Seguridad recibió dinero de tiendas penitenciarias para servicios de inteligencia

Exministro Munguía Payés declaró que Centros Penales le daba $2,500 mensuales para dicho fin. Él compareció este viernes en el juicio contra los extitulares de las prisiones Nelson Rauda y Rodil Hernández.

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Los exdirectores de Centrso Penales, Rodil Hernández y Nelson Rauda (al centro y a la derecha respectivamente) son enjuiciados por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta. Foto EDH/ Archivo

Por Diana Escalante

2019-08-31 4:30:07

“La mejor información de inteligencia venía de Centros Penales”. Así justificó este viernes el exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, el desembolso de fondos provenientes de las tiendas institucionales de las cárceles para el pago de servicios de inteligencia y contrainteligencia, durante su administración, entre 2011 y 2013.

El exfuncionario declaró en el juicio que el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador realiza contra los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda, y Rodil Hernández, a quienes la Fiscalía imputa los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta.

Entre 2012 y 2014, los extitulares de Centros Penales, según la investigación, habrían usado $3.2 millones de las utilidades de las tiendas que hay en las prisiones para supuestamente pagar servicios de inteligencia, sobresueldos, bonos y préstamos.

“Solo Centros Penales no tiene presupuesto para pagar inteligencia y lo necesita para poder descubrir planes de fuga, de motines o de asesinatos”.

Manuel Chacón, Defensor de Nelson Rauda y Rodil Hernández

Esto a pesar de que el Manual de Manejo de Fondos establece que el dinero únicamente debe ser utilizado en programas en beneficio de la población reclusa o para obras de infraestructura en las cárceles.

Munguía Payés declaró que poco tiempo después de haber asumido el cargo empezó a recibir de Rauda, entonces titular de Centros Penales, entre $2,000 y $2,500 que supuestamente servían para el pago de servicios de inteligencia y contrainteligencia.

$3.2

es el monto que salió de las tiendas penitenciarias y que habría sido mal utilizado entre 2012 y 2014.

El imputado le entregaba los fondos en efectivo, cada mes, aseveró el exministro. Agregó que esta práctica se hacía históricamente, según le expresó Douglas Moreno, antecesor de Rauda en la institución, por lo que Munguía Payés decidió darle continuidad.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tiene una Oficina de Información y Análisis desde donde las autoridades realizan labores de contrainteligencia, como detectar posibles ataques de grupos criminales, planes de fuga de reos, motines, entre otros.

Aunque la información que obtiene dicha dependencia permite a las autoridades combatir la delincuencia, no cuenta con un presupuesto para hacer tareas de inteligencia, como sí lo tienen la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y el Organismo de Inteligencia del Estado, apuntó exministro de Seguridad de la gestión Funes. Por esa razón, la Oficina recibía un apoyo económico que salía de las tiendas penitenciarias.

Según los fiscales, con la declaración del exfuncionario se confirma que Rauda entregó dinero al exministro para el pago de servicios de inteligencia cuando la ley no le permitía destinar ese dinero para dichas actividades. “La cantidad de dinero que se le entregaba al señor Munguía Payés difiere de la cantidad que era extraído de los fondos de las tiendas… más de la mitad es lo que no se le entregaba para esa actividad. Ese dinero se lo quedaba el director de penales, pero más que quien tenía en su poder ese dinero es que no estaban autorizados para emplear esos fondos en esas actividades”, sostuvo el fiscal Arturo Cruz.

En el juicio también declararon coordinadores de tiendas penitenciarias y empleados administrativos que ratificaron que el dinero de las tiendas penitenciarias era privado, porque los familiares de los reos se los entregaban para que ellos pudieran comprar en los negocios.

También señalaron que los fondos se usaron para actividades distintas a las que establece la normativa y expresaron que el manejo y supervisión de los mismos le corresponde al director general.

Los testigos presentados por la defensa declararon que con el dinero de las tiendas se financiaron obras de infraestructura (reparación eléctricas, cambio de techos, mantenimiento de sistemas de aguas negras) en todas las cárceles del país y también se pagaron horas extras de los obreros.

El abogado Manuel Chacón insistió en que el delito de actos arbitrarios que se les imputa a Rauda y Hernández no se configura porque no hicieron manejo de dinero público, como dice la Fiscalía.

Apuntó que entre las tiendas y los reos había una transacción comercial y las ganancias le quedaban a Centros Penales, pero el dinero no entraban al Fondo General de la Nación y por eso la Corte de Cuentas de la República no los audita.