenían, recibiendo por respuesta que lo detenían porque le impondrían una esquela de tránsito, luego de haber recibido un reporte del sistema 911.
Pero Reyes se dirigió a su acompañante que les diera dinero a los policías. Ella se sacó un billete de $20 y les dijo: “acá tiene para unos frescos”, Ante eso, los agentes les informaron que los iban a detener por el delito de cohecho activo (soborno).
Los dos imputados aceptaron haber cometido el delito en un proceso abreviado solicitado por la Fiscalía y defensa, el cual fue avalado por lo que la jueza y les impuso una pena de dos años de prisión, la cual fue reemplazada por 96 jornadas de trabajo de utilidad pública.