La confidencialidad y el secretismo del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) fue supuestamente aprovechado por la estructura criminal del expresidente Elías Antonio Saca para desviar de $9.6 millones de dólares de Casa Presidencial a sus cuentas particulares, según Fiscalía General.
Pero los abogados de cuatro exempleados del OIE han refutado la argumentación del Ministerio Público basados en la ley de creación del OIE.
Los defensores negaron que sus clientes se hayan prestado para el saqueo de fondos de las arcas del estado a cuentas personales de Saca y de su esposa Ana Ligia. La jornada judicial del Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador se concentró ayer en que los abogados expusieran sus argumentos en defensa de los acusados.
La semana anterior, Ana Ligia de Saca, principal acusada por el presunto lavado de $17.3 millones se retractó de confesar su delito, y de acuerdo con el director contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía, German Arriaza, esa ruptura del acuerdo que De Saca logró en la administración del ex Fiscal General Douglas Meléndez, se debe a que se niega a reintegrar esa cantidad de dinero que sustrajo al Estado.
Niegan haber depositado en cuentas de Saca
Ayer, el abogado Manuel Rodríguez, dijo que no es como dice la Fiscalía que las cuentas abiertas por exfuncionarios del OIE fueron para depositar varios cheques que salían desde Capres a cuentas de Saca.
En el caso de su cliente, Julio Roberto Zamora y demás empleados, dijo que a su llegada al Organismo no firmaron contrato laboral ni estuvieron inscritos en el Seguro Social y que las cuentas que se abrieron fueron para recibir el pago de sus salarios, para el pago de seguros de vida y pagos a créditos personales a bancos y todos los servicios públicos.
El profesional manifestó que por la naturaleza de la institución, el manejo de fondos de la OIE no era regulado por el Ministerio de Hacienda ni la Corte de Cuentas.
“Fiscalía ha hecho creer que las 54 cuentas abiertas por mi cliente y otros personeros de la OIE (con más de $2.8 millones) eran producto de peculado (apropiación de los fondos públicos), pero se ha dicho hasta la saciedad que eran para cubrir gastos corrientes”, alega el abogado.
Una sentencia de la Sala de lo Constitucional da potestad de confidencialidad, y “de ahí que cientos de decenas de cheques solo dicen: dirección financiera pago por servicios”, afirmó Rodríguez.
El abogado Oscar Armando Rosales, defensor de la exjefe de Recursos Humanos del OIE, Sonia Guadalupe Morales de Reyes a quien Fiscalía acusa de haber lavado ($5.4 millones) afirmó que en uno de los puntos del peritaje financiero se estableció, “que ni el señor Julio Zamora ni Sonia Guadalupe Morales de Reyes triangularon o depositaron en esas cuentas de Saca y doña Ana Ligia, por lo tanto los elementos de tipo penal que establecen lavado de dinero no se han dado”.
Esos dineros, dijo su abogado fueron utilizados en el pago de salarios del personal de OIE y no fueron a cuentas de Saca y su esposa. Dice que no hubo alguna acreditación personal de incremento de tipo patrimonial de los imputados.
Según Fiscalía, De Saca sabía de la red para saquear fondos públicos, y que involucra a exempleados estatales, de sus empresas y exfuncionarios.