La libertad individual de los salvadoreños está en riesgo. Así lo consideran defensores de la democracia e institucionalidad del país, tras el considerado golpe de Estado al que fue sujeta la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y la destitución ilegítima del Fiscal General por la nueva Asamblea Legislativa, con el aval del presidente Bukele.
Federico Hernández, de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARSAL), consideró que el ciudadano de a pie todavía no ha comprendido el riesgo en que se encuentran sus libertades y derechos después del 1 de mayo.
Al respecto, manifestó que, al momento en que la Asamblea, siguiendo una lógica estrictamente política, destituye a los magistrados de la Sala y coloca a unos afines al Ejecutivo, “los ciudadanos hemos quedado a merced de lo que decida el poder político”.
Y, en ese sentido, destacó que “nadie está a salvo. Todos podemos ser víctimas de abusos en nuestros derechos y no habría ninguna instancia que nos protegiera”.
Hernández ejemplificó que podría ocurrir como ha pasado en Nicaragua, que el dinero de las organizaciones que defienden derechos humanos deba pasar por la supervisión del Ejecutivo.
“Si estas organizaciones alegaran que tal cosa es ilegal, la “sala” del régimen diría que este atropello es legal. Entonces la administración Bukele tendría un arma para ahogar económicamente a todas las ong que le critican”, razonó y dijo que dicho ejemplo puede llevarse a otros ámbito: libertades económicas, libertad de expresión, de asociación, de movimiento, etc. “El gobierno podría ir disponiendo de cada ciudadano como mejor le pareciera”, advirtió.
Sin quien defienda los derechos de la ciudadanía
Por su parte, el padre Andreu Oliva, rector de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), espera que los nuevos diputados reconozcan la ilegalidad cometida, ya que de lo contrario la ciudadanía queda totalmente desprotegida “porque han elegido a personas no porque vayan hacer un mejor trabajo, sino para que hagan el trabajo según lo desea y quiera el presidente Nayib Bukele”.
Bajo ese panorama, Oliva expuso que la ciudadanía “no tendría quien defienda sus derechos, ya que los funcionarios que han elegido ilegalmente defenderían el proyecto totalitario y dictatorial del presidente y aceptarían todo lo que quiera hacer el mandatario aún violando derechos constitucionales".
Asimismo, explicó que el Fiscal General ilegítimo estaría para seguir las instrucciones de Bukele y podría incluso arrestar a las personas que el presidente considera “incómodas”.
“El Fiscal podría presentar acusaciones contra cualquier ciudadano aunque no sea grave y entonces ¿a dónde vamos a presentar un habeas corpus cuando se violen derechos fundamentales?”, cuestionó Olivo y agregó “si vamos a la Sala de lo Constitucional que ellos han elegido no va aceptar ninguno de estos reclamos de la ciudadanía”, razonó.
Al respecto, Zayra Navas de Cristosal destacó que lo ocurrido este 1 de mayo es grave para la ciudadanía por varias razones, una de ellas es que no habría control del uso de fondos públicos, “no podemos garantizar si el ejecutivo está usando el dinero del pueblo salvadoreño”.
Asimismo, manifestó que esto es preocupante en la medida en que no continúen las investigaciones sobre actos de corrupción contra funcionarios de Gobierno.
Además, recalcó que a la población deben preocuparle las relaciones internacionales del Estado salvadoreño con otros países “ojalá que esto no nos traiga repercusiones en los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, en el envío de remesas, exportaciones y comercialización de productos que son la base de la economía de nuestro país”.
¿Qué dicen los abogados?
Según los abogados constitucionalistas Enrique Anaya y René Hernández Valiente, la Asamblea ignoró el debido proceso para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
De acuerdo a Hernández Valiente, si bien la Asamblea puede deponer de su cargo a los magistrados no existió una causa justificada ni un proceso sancionatorio como lo establece la Constitución.
“Hay un debido proceso, es un proceso sancionatorio, tendrían que abrir un proceso, acusarlos, darles oportunidad de defensa y después ver si se cumplen los requisitos de la Constitución, que dice se puede hacer por causas previas, pero no existen esas causas previas”, explicó.
Detalló que esta se debió enviar primero a una comisión de la Asamblea para que determinara si existen o no las causas legales, que sería fundamentar y motivar la destitución, que es el último paso del proceso sancionatorio, hasta después de haberlos escuchado y darles la oportunidad de defensa.
Anaya, por su parte, detalló que el artículo 185 de la Constitución autoriza destituir magistrados “por causas específicas previamente establecidas en la ley” y, por supuesto, previo procedimiento legal y esos requisitos no se cumplieron en la primera sesión plenaria que desarrolló la Asamblea tras la toma de posesión de los diputados de la nueva legislatura.