El deterioro de las bordas en el río Grande, colocadas en 2019 por la comuna de San Miguel, amenaza inundar nuevamente los caseríos Santa Fidelia, en el cantón El Brazo, y Casa Mota, en la Canoa, según denunciaron los habitantes de esa zona.
Por ello, se hace necesario que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) otorgue los permisos para continuar con las obras de mitigación en la zona e impedir que las tierras ya recuperadas vuelva a anegarse, pero hasta la fecha esa cartera estatal no se ha pronunciado al respecto.
“La gente de las comunidades, y aun la gente que no es de las comunidades pero pasan por la carretera, se benefician con las bordas. Se ha visto cómo se llena la carretera cuando la calle queda inundada. Deben sacar ese montón de botellas y madera que se acumulan en el cauce del río”, expresó Manuel Hernández Pérez, líder y miembro de Protección Comunal.
El encargado de Protección Civil Municipal, Oscar Portillo, agregó que, debido a lo plano del terreno, el material acumulado forma una especie de tapón en diversos puntos a lo largo del tramo del río, lo que obliga a que las aguas se salgan e inunden las comunidades cercanas.
“Se han identificado siete puntos dentro del cauce del río que se formó como especie de isla o remanente de este material (madera y plástico) que obviamente provocó que el río se desviara y rompiera las bordas construidas. Los más críticos están ubicados: tres en el sector de Santa Fidelia y cuatro en Casa Mota, que pertenece al cantón el Brazo”, explicó.
El pasado 14 de octubre de 2019, la Comisión Municipal de Protección Civil envió un oficio al Marn en donde se le solicita se avale la continuidad del proyecto debido a que la autorización otorgada en 2018 tenía vigencia hasta abril del 2019, pero aseguran que a la fecha no han recibido respuesta.
“Ya se tiene una autorización previa, ya se tiene todo un análisis que el ministerio hizo; el escenario es el mismo, las áreas de trabajo son las mismas y se considera que no habrá mayor afectación en el tema de flora y fauna en el sector, lo que solicitamos es tener la parte legal por parte del ministerio”, expuso Portillo.
Para poder solventar la demanda de la población, la Comisión Municipal de Protección Civil solicitó al Juzgado Ambiental de San Miguel que dé lineamientos o autorización para continuar con las obras de mitigación, y de esta forma poder iniciar los trabajos la segunda semana de febrero.
“Ya estamos contra el reloj, el tiempo va avanzando y al iniciar el invierno las tierras son húmedas y por el peso de las maquinarias es demasiado riesgoso que se esté trabajando a las orillas del ríos”, manifestó el encargado de Protección Civil Municipal.
En 2019, la alcaldía migueleña intervino 12.5 kilómetros de río en el sector de lo cantones El Brazo y La Canoa, obra que inició el 18 de febrero de 2019 y finalizó el 5 de abril del mismo año, y para la cual se requirió de la autorización de Medio Ambiente.
No todos apoyan las bordas
La comunidad de Santa Fidelia, que colinda con el caserío El Salto, en el cantón San Pedro de Chirilagua, tiene como división natural el río Grande de San Miguel. Pero en dicho sector, habitantes de la comunidad El Salto manifestaron que no quieren las bordas, debido a que estas no les permitirán cruzar el río por medio de una canoa y salir por el sector de Santa Fidelia, pues si lo hacen por el cantón San Pedro el recorrido es mayor.
“En El Salto hemos gestionado la construcción de una pasarela pero a la fecha no ha sido posible con el MOP, fundaciones y embajada; no se ha podido definir un apoyo directo para intervenir en esa parte. Tenemos que reunirnos con la comunidad y llegar a un acuerdo porque no podemos hacer una obra que ayuda mucho, pero que parte de la comunidad no la valida”, explicó el edil.
Cerca de la ribera del rió en el sector de El Salto se encuentra el Centro Escolar Profesora Olimpia Campos de Márquez. Tanto la directora como habitantes cercanos reconocen que las bordas construidas en el lado de San Miguel son de beneficio, pero temen por su comunidad.
El permiso concedido por el Marn en 2018 para intervenir el río grande, era extensivo para las municipalidades de San Miguel y Chirilagua, pero el alcalde de este último municipio, Antonio Vásquez, consideró que la comunidad El Salto lo que requiere es una pasarela para después pensar en una borda.