La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había dado plazo a la Asamblea hasta el 31 de julio de 2017 para que legislara en el sentido de permitir a los salvadoreños que residen en el exterior y que cumplan con los requisitos constitucionales y legales respectivos para que puedan emitir el sufragio en las elecciones de alcaldes y diputados. En vista de que eso aún no ha sido legislado, la Sala pidió ayer un informe a la Asamblea que explique en qué parte del proceso están y qué han hecho para facilitar lo ordenado en su sentencia emitida en 2016.
La resolución de seguimiento se da también porque la Sala argumenta que se “estatuyó que el cumplimiento podía realizarse de forma progresiva de acuerdo con las capacidades organizativas y financieras de las instituciones implicadas en los procesos electorales, a más tardar para los comicios del año 2021”.
En vista de que la Asamblea aún no ha diseñado los mecanismos pertinentes para que la diáspora salvadoreña pueda hacer uso completo de su derecho constitucional al voto, es que la Sala de lo Constitucional resolvió ayer “que han transcurrido más de dos años desde la emisión de la sentencia sin que se hubieran realizado tales adecuaciones normativas”. Además, afirma que ve “necesario requerir informe a la Asamblea Legislativa, para que exponga con detalle (…) qué acciones normativas e institucionales se han llevado a cabo para darle cumplimiento a dicho pronunciamiento”.
La resolución de seguimiento fue firmada por los magistrados José Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco de Torrento.