Sala de lo Penal ratifica que Saca debe devolver $260 millones al Estado

Los magistrados penalistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) corrigieron el monto de dinero a devolver que les impuso el Tribunal Segundo de Sentencia. A los $300 millones les sumó $347,117 que deberán pagar además los siete condenados.

Por David Marroquín

Dic 27, 2019- 05:00

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) modificó la cantidad de dinero que Elías Antonio Saca y los otros seis exfuncionarios de su gobierno (2004-2009) deberán de devolver al Estado por haber robado $301 millones de las cuentas desde la Presidencia de la República.

En la misma sentencia del Recurso de Casación (revisión) interpuesto por la Fiscalía General, se ratifica las penas mínimas de prisión que Saca y otros cinco condenados negociaron con Fiscalía con la condición de confesar los delitos de peculado y lavado de dinero por los que fueron procesados en el caso conocido como “Destape a la Corrupción”.

También la Sala ratificó los 16 años de cárcel para el exempleado de Casa Presidencial Pablo Gómez, el único que no confesó haber participado en esa trama de corrupción.

Los magistrados señalan en su sentencia que se debe sumar $347,117 a los $300 millones que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador les impuso a Saca y a los otros seis condenados para que paguen de forma solidaria para resarcir los daños al Estado.

El Segundo de Sentencia ordenó que Saca tenía que devolver $260 millones al Estado, pero la Sala de lo Penal le sumó $308,630; es decir, que deberá reintegrar $260,308, 630.

En el caso de Elmer Charlaix, fue condenado por el tribunal a pagar $15 millones, pero la Sala le agregó $17,737; mientras que a los tres exempleados de Casa Presidencial les sumó otras cantidades de dinero. A Francisco Rodríguez Arteaga le impusieron en un principio que debía devolver $7 millones; Pablo Gómez $5 millones y Jorge Herrera, $3 millones. Pero la Sala decidió aumentarles $9,894 a Rodríguez Arteaga; $7,095 a Gómez; y $3,547 a Herrera.

El resto de los $347,117 se les sumaron a los montos que les fueron establecidos para César Funes y Julio Rank.

Con esta sentencia, la Sala de lo Penal anuló la resolución de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador emitida en julio pasado en respuesta al recurso de nulidad de los montos económicos que pidieron los abogados defensores de los siete condenados.

“La única prueba que existe es la pericia y esta no logra determinar la responsabilidad civil de cada quien”, dijo Mario Machado, el abogado que defendió a Saca y a Charlaix.

Agregó en esa ocasión que los montos económicos que les impuso el Segundo de Sentencia a sus defendidos “no son reales”.

En esa oportunidad, la Cámara resolvió que los $301 millones que Saca, Charlaix y los otros cinco exfuncionarios desviaron de Casa Presidencial tenían que ser devueltos, pero solo después de que enfrentaran un proceso civil. Esos montos impuestos a cada uno de los siete condenados por el Segundo de Sentencia, el 21 de noviembre de 2018, quedaron congelados hasta que se agotara el proceso civil correspondiente, según la resolución de la Cámara.

Tras conocer la decisión del tribunal de segunda instancia, los fiscales del caso pusieron un recurso de casación ante la Sala de lo Penal por no estar de acuerdo con lo resuelto por el referido tribunal de segunda instancia en cuanto a las cantidades de dinero que Saca y los otros seis condenados están obligados a devolverle al Estado.

Para poder garantizar que el Estado pueda recuperar parte de los $301 millones que los condenados saquearon de las finanzas estatales, la Fiscalía General les ha intervenido inmuebles, bienes, sociedades mercantiles, frecuencias radiales, y cuentas de ahorro.

Ratifica penas que negociaron con Fiscalía
También la Sala de lo Penal ratificó las penas de prisión que el Tribunal Segundo de Sentencia les impuso luego de que seis de los condenados confesaran haber cometido los delitos de peculado (apropiarse de recursos del Estado) y lavado de dinero.

La Sala confirmó que Saca y Charlaix deberán purgar 10 años de prisión; Francisco Rodríguez Arteaga estará seis años en la cárcel; los exsecretarios de la Juventud y de Comunicaciones, César Funes y Julio Rank, pasarán cinco años y tres años para Jorge Herrera. Al exempleado Pablo Gómez, también le confirmaron la pena de 16 años.

A mediados de agosto de 2018, Saca confesó ante los jueces del Segundo de Sentencia que durante su administración desvió $301 millones de los fondos públicos para enriquecerse él, sus empresas y terceras personas.

“Me aproveché de los escasos controles sobre las dos cuentas que abrió Élmer Charlaix (su secretario privado) para sustraer dinero con el que se pagaba a otras personas”, confesó.

Aseguró que entregaba $100 mil mensuales a empresas de publicidad sin que prestaran servicios y que de ese dinero extraído de Presidencia para pagarles, pedía el 80 % a través de supuestos contratos con sus empresas.

Por ejemplo, dijo que la empresa del expresentador Jorge Hernández recibía $100 mil en servicio de “publicidad” a la Presidencia que nunca se dio. El dinero después era trasladado a las empresas de Saca.

Hernández recibía $10 mil mensuales de salario como su asesor sin ser empleado de la Presidencia, aseguró el exgobernante.

También Charlaix, Funes, Rank, Rodríguez y Herrera admitieron haber participado de los actos de corrupción. Pablo Gómez, fue el único que no se sometió a un proceso abreviado, es decir, no quiso admitir los delitos.

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