Siete secuestradores fueron condenados este viernes por el secuestro y asesinato de un joven en abril de 2019. El juez especializado de Sentencia de Santa Ana, Carlos Linares Ascencio, notificó las condenas a cada uno de los delincuentes, entre los cuales se encuentra un secuestrador que en el 2001 fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión por haber secuestrado a otra persona pero que, sin saber por qué, desde el 2015 andaba en libertad, cuando aún le faltaban 12 años para cumplir su sentencia.
El nombre de este delincuente es Jeremías de Jesús Ruiz Guardado, alias “Jeremías” o “Chato”, de cuyo nombre se originaba el nombre de la banda, según las investigaciones.
El juez Linares Ascencio le impuso una condena de 40 años de prisión por el delito de secuestro.
Otro de los condenados es Jorge Antonio Mendoza Flandez, quien al igual que Ruiz Guardado, es oriundo del municipio de Candelaria de La Frontera, donde es considerado el mayor contrabandista de ropa que introduce desde Guatemala por puntos ciegos, especialmente por el cantón Piedras Azules, según vecinos de ese lugar.
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A este delincuente también se le impuso 40 años de prisión por el secuestro y tres años más por el delito de encubrimiento, pues en uno de sus terrenos, la banda mantuvo en cautiverio a la víctima.
Los otros condenados son Francisco Javier Ayala Lazo, condenado a 40 años; Omar Ernesto Acevedo Gámez, Christian Alexander Valencia y Meybe Mercedes Sánchez Aguilar. Estos tres recibieron sentencia de 26 años y ocho meses de cárcel. Por último está Guillermo Manuel Lino Hernández, a quien se le impuso 50 años de prisión, por el delito de homicidio agravado.
La investigación determinó que Lino Hernández fue quien asesinó al joven deportista cuando éste intentó escapar del lugar donde ya llevaba casi una semana en cautiverio.
Un secuestro que acabó en homicidio
De acuerdo con la investigación fiscal, entre Ruiz Guardado y Mendoza Flandez planearon y organizaron el secuestro del joven exfutbolista de un equipo de la Liga Mayor de Fútbol salvadoreño, según reportes periodísticos que dieron a conocer la captura de la banda de secuestradores y el hallazgo del cadáver del joven.
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Este hecho ocurrió a mediados de abril de 2019, aunque los reportes periodísticos indican que las capturas fueron realizadas días después, excepto la de Mendoza Flandez quien decidió huir a Estados Unidos cuando supo que la Policía estaba tras la pista de la banda.
Luego de que trascendiera el homicidio del joven futbolista y las capturas de los responsables, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió que se le impusiera reserva total al caso; no obstante, el juez especializado de Sentencia levantó esa reserva por considerar que no reunía los requisitos legales para la misma y únicamente mantuvo bajo reserva, el nombre de la víctima y testigos clave.
Vídeos e intervenciones telefónicas, clave para resolver el caso
En la captura de la banda de secuestradores, que no son miembros de pandillas, fueron determinantes la revisión de cámaras de seguridad instaladas en al menos tres negocios cercanos al lugar del plagio y en la ruta por donde los delincuentes se llevaron a su víctima, rumbo al municipio de Candelaria de La Frontera, de Santa Ana.
La rápida autorización judicial para intervenir los teléfonos desde donde comenzaron a exigir el rescate también jugó un papel importante, según indican las pesquisas.
La investigación del caso detalla que la víctima fue secuestrada el 16 de abril de 2019, en el centro de la ciudad de Santa Ana, cuando había llegado a un taller mecánico.
Al siguiente día, los secuestradores se comunicaron con la familia, diciendo que el secuestrado estaba bien, que era bien portado y que si lo querían de regreso, tenían que pagar 500,000 dólares y que no denunciaran el secuestro, es decir, que no informaran a las autoridades.
Sin embargo, al siguiente día, investigadores de la Divisíón contra Crimen Organizado se involucraron en el caso bajo la dirección de la Fiscalía.
La ayuda de un testigo también fue fundamental. Este relató el momento cuando la víctima por tratar de escapar chocó su carro con otro y que fue entonces cuando lo privaron de libertad.
El mismo testigo les indicó señas y marcas de los vehículos involucrados en el plagio: uno donde se llevaron a la víctima conducido por Ruiz Guardado y Ayala Lazo, y otro desde el cual dieron seguimiento y mantuvieron vigilada a la persona, en lo cual participaron Acevedo Gámez y Valencia.
El relato de ese testigo coincidió en todo con las cámaras de seguridad de varios negocios de la zona.
Posteriormente, las escuchas telefónicas arrojaron datos de dónde se hacía las llamadas y los dueños de los teléfonos.
En este punto, los secuestradores recibieron la ayuda de Meybe Mercedes, exmujer de Ruiz Guardado, quien compraba los chips para los teléfonos con los cuales la banda se mantenía en comunicación entre sí y la negociación.
Mientras tanto, la víctima de secuestro permanecía en un sector rural fronterizo con Guatemala, en un inmueble propiedad de Mendoza Flandez, bajo la custodia de Lino Hernández.
Luego de siete días de secuestro, la familia logró que aceptaran $20,000 como rescate. Mientras tanto, la víctima no sabía nada de cómo los delincuentes estaban negociando con su vida. Lo supo a ultimas horas, cuando la familia pidió una prueba de vida.
El joven contestó las preguntas que sus parientes le hicieron: cuántos animales domésticos tenían en casa y cuáles eran sus nombres.
Sin embargo, el mismo día que su familia se disponía a entregar el rescate, bajo las indicaciones de investigadores policiales, el joven vio la oportunidad de escapar. Pero Lino Hernández no dudó en matarlo a balazos antes que dejarlo escapar.
Horas después, el cadáver del joven fue encontrado en el cantón La Criba, del mismo municipio.
En agosto de 2019, a pocos meses de estar escondido en Estados Unidos, las autoridades de ese país capturaron a Mendoza Flandez, quien fue recibido por policías en el aeropuerto de Comalapa.
Esta vez no pudo salir bien librado, como lo había hecho tantas veces, como cuando fue arrestado por contrabando, una de las cuales ocurrió a mediados de julio de 2018.