Mujeres transgénero denuncian falta de recursos y acoso durante cuarentena

El hostigamiento viene por parte de los agentes de la policía y administradores de los mesones.

Las autoridades policiales acusan a mujeres trans de ofrecer sus servicios sexuales durante la cuarentena.

Por Menly Cortez / Eduardo Alvarenga

2020-05-29 10:12:38

La desolación por el cordón sanitario instalado en el centro de San Salvador, esconde la necesidad de más de 25 familias que viven en mesones próximos a la Alameda Juan Pablo II y la 2a Avenida Norte, en las cercanías de la alcaldía capitalina.

En mesones instalados en viejas instalaciones de madera y lámina viven al menos ocho mujeres trans comerciantes y trabajadoras sexuales, quienes relatan que desde hace un mes que se instaló la medida de aislamiento en ese sector, han sido víctimas de amenaza por parte de policías, que creen que se mantienen en la zona para ofrecer los servicios sexuales. Se mantienen en las entradas de esos lugares de habitación, a la espera de noticias y de alimentos, aseguran.

Otras son víctimas de los dueños de mesones, para quienes no aplican las medidas dictadas por el Gobierno: evitar el cobro de alquiler y de los servicios básicos, como energía eléctrica y agua. Algunas ya fueron desalojadas de esos pequeños y precarios espacios de vivienda. No hay paga, no hay oportunidad.


No existen en el Centro

Yessica Pérez vive en uno de los mesones de la zona junto a otras dos mujeres trans y dos personas de la tercera edad; una de ellas es su madre a quién cuida desde hace dos meses.

Su casa, que podría definirse como una reliquia, se mantiene en pie a pesar del tiempo. Está hecha con paredes de láminas desteñidas, pintadas con un anuncio de preservativos; por dentro, da la impresión de estar en una cueva, un espacio oscuro y poco ventilado, conformado por un techo deteriorado y cubierto por plástico, el que poco o nada protege de las goteras y las lluvias.

En ese pequeño espacio, el encierro y el calor son insoportables. Para procurar ahuyentar ese tormento, abren las ventanas y la puerta de la fachada, en busca de un poco de ventilación y luz natural. Esto no es bien visto por los policías que vigilan la zona y les piden que se encierren.

“Una patrulla llegó al mesón y los policías nos acusaron de estar ofreciendo nuestros servicios sexuales. Les explicamos que el lugar era encerrado y que acá vivimos, pero uno de ellos nos dijo que si volvía a pasar y nos veía afuera, nos iba a remitir”, asegura Yessica, quien les pidió que más allá de las sospechas, les ayuden a que las donaciones de alimentos lleguen a ese marginado sector de la capital.

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Las afectadas pagan $2 diarios por vivir en esos pequeños espacios. Hasta ahora, la mayoría de ellas ha podido pagarlos con parte de los $300 entregados por el Gobierno, beneficio que lograron al realizar el reclamo a través de organizaciones no gubernamentales.

Sin embargo, no todas pudieron acceder a ese fondo y han sobrevivido con sus pocos ahorros y la solidaridad de sus vecinos. A Yessica no sólo la falta de ingresos le ha hecho difícil sobrellevar este tiempo. A inicios de marzo, su madre, que vivía fuera de San Salvador, fue operada por un glaucoma en un ojo, por lo que se ha encargado de ella y la lleva a controles médicos. Desde entonces, Yessica comparte la cama de su habitación con su madre. A la señora le recetaron varios medicamentos oftálmicos, dos de los cuales no le fueron entregados en la consulta de abril y los tuvieron que comprar por sus medios, con costos de entre los $15 y $25, pero ya se terminaron. Llevan varios días sin aplicarlos.

Las carencias de Yessica y sus vecinos, afectados por el cordón sanitario en la capital, les llevaron a sacar las banderas blancas al final de la semana pasada. Al día siguiente, empleados de la alcaldía de San Salvador les entregaron bolsas de víveres, con lo que aliviaron sus necesidades para algunos días. Pero con poco dinero y el nuevo anuncio de la extensión del Estado de Emergencia Nacional, ellas viven en la congoja, al no tener la certeza de cómo pagarán sus alimentos y el alquiler de sus habitaciones.

Dueños de mesones no aplican medidas del Gobierno

Rocio, una de las vecinas de Yessica en el mesón, relato que desde el 21 de marzo fue desalojada de otro lugar similar en la zona. Ese día, policías les pidieron cerrar cualquier tipo de venta independiente en las calles. En esos días, el Presidente de la República aseguró que nadie podía ser desalojado por no pagar alquiler, y enfatizó que estos deben ser cobrados en los meses posteriores a la emergencia.

Por eso, Rocío preguntó a la administradora del mesón si ella podía aplicar a esa medida. Sin embargo, ese mismo día la dueña del lugar llegó y le pidió las llaves.

“Yo le dije que podía denunciar, pero ella me dijo que como es abogada, lo que pudiera hacer con Derechos Humanos de poco me iba a servir”, recuerda la afectada y comerciante. Durante esa noche le impidieron entrar al lugar y tuvo que pedir resguardo a Yessica para no dormir en la calle. Al día siguiente, tuvo que mudarse al mismo mesón de quien le dio acogida.

Atrapadas por amenazas de pandillas

Al menos dos mujeres trans dedicadas al comercio sexual se mantiene atrapadas en moteles de la zona, y pagan $10 por día. Tienen su hogar en otras partes de la capital, pero las amenazas de pandilleros les impidieron mudarse durante este tiempo de cuarentena domiciliar.

Uno de estos casos es el de Katherine, quien vivía en el norte de San Salvador, pero fue amenazada por pandilleros de esa zona al principio del periodo de emergencia mientras comenzaba a recuperarse de una bacteria estomacal. Esto la obligó a buscar un resguardo en la zona donde solía trabajar.

Ella se dedica al comercio sexual, pero la falta de ingresos la mantiene preocupada, no sabe cómo podrá seguir pagando el cuarto del motel donde se mantienen.

“El pago de la habitación no incluye alimentación, así que con otras parejas en iguales condiciones en ese lugar nos la ingeniamos para que no nos falte alimento”, explica Katherine, mientras lamenta que por estar encerrada, tampoco pudo recibir la ayuda que la alcaldía entregó en la zona.

Yessica, Katherine y Rocío aseguran que son conscientes de la importancia de mantener las medidas sanitarias y de cuarentena para evitar el contagio del COVID-19. Al mismo tiempo, consideran que la situación les aumenta el riesgo como población transgénero, al no ser tomadas en cuenta y discriminadas por su oficio y expresión de género.