Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y de Transparencia Internacional, capítulo El Salvador, dijo ayer que la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría estar cometiendo delito al exonerar de juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito a funcionarios.
“No le corresponde a la Corte Suprema de Justicia valorar, exonerar a casos de Probidad, como es el caso del señor (Guillermo) Gallegos y otros. Lo que le corresponde al pleno de la Corte Suprema de Justicia es trasladar este caso de Probidad hacia una cámara de lo civil… Pero no tiene esa capacidad de decir exonero”, manifestó Rubio en conferencia de prensa.
El representante de Funde junto a miembros de Acción Ciudadana dijeron que se están presentando “alertas” sobre un debilitamiento en algunas instituciones que tienen que ver con el combate a la corrupción en el país, y por eso dijeron que se hace necesaria la instalación de un organismo internacional que ayude a investigar este flagelo.
Mencionaron el estancamiento de los casos en la oficina de Probidad y las recientes resoluciones de Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre ellas la que exoneró de presunto enriquecimiento ilícito al diputado de GANA, Guillermo Gallegos.
Rubio consideró que la Corte Plena se ha extralimitado en sus funciones porque no está facultada para absolver a nadie, sino solo trasladar el expediente a una cámara de lo civil.
“En nuestros análisis como Transparencia Internacional esto que está haciendo la Corte Suprema de Justicia de valorar los casos de Probidad está fuera posiblemente de sus funciones; es más, con la posibilidad de comisión de delito”, agregó Rubio.