Libres bajo fianza de 5,000 dólares cada uno. Tal fue la resolución judicial que favoreció a Jeniffer Esmeralda Zamora Aguilar, de 23 años, empleada de la Asamblea Legislativa, y Edgardo Antonio Alvarado Calderón, de 42, exgerente de la alcaldía de Chalatenango, a quienes la Fiscalía General de la República está acusando del delito de tráfico ilegal de personas.
Además de la fianza, el Juzgado Primero de Paz de Metapán, departamento de Santa Ana, les impuso otras medidas tales como no salir del país, no cambiar de domicilio y no acercarse a las víctimas, explicó Iris Lima, encargada de prensa del Centro judicial de Metapán.
Zamora Aguilar y Alvarado Calderón fueron capturados el pasado 3 de agosto en un paso fronterizo no autorizado en el sector de la frontera Anguiatú, en ese mismo municipio, cuando intentaban llevar de manera ilegal hacia Estados Unidos, a dos adultos y un menor de edad, según fuentes policiales.
No obstante que una de las razones para beneficiar los con libertad fue que las víctimas no reconocieron a los dos imputados en un reconocimiento de rueda de personas, de acuerdo con reportes policiales, al momento de ser interceptados en el paso ciego, los migrantes dijeron a los agentes captores que Zamora Aguilar y Alvarado Calderón los llevaban hacia Estados Unidos y fue por eso que procedieron a las capturas de ambos.
A los imputados les decomisaron dinero en efectivo y el vehículo en trasladaban a las tres personas, originarias del mismo departamento de Chalatenango de donde también son originarios los imputados.
Secretaria de la Asamblea
En documentos oficiales, Zamora Aguilar aparece como Secretaria II de la Asamblea Legislativa. Según fuentes de esa institución es parte de la cuota de empleados que tiene el Partido de Concertación Nacional (PCN).
Ante señalamientos de que la joven era secretaria del diputado de esa fracción, Reynaldo Cardoza, este legislador aceptó que lo fue hasta hace poco tiempo y que se sentía sorprendido por la noticia sobre el arresto.
Por su parte, Alvarado Calderón fue gerente general de la alcaldía del municipio de Chalatenango hasta finales de 2017. Ese mismo año, a mediados, constituyó una empresa constructora, según documentos del Centro Nacional de Registros, CNR.
Luego de la audiencia inicial, la fiscal del caso se negó a dar declaraciones sobre el resultado de la diligencia judicial.