La administración de Joe Biden está estrechando el cerco contra funcionarios centroamericanos que atenten contra la democracia, la independencia judicial o estén involucrados en actos de corrupción pues ahora las sanciones alcanzarán a los familiares de los funcionarios señalados por el Departamento de Estado.
El mes pasado, el departamento de Estado de los Estados Unidos divulgó la lista Engel, en la cual señaló a diez salvadoreños, que abarcan a funcionarios de la actual administración de Nayib Bukele y ex titulares de esta y la pasada administración del FMLN así como un magistrado del Tribunal Supremo Electoral y un ex alcalde ligados a ARENA.
La embajada de los Estados Unidos en El Salvador confirmó días después de que ya habían cancelado las visas de entrada a esa nación de quienes aparecieron en esta lista, aunque ayer se supo por el secretario Antony Blinken, que las nuevas sanciones incluyen la negación del visado a los familiares de los señalados. En este caso no se sabe si hay visas canceladas a los parientes de los señalados por la lista, que el Gobierno y el Fiscal impuesto han ignorado.
“A las personas designadas bajo esta política, incluidos los miembros de su familia, se les puede negar una visa. Con estas restricciones, estamos enviando un mensaje claro de que aquellos que socavan la democracia o el estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en los Estados Unidos”, añadió el secretario de Estado.
A criterio del departamento de Estado
El exembajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, consideró que es “normal” que Estados Unidos haya tomado esta decisión y a su decir, al establecer estas sanciones como una política anticorrupción y amparada en una Ley, esta misma le da discrecionalidad el Departamento de Estado para cancelar visas a los familiares de los señalados en estos actos de corrupción como parte de la investigación.
“La ley dice expresamente que las sanciones son para las personas (señalados en Lista Engel) y sus familiares. Esto tiene que ver con el lavado de dinero. La ley tiende a ver que a veces son los familiares quienes esconden los dineros (mal habidos). Es como lo que hace la Ley de Probidad en el país”, ejemplificó Zamora.
De acuerdo a su experiencia, la ley en que se basará el Departamento de Estado para cancelar visas no especifica hasta qué grado de consanguineidad se puede aplicar la sanción, sino que más bien le da libertad para retirar visas a quienes considere han colaborado en actos de corrupción.
“Ya lo dejan al arbitrio del Departamento de Estado la cancelación de visas de familiares”, especificó el exdiplomático.
El director de la ong internacional de derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se mostró ayer complacido de que los Estados Unidos hayan establecido esta política de sanciones a los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, quienes han mostrado su escaso interés por combatir la corrupción al despedir al Fiscal anticorrupción en Guatemala, Juan Francisco Sandoval, quien era considerado un “campeón contra la corrupción” por Estados Unidos, y la decisión del Gobierno de El Salvador de cerrar la Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción (CICIES).
“Apoyo la decisión de Estados Unidos de rechazar visas a quienes atentan contra la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador. Porras tras la destitución de Sandoval, y quienes obstruyen la lucha contra la corrupción deberían ser los primeros en perder sus visas”, tuiteó Vivanco.
El director de HRW se refiere a Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público de Guatemala, quien acusó al fiscal especial de aplicar una “justicia selectiva e ideologizada” luego que Sandoval denunciara que Porras había obstaculizado investigaciones contra altos jefes de esa nación.
La destitución fue duramente cuestionada por Estados Unidos, quien decidió cortar la ayuda y cooperación hacia el vecino país por la situación. Sandoval debió salir de Guatemala el mismo día de su destitución por temor a represalias en su contra.
Determinación de EE.UU.
Desde hace unas semanas, el presidente Joe Biden emitió un comunicado en el cual declara la lucha contra la corrupción a nivel mundial como una estrategia nacional de seguridad e instruyó a todas sus agencias desplegadas por el mundo a actuar en consecuencia esa directriz de prioridad nacional.
De hecho, la Agencia estadounidense de cooperación USAID anunció en mayo, luego del golpe al Órgano Judicial que propició la Asamblea Legislativa oficialista al destituir sin derecho a defensa a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal para imponer nuevos funcionarios afines al Gobierno, que cortaría la ayuda a los programas de Seguridad del Gobierno y daría los fondos a las organizaciones no gubernamentales y actores de la sociedad civil.
De hecho, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó el pasado miércoles 28 de julio el presupuesto de operaciones extranjeras del Departamento de Estado para el año fiscal 2022, el cual inicia el 1 de octubre de 2021 y finaliza el 30 de septiembre del siguiente año.
En este, se establece que el combate a la corrupción, así como otras 8 características que apuntan al fortalecimiento institucional en el Triángulo Norte, serán precondiciones para el grueso de la cooperación que se pueda enviar a Guatemala, Honduras y El Salvador.
De hecho, el enviado especial del presidente Joe Biden para esta región, Ricardo Zúñiga, reconoció que para el gobierno de su país fue un retroceso la desarticulación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
“Estamos decepcionados por la desarticulación (…) de la CICIES en El Salvador porque pensamos que jugaban un papel importante para fortalecer actores nacionales”, afirmó el diplomático estadounidense.