“En realidad, no hay dos salas, hay una sola, los magistrados electos en el 2018”, dijo Enrique Anaya, abogado constitucionalista al desestimar la supuesta legalidad del nombramiento de cinco abogados para la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por los diputados oficialistas.
Señaló que la legítima Sala de lo Constitucional, en su papel de máximo tribunal constitucionalista, decretó la inconstitucionalidad del decreto legislativo en el que destituyen a los cinco magistrados de la referida Sala.
“Si ese decreto es inconstitucional, por efecto directo el nombramiento de los nuevos magistrados es nulo, es inexistente”, dijo Anaya.
A su juicio, el doctor Óscar Armando Pineda Navas y los cuatro magistrados electos en 2018 siguen en sus cargos jurídicamente.
Aún cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esté tomada por la Policía, los magistrados pueden reunirse en cualquier otro lugar. “Lo importante es que ellos se reúnan y continúen dictando resoluciones. Ellos continúan en funciones”, dijo Anaya.
Agregó que para evitar cualquier confusión, los legítimos magistrados deberían de declarar la nulidad e inexistencia del decreto legislativo del nombramiento de los cinco “magistrados” de la Sala de lo Constitucional.
También los ocho magistrados restantes “no deberían de reunirse con los magistrados ilegales” y seguir instalándose como Corte Plena en otro lugar que no sea la Corte Suprema.
Otra de las ilegalidades cometidas por la nueva Asamblea, según Anaya, es haber elegido al magistrado Óscar López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando él pertenece a otra Sala de la Corte.
“Él todavía es magistrado de otra sala. En el momento que lo nombraron, él era magistrado de otra sala. Para mi, implícitamente, tanto el magistrado López Jerez como la magistrada Elsy Dueñas renunciaron de sus cargos de magistrados al aceptar ser juramentados en otra sala. Es inconstitucional”, dijo Anaya.
López Jerez era magistrado de la Sala de lo Civil y Elsy Dueñas se desempeñaba como magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Aún con la renuncia de Aldo Cáder como magistrado, quedan cuatro magistrados con los que se puede resolver. “Ya hacen quórum suficiente para tomar a decisión de desconocer a los magistrados ilegalmente nombrados”, dijo.
Por su parte, el exmagistrado constitucionalista, René Hernández Valiente sostuvo que existe incertidumbre con respecto a la decisión que tomará el resto de magistrados de la CSJ.
“La Corte no se ha reunido, no ha dicho si apoyarán a la Sala, si reciben a los nuevos magistrados, no han dicho nada, seguimos en la incertidumbre”, dijo Hernández Valiente.
Señaló que aún es difícil saber cómo se resolverá esta crisis, pero “si el resto se pronuncia con los destituidos y declaran inaplicable la resolución, sí se tendría que revertir (la decisión de la Asamblea)”.
Agregó que “como tribunal supremo podrían declarar la inaplicabilidad de todo, incluido los destituidos, pero no sé si lo harán, la solución la tienen ahí en la inaplicabilidad ".
El exprocurador de los Derechos Humanos, David Morales aseguró que existe una Sala de facto, impuesta a la fuerza. “Carecerá de legitimidad constitucional. Se ha dañado gravemente la independencia judicial. Las víctimas y ciudadanía pagarán el precio de este despropósito”, dijo Morales.