La justicia salvadoreña no se tomó su tiempo para intervenir frente a lo que se denunció y repudió ampliamente como una usurpación de funciones de la Asamblea Legislativa, por parte del gobierno Bukele, al emitir un decreto por ampliaba el estado de emergencia por 30 días más.
El decreto ejecutivo 18, emitido el sábado, fue suspendido ayer por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mientras desarrolla un juicio de inconstitucionalidad sobre el mismo.
“Decrétase medida cautelar en el sentido de que se suspenden inmediata y provisional los efectos del Decreto Ejecutivo n° 18, publicado en el Diario Oficial n° 99, tomo n° 427, de 16 de mayo de 2020”, dice la resolución del máximo tribunal.
Por tanto, “mientras se tramite este proceso de inconstitucionalidad, las autoridades del Órgano Ejecutivo no podrán ejercer ninguna de las atribuciones que dicha normativa establece”, enfatiza la Sala.
Esto significa que “se suspenden los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del aludido Decreto Ejecutivo n° 18”.
La Sala responde así a sendos recursos interpuestos por el Fiscal General, Raúl Melara, y el ciudadano Jonatan Mitchel Sisco Martínez contra la decisión del gobierno Bukele de prorrogar el Estado de Emergencia por medio de un decreto ejecutivo cuando es potestad de la Asamblea Legislativa, que había dejado la discusión del tema para este lunes.
La decisión del Ejecutivo generó reacciones de repudio entre diversos sectores de la sociedad civil porque significa la imposición de disposiciones de hecho de la presidencia que, por lo mismo, son nulas.
El mismo Fiscal declaró que se trataba de una “usurpación de funciones” de parte del gobierno Bukele y presentó un recurso ante la Sala para anularla. En el documento expuso que el Gobierno decretó el Estado de Emergencia Nacional aun y cuando la Asamblea Legislativa estaba habilitada para sesionar, lo equivale a una invasión de funciones de parte del Ejecutivo.
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Según el Fiscal, la adquisición y contratación de insumos para el combate de la pandemia por COVID-19 mediante la utilización de fondos públicos, así como la exención de impuestos a favor de los mismos, solo puede hacerse mediante una ley en sentido formal.
El otro demandante, el ciudadano Jonatan Mitchel Sisco Martínez, denunció que la aprobación del aludido decreto ejecutivo implica una prórroga del Decreto Legislativo n° 593, de manera que su aprobación le corresponde únicamente a la Asamblea Legislativa, “función que fue ejercida por el presidente de la República sin justificación”.
El gobierno ha alegado que necesitaba ampliar la vigencia del estado de emergencia para congelar plazos de pagos bancarios y de otros servicios de los ciudadanos, la suspensión de clases y otras medidas para el confinamiento domiciliar obligatorio, así como poder seguir disponiendo de fondos y haciendo compras directas sin ser frenado por controles que manda la ley en situaciones normales.
Pero la Sala le dice que tiene que elaborar una ley junto a la Asamblea Legislativa, en el espíritu de colaboración que manda la Constitución de la República, es decir, “un esfuerzo mutuo para llevar a cabo las acciones necesarias orientadas a emitir en el menor plazo posible una ley de emergencia que actualice las condiciones en las que la sociedad salvadoreña se encuentra a la fecha frente al combate de la COVID-19”.
El máximo tribunal reconoce que hay que se debe “garantizar los derechos de la población salvadoreña a la salud y a la vida en todas sus dimensiones”.
Al mismo tiempo, le ordena al presidente Bukele que le rinda un informe, en el plazo de diez días hábiles, para que explique por qué emitió el decreto ejecutivo 18. El Fiscal General, Raúl Melara, también debe emitir un informe de por qué considera que es inconstitucional dicho decreto.
Minutos después de emitida la resolución, abogados constitucionalistas reiteraron que el Decreto emitido por el Ejecutivo era ilegal.
El abogado Enrique Anaya, por ejemplo, expresó que la resolución de la Sala, demuestra que cuando existe voluntad, las herramientas jurídicas pueden funcionar. El abogado aplaudió la inmediatez de la Sala en emitir un fallo en menos de 24 horas de presentada la demanda.
“La Sala ha actuado con valentía, con coraje, advierte que es posible que el presidente Bukele invadió competencias que le corresponden a la Asamblea y requiere se pongan de acuerdo para emitir una ley de emergencia que actualice las condiciones en las que la sociedad salvadoreña se encuentra”, explicó el profesional.
Mientras tanto, el abogado constitucionalista Rodolfo González opinó que el tiempo de reacción de la Sala fue muy importante, porque deja claro la competencia de poderes y pone freno a las intenciones del Ejecutivo de sobreponerse a los otros Órganos del Estado.
“Al dejar sin efecto los actos y normas del decreto, el Estado deberá aplicar la ley LACAP en las compras para la emergencia. La Asamblea le dio suficiente tiempo al Ejecutivo para comprar lo necesario para combatir la emergencia”, razonó González, ex magistrado de la Sala.